Paz, Colombia, JEP

Un grupo de manifestantes sostiene carteles y enciende antorchas durante un plantón a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el pasado 18 de marzo. | Luis Noriega, EFE

Resulta de crucial importancia fortalecer las garantías y mecanismos que permitan una apertura democrática. De lo contario, estaríamos acercándonos cada vez más al borde de un abismo que pondría en grave riesgo lo que se ha logrado hasta el momento con el acuerdo de paz con las FARC.

Resulta de crucial importancia fortalecer las garantías y mecanismos que permitan una apertura democrática. De lo contario, estaríamos acercándonos cada vez más al borde de un abismo que pondría en grave riesgo lo que se ha logrado hasta el momento con el acuerdo de paz con las FARC.

Tal vez uno de los factores más importantes para el éxito de un proceso de paz es la apertura democrática. No puede haber acuerdo ni transición a la paz sin asegurar la participación social y política de sectores de la sociedad que estuvieron históricamente excluidos. En el caso colombiano, aunque el acuerdo final de paz en su punto dos contiene el acuerdo de “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, existen factores que ponen en riesgo el cumplimiento de este punto y, en consecuencia, el tránsito hacia una paz estable y duradera.

Una mirada a otros procesos de paz en el mundo evidencia este riesgo. El profesor Charles T. Call, en su libro “Why Peace Fails: The causes and prevention of civil war recurrence”, identifica patrones causales que explican la recurrencia de un conflicto armado después de la firma de acuerdos de paz, a través de distintas metodologías. Su investigación encuentra que para 13 países analizados que volvieron a la violencia en la etapa de posconflicto, en 11 de éstos (el 73%) la exclusión política fue el factor más determinante para que esto sucediera.

Por otra parte, una investigación realizada por los profesores Caroline Hartzell & Mathew Hoddie evaluó 38 procesos de paz, entre 1945 y 1998, y se encontró que fomentar y asegurar la participación política de los excombatientes reduce la probabilidad de nuevos brotes de violencia.

En el contexto de posacuerdo en Colombia, las garantías de participación política de excombatientes, víctimas y población vulnerable históricamente excluida parecen ser cada vez más débiles.

Primero, las circunscripciones de paz, que fueron acordadas en el acuerdo, nunca se materializaron. El proyecto de reforma constitucional que buscaba abrir 16 curules en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto armado se ha hundido varias veces en el Congreso, con el argumento de que estas curules serán cooptadas por grupos armados ilegales.

Segundo, si bien el partido político Farc surgió en cumplimiento del acuerdo y tiene aseguradas 10 curules en el Congreso durante dos periodos, la participación activa de los militantes del partido se ha visto limitada por la persecución y amenazas que han recibido por parte de grupos paramilitares.

Finalmente, los recursos asignados al punto dos del acuerdo de paz son inferiores e insuficientes frente los contemplados en el Plan Marco de Implementación (PMI). Peor aún, en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la promoción de una mayor participación política en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad recibe únicamente mil millones de pesos. Esto es, el 1,1% de los recursos destinados al componente de “participación política”.

Ahora bien, la participación se encuentra aún más en riesgo, si se tiene en cuenta el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, quienes son los que portan la voz de las víctimas en los espacios de deliberación en las regiones. Según una investigación realizada por Dejusticia, para los años 2016 y 2017, se presentaron al menos 351 asesinatos de líderes, entre quienes se encuentran líderes comunales a favor de la reforma rural y líderes reclamantes de tierras. Si bien, existe evidencia que asocia este fenómeno con la disputa de distintos actores armados por el control de los territorios abandonados por las Farc-Ep, la falta de garantías para la seguridad de estas personas hace que se reduzca considerablemente el número de personas que estén dispuestas a tomarse la palabra en representación de las víctimas y los grupos históricamente excluidos.

La situación debería prender las alarmas del Gobierno si se considera la historia del país. El exterminio de la Unión Patriótica, en la década de los 90, es una clara muestra de cómo la inclusión política sin las garantías institucionales necesarias puede terminar en una tragedia. En el mismo sentido, una investigación académica para Colombia, llevada a cabo por Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas, demuestra que, en la época de accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia, en los municipios en donde ganaba un candidato perteneciente a un partido político tradicionalmente marginado, se presentaban posteriormente aumentos significativos en los niveles de violencia paramilitar como respuesta de facto de las élites políticas y económicas tradicionales.

Por todo lo anterior, resulta de crucial importancia fortalecer las garantías y mecanismos que permitan una apertura democrática. De lo contario, estaríamos acercándonos cada vez más al borde de un abismo que nos llevaría a repetir los mismos errores del pasado y pondría en grave riesgo lo que se ha logrado hasta el momento con el acuerdo de paz con las Farc.

De interés: Acuerdo de paz / FARC / Gobierno / JEP

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