Abogados sofisticados

En 1974 Marc Galanter escribió un artículo célebre sobre el funcionamiento de la justicia en los Estados Unidos, cuyo título en español podría ser algo así como ¿Por qué los ricos siempre salen ganando? En este texto, Galanter muestra cómo la suerte de un litigio depende menos de los jueces y de las leyes que de los abogados: mientras más ricos y prestigiosos son estos, más fácilmente ganan los pleitos.

Esto conduce a la desalentadora conclusión de que la justicia y los derechos dependen del dinero que se tenga para pagar abogados.

En Colombia pasa lo mismo. Un ejemplo de esto puede verse en la manera como los abogados de Brigard & Urrutia, el segundo bufete más grande y encumbrado del país, negoció la compra de cuarenta mil hectáreas de tierra en el Vichada a nombre del Ingenio Riopaila, según denunció la semana pasada el senador Jorge Robledo. La ley de reforma agraria (160 de 1994) prohíbe adquirir predios baldíos que superen el tamaño de una Unidad Agrícola Familiar, y ello con el fin de democratizar el acceso de los campesinos a la tierra. Para obviar eso, los abogados crearon 27 sociedades que fueron luego cedidas a una sociedad española, la cual, a su turno, le vendió a una sociedad en Luxemburgo, todo ello con el fin, entre otras cosas, de fragmentar la compra y conseguir lo que la ley agraria prohíbe, es decir, obtener la propiedad de un gran latifundio, por medio de la adjudicación de tierra baldía dividida en 27 predios contiguos.

El cerebro de esta operación fue el abogado Francisco Uribe, de la firma Brigard & Urrutia. Al ser entrevistado por periodistas de la W Radio, Uribe se defendió diciendo que lo que hizo no fue una leguleyada, ni un delito, sino una operación legítima que, según sus propias palabras, “los abogados sofisticados hacemos en estos casos”.

Es verdad que los abogados (sofisticados o no), así como los jueces, el Gobierno, el procurador y hasta los ciudadanos, tienen derecho a interpretar la ley; incluso, a interpretarla de la manera que más favorezca sus intereses o sus convicciones. Lo que no pueden es interpretarla de tal manera que se altere su sentido y su razón de ser. Esa es la diferencia entre dos cosas que en Colombia se suelen confundir con mucha facilidad: interpretar la ley y abusar de ella. Cuando Uribe dice que interpretó la ley agraria para comprar un predio de 40.000 hectáreas, fragmentando la propiedad en 27 empresas que pertenecen al mismo dueño, deja la impresión de que su abuso se agrava con su cinismo.

Estamos pues ante dos hechos distintos. Uno es cuando los abogados de las grandes firmas arrollan a los abogados de los campesinos con interpretaciones legítimas de la ley agraria. Para remediar este hecho (denunciado por Galanter desde hace casi cuarenta años) el Estado debe, entre otras cosas, mejorar de manera sustancial la asistencia legal de los campesinos. Y Dos, el otro hecho, que es mucho peor, ocurre cuando los abogados de esas grandes firmas consiguen eso mismo (arrollar a los campesinos) y mucho más que eso, pero por medio del abuso del derecho. Esto no solo es una inmoralidad, como se ha querido presentar, sino una violación de la ley que debería ser sancionada.

Si usted cree que la indefensión de los campesinos del Vichada frente a los abogados “sofisticados” de Bogotá no puede ser peor y que hay que hacer algo para remediar esta situación, lamento decirle que el órgano encargado de sancionar a los abogados que abusan del derecho es, nada más ni nada menos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde dan cátedra sobre abuso del derecho.