20 años de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón
Dejusticia Septiembre 5, 2022
Todos los años, las familias preparan con amor y laboriosidad rituales de memoria para recordar a sus seres queridos. Constantemente tocan las puertas de la justicia ordinaria y de la justicia transicional. | Mariana Escobar
La masacre de Los Guáimaros y El Tapón es la tercera con mayor número de víctimas ocurrida en el departamento de Bolívar, luego de las de El Salado y Macayepo. Aunque las familias no han dejado de exigir sus derechos a la verdad y la justicia, 20 años después aún no existe una sentencia judicial que dé cuenta de quién dio la orden.
La masacre de Los Guáimaros y El Tapón es la tercera con mayor número de víctimas ocurrida en el departamento de Bolívar, luego de las de El Salado y Macayepo. Aunque las familias no han dejado de exigir sus derechos a la verdad y la justicia, 20 años después aún no existe una sentencia judicial que dé cuenta de quién dio la orden.
Esta columna fue emitida en RCN Radio Cartagena. Puede escucharla a continuación.
Este 30 y 31 de agosto se cumplieron 20 años de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón, en el municipio de San Juan Nepomuceno, en la subregión de los Montes de María. Pero también, esta misma semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 08.
El 30 de agosto de 2002 fueron torturados y masacrados siete campesinos en las fincas de Los Guáimaros y El Tapón y, al día siguiente, terminaron con la vida de 8 personas. Ellos eran vecinos y compadres que, motivados por la amistad y la solidaridad al conocer los hechos de la noche anterior, subieron desde la cabecera municipal a las fincas.
Francisco Contreras Lang, Eugenio Mercado, Joaquín Ortega, Sergio Herrera, Manuel Yepes, José Tapia, Danilson Cantillo, Eberto Meléndez, José Contreras Ardila, Rider Ramírez, Rafael Barrios, Manuel Luna, Andrés Romero, Roberto Blanco, y Rafael Santana.
Esos eran sus nombres. Unos eran campesinos; otros, vaqueros; uno más, carpintero; otro, chofer de Jeep y, un par más, comerciantes. Gente buena, trabajadora, solidaria con sus vecinos, como los definen sus familiares y amigos.
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La de Los Guáimaros y El Tapón es la tercera masacre con mayor número de víctimas ocurrida en el departamento de Bolívar, luego de las de El Salado y Macayepo, en El Carmen de Bolívar. Aunque las familias no han dejado de exigir sus derechos a la verdad y la justicia, y han luchado incansablemente contra el olvido, 20 años después aún no existe una sentencia judicial que dé cuenta de quién dio la orden; tampoco existe un proceso institucional de esclarecimiento de la verdad que establezca por qué se dieron estos hechos. En varias oportunidades las familias han manifestado que, incluso, ni siquiera tienen a quién o a quiénes perdonar, por lo que allí también hay truncado un camino hacia a la reconciliación.
Todos los años, las familias preparan con amor y laboriosidad rituales de memoria para recordar a sus seres queridos. Constantemente tocan las puertas de la justicia ordinaria y de la justicia transicional. En relación a esta última, han desarrollado gestiones ante las instituciones de Justicia y Paz y de la Ley de Víctimas. Con el apoyo técnico de Dejusticia, presentaron un informe ante la Comisión de la Verdad y otro ante la JEP.
Precisamente la JEP anunció esta semana la apertura del caso 08, que investigará el entramado criminal en el cual miembros del Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil. En rueda de prensa, la JEP señaló que entre los años 2000 y 2009 se concentra el 51% por de los hechos, y que los crímenes a investigar dentro de este macrocaso serán los homicidios, las masacres, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el despojo, la tortura, la amenaza, la violencia sexual y las detenciones ilegales. Conductas que las diferentes organizaciones de víctimas mencionaron en sus informes. Asimismo, estableció que entre uno de los territorios críticos priorizados para la investigación estará la subregión de los Montes de María, donde se perpetró la masacre de Los Guáimaros y El Tapón.
Este anuncio es una bocanada de esperanza que podría significar el tránsito hacia el esclarecimiento de hechos, por lo que se hace importante recordar que la garantía de los derechos a la verdad y la justicia permiten el reconocimiento del daño. A su vez, el reconocimiento del daño genera una apertura para observar y pensar al otro como igual y con respeto, además de abrir la llave a las garantías de no repetición y a la reconciliación. Esto no es una receta, pero como caribeños y colombianos podríamos acogerlo como un mantra para construir una sociedad que no permita que el pasado se repita.
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Hace 20 años, el 30 y 31 de agosto de 2002, en zona rural de San Juan Nepomuceno, fueron asesinadas 15 personas. Bolívar vivía una de sus masacres más crudas, pero menos conocidas. Tanto, que sus víctimas la han llamado #LaMasacreInvisible. ¿Por qué hoy podría cambiar eso? ? pic.twitter.com/5SY8hRU7yT
— Dejusticia (@Dejusticia) August 30, 2022
