sexual menores

En el plan del ICBF, una de las estrategias clave está dirigida a “transformar las normas sociales y valores que sustentan la ocurrencia de las diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”. | José Méndez, EFE

Con el lanzamiento de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes hay esperanza de que haya un cambio en lo que respecta a la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Con el lanzamiento de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes hay esperanza de que haya un cambio en lo que respecta a la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Pocos crímenes generan tanta indignación social como aquellos cometidos contra niños, especialmente los que son de naturaleza sexual. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, de las 26.065 evaluaciones médicas llevadas a cabo en 2018 por presuntos delitos sexuales, en 22.794 casos (el 87,5%) la víctima fue un menor de catorce años. Más aún, en alrededor la mitad de los casos reportados, el perpetrador era un familiar, y la mayoría de los casos de violencia sexual ocurrieron en el hogar.

El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) define la violencia sexual contra menores de edad como “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”. Pero al abordar este problema, el Gobierno ha implementado de manera reiterada un acercamiento punitivo (p. ej. al proponer la cadena perpetua para delitos sexuales contra menores de edad), una estrategia que a menudo ha utilizado retórica populista, pero que parece no haber tenido un efecto para reducir la violencia sexual contra menores de edad.

El 14 de agosto de 2019, en un cambio marcado en las estrategias del Gobierno, el ICBF lanzó un nuevo plan para combatir la violencia sexual y otros tipos de violencia contra menores de edad, la “Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes”. Este plan, entre otras cosas, busca reducir las tasas de violencia contra menores de edad en un 14,3% para 2022. Para lograr este objetivo, el plan incorpora un acercamiento integral concentrado en la prevención y la respuesta efectiva, y contiene 6 estrategias esenciales. Dentro de estas, la Alianza busca movilizar a la sociedad civil para transformar las normas de qué es aceptable, empoderar a los menores de edad en formas de auto-protección, y reformar y proteger la legislación e instituciones.

Aunque esta ambiciosa propuesta parece tomar un camino en la dirección adecuada para reducir la violencia sexual contra menores de edad en Colombia, aún es demasiado pronto para analizar la efectividad de dicho plan. En cambio, es necesario resaltar algunos de los retos fundamentales para enfrentar la violencia sexual contra menores de edad y dibujar 4 estrategias que serán necesarias para que el plan tenga una implementación exitosa.

 

1. Abordar la brecha de la impunidad al fortalecer las capacidades investigativas:

Una estrategia fundamental para reducir la violencia sexual contra menores de edad es reducir de manera efectiva la brecha de impunidad. Al enfrentar la delincuencia, el Gobierno colombiano ha tendido a optar por incrementar las penas, en vez de enfrentar otras fallas del sistema penal. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes está en curso un proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución para permitir la cadena perpetua para delitos sexuales contra menores de catorce años. Aunque la Alianza no lo menciona, el ICBF ha expresado públicamente su apoyo a dicho proyecto.

Tales medidas punitivas no sólo usan muchos recursos, sino que también omiten abordar problemas sistemáticos en el sistema penal. En efecto, es importante resaltar que existe evidencia que muestra que aumentar las sanciones no reduce las tasas de comisión de delitos. Un prominente estudio muestra que la percepción de certeza del perpetrador de que será capturado, y no la severidad del castigo, es el factor que crea un fuerte efecto disuasor. Por lo tanto, en vez de incrementar las penas de prisión, lo que se requiere es concentrarse en fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía y del sistema judicial.

De hecho, el Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, mencionó acertadamente en una entrevista con El Tiempo que reducir la brecha de impunidad requiere fortalecer los cuerpos investigativos. Por esto, los recursos no deberían concentrarse en incrementar la magnitud de los castigos, sino en asegurar la aplicación de las sanciones existentes y en la investigación de delitos sexuales contra menores de edad.

 

2. Coordinación interinstitucional efectiva:

En su reporte de 2018, Medicina Legal afirmó que el mero conocimiento de los hechos sin una coordinación interinstitucional no permitirá una implementación efectiva de una estrategia contra la violencia sexual. En efecto, la Alianza resalta que uno de los factores claves para la implementación exitosa será la adopción de una sola estrategia por todas las instituciones involucradas, en vez de tener estrategias paralelas diferentes.

En su reporte INSPIRE (Siete estrategias para terminar la violencia contra niños), la Organización Mundial de la Salud resalta la importancia de las acciones multisectoriales y de la coordinación. La existencia de mecanismos de coordinación es especialmente importante en la implementación de políticas a gran escala, tanto en el nivel nacional como en el internacional. En este sentido, las acciones tomadas en desarrollo de la Alianza deberán asegurar la participación y los aportes de una multiplicidad de actores, tales como el Ministerio de Salud, el de Educación, la Fiscalía General de la Nación, y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. En este aspecto, la coordinación interinstitucional es clave.

 

3. Recursos presupuestales y humanos adecuados:

Otro factor crítico para la implementación exitosa de la Alianza es que esta deberá contar con recursos y personal profesional suficiente. Aunque el lanzamiento de la Alianza no menciona presupuesto ni los recursos a su disposición, Juliana Pungiluppi afirmó en una entrevista que se está trabajando actualmente en el presupuesto. Mientras que se publica su presupuesto, es crucial identificar fuentes sostenibles de financiación y apoyo.

Sobre esto, el reporte INSPIRE afirma que la implementación de cualquier plan requiere contar con el personal suficiente, de modo que se eviten cargas excesivas de trabajo, y que este cuente con las capacidades técnicas y profesionales suficientes. Después de todo, “un programa de prevención de la violencia efectivo y con un personal suficiente puede llevar a la implementación de intervenciones que reduzcan la violencia contra los niños”.

 

4. Transformación social:

De todos los retos que enfrenta la Alianza, quizás el más difícil será el de alcanzar la transformación social. En el plan del ICBF, una de las estrategias clave está dirigida a “transformar las normas sociales y valores que sustentan la ocurrencia de las diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”. Según Andrés Casas, experto del Grupo de Normas Sociales de la Universidad de Pensilvania, la violencia contra menores de edad en Colombia parece basarse en roles de género y de cómo las personas creen que deben comportarse. Casas también resalta que la Alianza no tendrá un impacto “si no se empiezan a tener conversaciones más francas sobre la violencia”.

Igualmente, el reporte INSPIRE recuerda la importancia de tres estrategias para eliminar la violencia contra menores de edad:

i) desvincular a las personas de roles de género y normas sociales dañinos.

ii) movilizar a la sociedad y tener programas comunitarios, y

iii) intervenciones de espectadores (bystander interventions).

Actualmente, el Grupo de Normas Sociales de Pensilvania, contratado por el ICBF, adelanta un estudio que pretende identificar los valores y las normas en la sociedad colombiana que llevan a la violencia contra menores de edad. Implementar los resultados de esta investigación será crucial para que la Alianza logre apuntar a las raíces que perpetúan la violencia contra los menores de edad.

Con el lanzamiento de la Alianza, hay esperanza de que haya un cambio en lo que respecta a la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Pero, como siempre, la implementación efectiva de un plan así de ambicioso enfrentará muchos retos. Con estas 4 claves en mente, esperamos que la Alianza tenga más posibilidades de reducir efectivamente estas violencias.

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