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Viendo en una pantalla al presidente Santos prometiendo acciones “históricas” contra el cambio climático en la ONU, y en otra a su ministro de Ambiente proponiendo desmontar controles vía licencias “exprés”, recordé el discurso sobre las contradicciones colombianas que pronunció García Márquez el día de la entrega del informe de la Misión de Sabios.

Viendo en una pantalla al presidente Santos prometiendo acciones “históricas” contra el cambio climático en la ONU, y en otra a su ministro de Ambiente proponiendo desmontar controles vía licencias “exprés”, recordé el discurso sobre las contradicciones colombianas que pronunció García Márquez el día de la entrega del informe de la Misión de Sabios.

“Amamos a los perros, tapizamos de rosas el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de seis especies animales cada hora del día y de la noche por la devastación criminal de los bosques tropicales, y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los grandes ríos del planeta”, advirtió Gabo en 1994, cuando la frase “cambio climático” acaso significaba viajar entre tierra fría y tierra caliente.

Dos décadas después, la tasa de extinción de animales se ha multiplicado por cinco. Y son historia los bancos de peces del gran río donde Florentino Ariza y Fermina Daza vivieron su amor otoñal.

Pero persisten las contradicciones ambientales, que en el segundo mandato de Santos rasguñan lo esquizofrénico. En las políticas y las normas, el desdoblamiento de la personalidad del Gobierno es evidente. Las licencias ambientales “exprés” contradicen el anuncio de la exministra Luz Helena Sarmiento en 2013, reforzado por las recomendaciones de la OCDE, sobre la necesidad de exigir licencias ambientales durante la fase de exploración de recursos naturales, además de hacerlo en la fase de explotación. Con el decreto de las licencias exprés, el Gobierno desecha la promesa y, de paso, debilita la licencia de explotación. El anuncio de Santos II también contradice el plan de desarrollo de Santos I, porque permitiría otorgar permisos ambientales para proyectos mineros en páramos y humedales. Tampoco deja tiempo para las consultas populares y previas que las cortes le han ordenado respetar.

Más intrigante aún son las contradicciones estructurales, casi existenciales, entre un gobierno con una política de avanzada en materias como la paz, las drogas o la restitución de tierras, y una política energética y ambiental que va en contravía de todas ellas. Me cuesta trabajo creer que Santos y sus asesores técnicos no sean conscientes de que el primer pilar del acuerdo de paz —el de la reforma agraria y la recuperación del campo y la agricultura— es incompatible con una economía basada en la minería, en un país donde hay conflictos sobre el uso del 42% de las tierras, según el IGAC. O que la economía del futuro no es la del carbón y el petróleo, sino la de la innovación y las energías solar y eólica. Y que, en lugar de precipitar las decisiones sobre las licencias ambientales o apresurar la entrada del “fracking”, la prioridad del ministro de Ambiente debería ser sistematizar la información ambiental, levantar mapas profesionales del uso del suelo que tienen los países que otorgan licencias ambientales responsables (y que se toman más tiempo del que prevén las “licencias exprés”) y poner en orden a las CAR, como lo aconsejaron las evaluaciones de la OCDE y Natura.

Estoy por pensar que la esquizofrenia gubernamental es eso, un caso de doble personalidad: entre el Santos de corbata verde, que le habla como estadista a la ONU, y el Santos que le entrega la agenda ambiental al vicepresidente Vargas Lleras, de casco azul, que exige licencias exprés en tono de precandidato. Parece que el ministro de Ambiente, experto en servicio al cliente, ya entendió a cuál de los dos debe dejar satisfecho.

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