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Entregar jeringas a usuarios de drogas – más allá de lo polémico que pueda ser – resulta cada vez más urgente para proteger la salud y los derechos de estas poblaciones.

Entregar jeringas a usuarios de drogas – más allá de lo polémico que pueda ser – resulta cada vez más urgente para proteger la salud y los derechos de estas poblaciones.

La población usuaria de drogas y en particular por vía inyectada está entre las más marginalizadas y estigmatizadas en espacios urbanos. En los márgenes de la sociedad, maltratados por la policía, despreciados por la comunidad, ignorados por los hospitales, aquellos que se inyectan drogas representan para los gobiernos locales un dolor de cabeza. En los años 80 en varias ciudades de Suiza no sabían qué hacer con la problemática, pues enfrentaban un aumento alarmante de las infecciones de VIH, originadas en la práctica de compartir jeringas. La solución que encontraron fue el origen de una revolución: empezaron a repartir jeringas limpias en los puntos de consumo de Berna, Suiza.

Paulatinamente, estas intervenciones se implementaron en países con problemáticas similares. Los profesionales de salud pública y atención social encontraron en los programas de reducción de daños una herramienta para atender a sus poblaciones, sin la exigencia de la abstinencia o la internación en un centro de tratamiento. Atenderlas sin juzgar sus decisiones sobre el consumo, o juzgar que estuvieran habitando la calle. Atenderlas ahí, en su entorno y de acuerdo con sus posibilidades. Las jeringas son una excusa para propiciar encuentros, tender puentes, dar un momento para charlar, establecer redes de protección y apoyo, y establecer rutas hacia otros tipos de atención que pudieran necesitar. La evidencia a favor de los programas de intercambio de jeringas es tan fuerte que en 2012, en su entrega al Comité contra la Tortura, el Enviado Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud rescató que estas intervenciones son costo efectivas, no tienen consecuencias adversas, reducen el contagio de VIH, Hepatitis B y C, y son consistentes con el estándar de los principios de la salud pública. Los usuarios de heroína entonces, están protegidos bajo estos estándares del derecho a la salud.

La revolución de las jeringas aterrizó en Colombia hace 10 años, como respuesta al aumento de consumo de heroína en ocho ciudades del país, y atendió a miles de usuarios todos los días, evitando infecciones de VIH/SIDA y otras enfermedades. También se han hecho las intervenciones en Asia, y se estudió su costo efectividad, constatando que el costo promedio es de 39 USD por año, mientras que el costo de tratamiento al VIH/SIDA es de 2000 USD por año. En Estados Unidos se estima que la provisión de estos servicios le ahorra al gasto en salud entre  $3,000 y $50,000 USD, mientras que el costo por jeringa es de 97 centavos de dólar. A pesar de toda esta evidencia, los servicios son escasos e insuficientes para la cantidad de gente que los necesita. En 2015 los fondos invertidos solo cubrieron el 7% de la necesidad global.

Fuente: Global State of Harm Reduction 2016. Harm Reduction International.

Sumado a la escasez de esfuerzos existentes, los programas de reducción de daños han sufrido una crisis de desfinanciamiento a nivel mundial. En muchos países, estos fueron operados con recursos de cooperación internacional, y al momento que estos recursos se agotan, los usuarios quedan a la deriva, volviendo a las peligrosas prácticas de compartir las jeringas. Según ONUSIDA, Las nuevas infecciones por VIH iban cayendo en la población global y por el contrario, en la población usuaria aumentaron un 33% entre 2011 y 2015. En Puerto Rico, el 50% de las infecciones de VIH tiene su origen en el uso de jeringas contaminadas.

La ola de desfinanciamiento afectó también a Colombia. El 2018 recibió a los usuarios de heroína en Dosquebradas (Colombia) con el mismo abandono. Se trata de un municipio que no alcanza los 200.000 habitantes, ubicado en el centro del país, y tiene uno de los más altos índices de consumo de heroína, incluyendo por vía inyectada, con una población que ronda las mil personas según el estudio nacional de consumo de 2013.

Se anticipaba que ante el retiro de los fondos de cooperación para financiar estos programas, los gobiernos locales asumirían esta intervención de salud pública. Demoras, trabas burocráticas, inercia institucional, entre muchos otros factores predecibles de la administración pública, hicieron que los servicios no empezaran a operar sino hasta febrero de 2018. Pasaron entonces 30 largos días en los que los consumidores de heroína se aferraban a sus jeringas como un tesoro, pues nadie apareció para entregar los kits de inyección higiénica.

Hablé con Lina*, una de las profesionales de apoyo de estos programas, a finales de febrero. Mientras en enero no se hizo nada, en febrero volvieron a montar todo para entregar los kits. Al llegar a los barrios en Dosquebradas, Lina vio con asombro que varios chicos les reconocieron y les pidieron realizar pruebas de VIH generales. “Hemos compartido jeringas todo el tiempo, hagan las pruebas.” Así, el trabajo de años, destinado a reducir los daños y a eliminar el riesgo de contagio de una enfermedad infecciosa, se fue por la borda.

Para Lina y muchas de las personas que trabajan en el campo, esta situación era evitable. Desde el 2017 se sabía que el proyecto tendría que pasar a la Alcaldía y la Gobernación, así que las fallas en el servicio durante el mes de enero de 2018 no fueron otra cosa que una negligencia institucional que pasó desapercibida, porque los consumidores de heroína no despiertan la empatía del público, ni su desatención desata indignación general.

El caso de Colombia no es aislado. En Grecia los programas para usuarios de drogas fueron eliminados durante la crisis financiera, lo que ocasionó casi de inmediato un brote de VIH, que a su vez representaría unos costos en salud muchísimo más altos de lo que hubiera costado mantener en pie la reducción de daños.

Fuente: Harm Reduction – Open Society Foundations

Esta negligencia es inaceptable a la luz del discurso de reforma a las políticas de drogas que Colombia y muchos países han impulsado nacional e internacionalmente. Durante varios años un conjunto importante de países han insistido que el problema de las drogas, en lo que concierne al consumo problemático, debe ser atendido como un asunto de salud pública, y no con represión o castigo.

Los usuarios de heroína, como cualquier ciudadano colombiano, tienen derecho a una atención en salud que garantice su bienestar básico, sin importar los juicios morales sobre las decisiones que hayan tomado. Se trata de una revolución basada en el sentido común: a mayor disponibilidad de programas de kits higiénicos, menor será la tasa de nuevos contagios por VIH. Para un sistema de salud con recursos escasos, esta debiera ser una prioridad.

 

 

*El nombre ha sido cambiado en este blog.

Foto destacada: Andres Rodriguez

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