Ambiente radicalizado

Para encontrar soluciones informadas y prudentes a las discusiones sobre el agua, la minería o el cambio climático, poco ayudan declaraciones como las de la directora de la Agencia Nacional de Minas (“no podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales”). Mucho menos las descalificaciones personales a quienes sostienen una u otra posición en estos complejos debates.

En un tema esencial para la paz y el posconflicto, hay que comenzar por desarmar el lenguaje y proteger la vida de los ambientalistas y sus contradictores. Hay que rechazar con toda contundencia las amenazas contra críticos del ambientalismo como el columnista Ramiro Bejarano, de la misma forma como hay que repudiar y castigar los asesinatos de 52 defensores del ambiente en la última década, que hacen de Colombia el quinto país más peligroso para el oficio, según Global Witness.

Un acuerdo elemental es dar la discusión con base en evidencia, antes que en acusaciones ad hominem. Concentrarse en el mensaje, antes que en el mensajero. Y darles mayor protagonismo a los científicos, antes que acentuar el predominio de los abogados y analistas sociales.

Cuando se mira con el lente de la evidencia, la expresión “ambientalismo radical” termina siendo una tautología o un oxímoron. Una tautología porque lo radical en Colombia es la realidad del medio ambiente, más que su defensa. Un indicador sintético de la situación es el ránquin mundial de la Universidad de Yale, en el que el país cayó este año al puesto 85 por causa de problemas graves relacionados con el agua, la explotación agrícola, la deforestación, la desprotección de hábitats vulnerables, la pesca incontrolada y las emisiones de carbono. Frente a todo esto, la política ambiental del gobierno Santos ha sido tan débil como la de su antecesor, como lo muestran el escaso presupuesto y la rotación de funcionarios inexpertos en los puestos claves del sistema ambiental.

Pero “ambientalismo radical” también puede ser un oxímoron porque, ante esa grave realidad, son bastante moderadas las peticiones de la gran mayoría de ciudadanos preocupados por el ambiente. De hecho, están bien resumidas en las recomendaciones que hizo la OCDE, el grupo de países desarrollados que difícilmente puede ser tildado de extremista: hay que arrancar por crear un sistema de información transparente sobre temas ambientales, reforzar la capacidad técnica del Ministerio de Ambiente, la ANLA y las CAR, y establecer el requisito de licencias ambientales para la fase de exploración de proyectos (en lugar de volver exprés las que existen sobre la explotación).

Sobre todo, falta crear espacios de diálogo, como lo sugerimos con el Foro Nacional Ambiental y WWF sobre el fracking, o como lo dijo la Corte Constitucional en el fallo C-123/14, que ordena un mecanismo de concertación sobre minería entre el gobierno central y los municipios, que aquel sigue sin cumplir. Para que no se vuelva un diálogo de sordos.

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