Alegria Fonseca: el lado fememino del derecho ambiental colombiano

Escrita junto a Laura Marcela Martínez, pasante de Dejusticia

Un nombre nunca fue tan bien elegido para una mujer. Alegria Fonseca ha sido una ambientalista incansable, multifacética y crítica, que ha dejado un enorme legado con su activismo y paso por el Congreso de la República. A pesar de esta vida distinguida y notable como legisladora, dice que vivir es estar de vacaciones y es evidente que las ha disfrutado tanto como ha podido. 

Gracias a su labor legislativa, y al apoyo de muchas otras personas interesadas en la protección ambiental, logró la expedición de la Ley 23 de 1973, que otorgó facultades extraordinarias al presidente para expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el primero de su tipo en el continente. Y como sucede hoy con quienes defienden el Acuerdo de Escazú, fue falsamente acusada de atacar el progreso del país y perjudicar a la empresa privada.

Defensora acérrima de los parques nacionales Tayrona, Salamanca y Gorgona, logró su protección a través de su simpatía e impresionante capacidad de utilizar la metáfora para conmover y mostrar la importancia de la conservación de nuestros bosques. En la primera lucha, convenció a un empresario hotelero, de que una afectación o sustracción pequeña del parque Tayrona era tanto como si a él, un hombre guapísimo, le quitaran un ojo. Todas las partes son esenciales para su existencia.

La historia con la Isla Gorgona versa sobre su amistad con los presos que andaban libremente entre la majestuosa biodiversidad de la zona, y con quienes ideó el proyecto de convertir ese lugar en un área protegida. Y aún en este ambiente carcelario que parecería tan hostil, asegura que nunca se sintió víctima del machismo en su ejercicio profesional porque fue tratada como un ser humano, sin miramientos de género u otro tipo que pudieran excluirla.

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Confiesa que se dejó meter un mico en la Ley 31 de 1979, que pretendía realizar una ciudadela industrial en la vía parque Isla Salamanca. Al darse cuenta de su error, convocó la primera manifestación ciudadana para la defensa de la naturaleza de la que haya registro, visitó universidades, habló con los estudiantes, los ciudadanos y, con sus palabras siempre certeras y llenas de buenos argumentos, llenó la Plaza de Bolívar.

En la actualidad,desde su Fundación Alma —que ya cumple 36 años— trabaja con pescadores artesanales. Insiste en la injustificable ausencia de políticas de “aguas”, tierras o de lo que sea que pueda garantizarles una vida digna y la continuidad de sus prácticas tradicionales. Esta forma de aprovechamiento no solo es sostenible sino que tiene un valor único como patrimonio cultural de la Nación, en un país donde se deterioran los ríos a una velocidad infame. Y si las aguas continúan secándose y los peces desapareciendo, estas comunidades anfibias correrán su misma suerte.

Con frustración señala que, el sector ambiental y, particularmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no cumplen con su función constitucional de proteger las riquezas naturales del país. Siente que no hay una política de protección del medioambiente sino únicamente de promoción de proyectos de explotación sin los estándares que nuestra biodiversidad merece. Cuestiona que el desarrollo parece solo referirse a obtener beneficios puramente económicos, y se estimulan actividades altamente conflictivas como el fracking, la explotación minera a gran escala y el turismo en zonas de protección. 

Esta abogada y filósofa, encarna en muchas dimensiones lo que se esperaría de los legisladores. Por ejemplo, que lucharan por un país con menos conflictos y violencia, y más educación y participación ambiental; por mantener la valiosísima diversidad en armonía con las actividades productivas locales y usos tradicionales; y para que las iniciativas privadas se ajusten a las exigencias de cuidado de nuestro entorno megadiverso y pluricultural. Y sobre todo, con más Alegría.