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De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de enero a septiembre de este año, más de 6.000 personas han muerto y otras 15.000 resultaron lesionadas en siniestros viales. | EFE

En los planes y programas de gobierno de los alcaldes electos poco se habla de la inseguridad vial, que se ubica como la segunda causa de muertes violentas en el país y la primera para mujeres, personas mayores y niños.

En los planes y programas de gobierno de los alcaldes electos poco se habla de la inseguridad vial, que se ubica como la segunda causa de muertes violentas en el país y la primera para mujeres, personas mayores y niños.

El frenesí de las elecciones regionales dio, como siempre, miles de temas para hablar. Uno de esos temas que debería estar en el centro del debate es cómo proteger las vidas de la ciudadanía en las vías. Durante los últimos meses, este tema pasó de agache, aun cuando es urgente que desde las alcaldías se implementen estrategias para que los vehículos transiten a velocidades adecuadas que reduzcan la siniestralidad vial. Este fin de año es esencial para apretar a los electos alcaldes sobre temas como este para que sean centrales en su mandato que comienza en enero.

Si hablamos de temas importantes, proteger las vidas de la ciudadanía es uno de ellos. Ya escuchamos numerosos debates sobre obras o problemas de seguridad en municipios y departamentos; sin embargo, poco se habla de la inseguridad vial, que se ubica como la segunda causa de muertes violentas en el país y la primera para mujeres, personas mayores y niños. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de enero a septiembre de este año, más de 6.000 personas han muerto y otras 15.000 resultaron lesionadas en siniestros viales.

Cali, Medellín, Ibagué, Barranquilla y Bucaramanga son las ciudades, además de Bogotá, que mayores cifras de muertes y lesiones por siniestros viales acumulan en 2023. Si se revisan los planes de gobierno de los alcaldes electos —Alejandro Eder, en Cali; Federico Gutiérrez, en Medellín; Johana Aranda, en Ibagué; Alejandro Char, en Barranquilla, y Jaime Beltrán, en Bucaramanga—, ninguno de ellos tiene planes y propuestas concretas sobre la manera de evitar que aumenten estas cifras de muertes y lesiones.


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Uno de los principales factores de siniestralidad es el exceso de velocidad. A mayor velocidad, hay un menor tiempo en el que el conductor de un vehículo puede responder a una eventualidad, como un cambio repentino en las condiciones de la vía o un peatón que se atraviesa. Además, la magnitud del daño que sufren las personas en un siniestro empeora con la velocidad a la que va el vehículo. Por ende, hay mayor probabilidad de que esos eventos tengan un resultado fatal, como la muerte de los implicados si se transita a velocidades muy altas. En Colombia, alrededor del 27 % de los conductores de vehículos en el país violan los límites de velocidad, lo que representa un porcentaje significativo de personas que arriesgan sus vidas y las de personas a su alrededor en las vías cuando van al volante. Para los alcaldes electos, implementar las estrategias que regulan legalmente este problema es urgente.

El año pasado se sancionó la Ley Julián Esteban, conocida por disminuir los límites de velocidad a los 50 kilómetros por hora dentro de ciudades y municipios. Además, entre otros cambios, exige a los gobiernos de las capitales departamentales crear planes de seguridad vial de forma bianual respetando los parámetros de la ley. Un primer paso, obvio pero urgente, es que los alcaldes electos tomen en serio este mandato y amplíen las estrategias de seguridad vial. Durante estos meses previos es importante que se preparen para incluir esta agenda en lo que serán sus planes de desarrollo, que se deben concretar entre enero y marzo del próximo año. Por lo menos, en estos planes debería quedar clara la implementación de herramientas tecnológicas, como las cámaras de fotomultas, para el seguimiento y sanción de infractores de tránsito por velocidad. Estas herramientas no solo apoyan la sanción de personas que exceden los límites, sino que permiten hacer una identificación de lugares donde se burla constantemente la norma. Esta información ayudaría a nutrir los planes de seguridad vial bianuales con mejores proyectos de protección de vidas en las vías.

Reducir la segunda causa de muertes violentas en el país es una de las metas más ambiciosas a las que le deben apuntar los gobiernos locales. Esperemos que, desde ya, estos planes sean pensados para que en enero los alcaldes electos lleguen con proyectos claros que incluyan e implementen de forma seria estrategias sobre este problema en sus planes de gobierno.


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Adenda adicional: ¿Cuándo vamos a contar con verdadera representatividad de mujeres en comicios regionales? Es irrisoria la participación de las mujeres en estas elecciones. Solo fueron electas 6 gobernadoras en los 32 departamentos, y una única alcaldesa en las 32 capitales departamentales.

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