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Colombia vive un enorme déficit de trabajo digno
Por: Dejusticia | octubre 13, 2011
En las próximas semanas se conocerán los resultados de la investigación sobre trabajo digno y decente en Colombia, un proyecto realizado por el Centro de Estudios de Derecho, sJusticia y Sociedad (DeJusticia) para la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.
Semana.com conoció algunas conclusiones del estudio, que comenzó en el 2010 con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid) y MSD Colombia.
El informe ofrece un diagnóstico sobre el empleo digno en Colombia, el país más desigual en Surámerica y según la Cepal, el tercero con mayor desempleo, después de Jamaica y República Dominicana.
Sergio Chaparro Hernández, investigador de DeJusticia y quien participó en el ejercicio investigativo, explica que la tasa de informalidad en Colombia está por encima del promedio de América Latina, lo cual refleja, según el experto, el «enorme» déficit de trabajo digno en el país.
En ese sentido, señala una alta tasa de subempleo, precarios estándares de calidad del trabajo, y por tanto, un bajo número de cotizantes a la seguridad social y el sistema pensional. Por lo anterior, el estudio destaca una alta percepción de inestabilidad del empleo.
El informe subraya además que a pesar de la recuperación económica que ha vivido el país en los últimos años, se ha generado un aumento del subempleo, y agrega que a diferencia de los demás países de América Latina, en Colombia el empleo asalariado ha perdido representatividad. En este punto, Chaparro explica que el porcentaje de los trabajadores asalariados se ha reducido frente al de ocupados, lo cual implica un aumento de los trabajadores por cuenta propia, fenómeno que contrasta con lo que sucede en el resto de la región.
«Aunque las políticas de trabajo presentan un esfuerzo por la formalización del empleo, el crecimiento económico del país no ha logrado generar trabajo digno», reitera.
Y es que el subempleo, entendido como una medida de insatisfacción, se presenta cuando no se perciben los salarios reglamentarios y el empleado trabaja más horas que las dictadas por la ley.»El fenómeno del subempleo es una forma de definir la calidad del empleo en el país», señala el investigador.
En materia laboral, DeJusticia asegura que la cobertura en salud ha aumentado principalmente a través del régimen subsidiado, mientras que la cobertura en pensiones es baja en relación con el resto de la región.»Estar cerca de la cobertura universal por el régimen subsidiado evidencia que las personas no han podido acceder al trabajo formal y que el Estado debe subsidiarles su derecho a la salud», indica Chaparro.
Con respecto a la sindicalización, el informe indica que la tasa se ha reducido con el tiempo, y que los indicadores del diálogo social (registro de nuevos sindicatos, convenciones colectivas, pactos colectivos, y huelgas) se han deteriorado en los últimos años.
De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical, el país registra una de las bajas tasas de sindicalización de la región: el 4 por ciento, lo cual representa la baja cobertura de la negociación colectiva.
Chaparro explica que se registra una correlación estrecha entre la afiliación a los sindicatos y los menores índices de desigualdad, en ese sentido, subraya que una política para reducir la desigualdad es el fortalecimiento del sindicalismo. «En Colombia, el sindicalismo sigue teniendo el concepto hóstil de que es una libertad peligrosa que puede costar la vida».
Entre otros resultados, se destaca que la participación de la remuneración de los trabajadores en el ingreso total presenta un decrecimiento, mientras que proliferan las modalidades de vinculación distintas al contrato de trabajo clásico.
Y es que el estudio insiste en la necesidad de formular políticas públicas para recuperar la formalización del primer empleo como lo pueden ser reformas que ordenen la contratación por contrato clásico, ausente en entidades públicas de salud, cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales y por prestación de servicios.
Cabe recordar que el informe también analiza la situación de los trabajadores familiares, quienes al estar vinculados a una empresa de sus allegados, no cuentan con la remuneración debida.
«No basta con que el Estado establezca una legislación que prohiba esas formas de contratación, se debe diseñar una política de contratación para superar las estructuras ilegales que hoy funcionan», explica el investigador.
En sentido Chaparro recuerda que el trabajo decente debe entenderse dentro de la política macroeconómica del país y que en este marco, el «ministerio encargado de los asuntos del trabajo puede incidir en la formulación de políticas de los otros despachos».
Quiénes enfrentan las condiciones más difíciles de empleo, según la investigación, son los habitantes de las zonas rurales, los jóvenes y las mujeres.
En ese sentido, el informe indica que a pesar de participar del sistema educativo y alcanzar mayores niveles de capacitación, las mujeres tienen salarios más inferiores a los que reciben los hombres.
«La diferencia de género no se explica por factores objetivos sino por el sesgo en la contratación». Por su parte, los jóvenes «tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral ya que el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades del mercado». Chaparro sostiene que cada vez las empresas «requieren mayores niveles de capacitación».
En el estudio se reconoce además que el tema del empleo pudo ganar relevancia debido a las exigencias del gobierno estadounidense, y en ese sentido, cuestiona la ausencia de la voz de los trabajadores informales y desempleados en la discusión.
Trabajo digno y trabajo decente
El estudio plantea diferencias entre ambos conceptos.
Cuando se refiere a trabajo digno hace referencia a las garantías constitucionales como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima, la estabilidad, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, la garantía a la seguridad social, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
Mientras tanto, el trabajo decente corresponde a una definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El concepto está relacionadao con las aspiraciones de los individuos frente a su vida laboral y el deseo de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias.
Tras la investigación, DeJusticia afirma que la necesidad de generar más trabajo decente en el país, a través de nuevas políticas públicas, obedece al compromiso de cumplir normativas internacionales, mejorar la distribución del ingreso, usar el factor humano disponible y reducir la presión sobre la política social y el financiamiento de la seguridad social.
Semana.com habló sobre la investigación con Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.
Semana.com: ¿Cuáles fueron las fuentes de consulta de la investigación?
Diana Margarita Ojeda: Se convocó a los gremios, a los sectores de trabajadores y empleados, y a las instancias académicas y políticas que facilitaran una mirada sobre la percepción del trabajo digno en Colombia. El proyecto se presentará en un libro de 180 páginas, donde se realiza un diagnóstico sobre la situación del trabajo en el país.
Semana.com: ¿Por qué se investigó al país en materia laboral?
D.M.O.: Una de las motivaciones fue un fallo de la Corte Constitucional del año 2009, el C-614, el cual solicita a los estamentos del Estado que se acabe con la figura de la tercerización y las plantas paralelas en las entidades públicas. También pide que se promeva el trabajo formal y que por tanto, se ofrezcan todas las garantías.
Semana.com: ¿Cuáles son las mayores problemáticas que presenta el trabajo en Colombia?
D.M.O.: La precarización del trabajo, el trabajo informal, la discriminación a la mujer y la falta de aportes a la seguridad social de los trabajadores que pertenecen a niveles tercerizados, como temporales o cooperativas de trabajo asociado. Colombia tiene un desempleo superior al 10 por ciento y muchas de las personas que trabajan informamente distan mucho de tener un trabajo en condiciones dignas. Ocupamos un lugar triste en América Latina en materia de desigualdad.
Semana.com: ¿Qué propone la investigación?
D.M.O.: El libro hace un llamado a revisar la legislación en el país y a hacer reformas laborales. Nuestro Código Laboral se quedó corto porque rige sólo para las relaciones privadas de contratos formales y de dependencia, pero dejamos de lado a los trabajos autónomos como el freelance, las cooperativas, y los temporales. Por ejemplo, estas personas no tienen derecho a la asociación y libertad sindical.