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A un año del gobierno Petro, cabía esperar anuncios más osados sobre la estrategia internacional sobre la política de drogas, en diálogo por supuesto con las reformas nacionales. | EFE

Hoy, pleno 2023, resulta decepcionante que la estrategia internacional sea, una vez más, reciclar una estrategia del pasado. De una parte, los aliados para imaginar un mundo después de la prohibición no están en América Latina y sus gobiernos de izquierda, y si Petro genuinamente quiere ir más allá de afirmar el fracaso del modelo, debe entonces buscar por fuera de la región.

Hoy, pleno 2023, resulta decepcionante que la estrategia internacional sea, una vez más, reciclar una estrategia del pasado. De una parte, los aliados para imaginar un mundo después de la prohibición no están en América Latina y sus gobiernos de izquierda, y si Petro genuinamente quiere ir más allá de afirmar el fracaso del modelo, debe entonces buscar por fuera de la región.

Petro ha usado su Presidencia para cuestionar, entre otras cosas, el régimen internacional de prohibición, afirmando que la guerra contra las drogas ha fracasado. Afirmar esto en el 2023 ya no es el tabú que antes era, a medida que más líderes políticos, países y grupos sociales ven en la guerra contra las drogas un experimento absurdo en su diseño, pues las drogas han sido parte de la humanidad siempre y erradicar totalmente su uso es imposible; y costoso en su implementación, reflejado en un conjunto de violaciones a derechos humanos, y desgaste institucional y de recursos.

Así que a un año del gobierno Petro, cabía esperar anuncios más osados sobre la estrategia internacional sobre la política de drogas, en diálogo por supuesto con las reformas nacionales. Persisten muchas dudas: ¿qué posición tomará Colombia frente a los tratados y las tensiones con la regulación?, ¿de qué manera apoyarán el proceso de revisión crítica de la hoja de coca?, ¿cómo reorientar la cooperación internacional en materia de drogas por fuera de los esfuerzos militares y policiales?

A estas preguntas, aún sin respuesta, se le suman varios interrogantes más con ocasión de la alianza con Andrés Manuel López Obrador –AMLO-, presidente de México, para celebrar una cumbre, según reza el anuncio “en la que se profundizarán estrategias más eficaces en la lucha contra las drogas, de la mano de expertos.” Esta cumbre, sabemos, es parte de un plan de Petro y AMLO por crear bloques regionales de consenso sobre política de drogas, pero es altamente improbable que los aliados para derribar la prohibición estén en América Latina, ni tampoco en los gobiernos de izquierda de la región.


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Bolivia es progresista en lo que refiere a la hoja de coca, pero su aproximación frente al uso de drogas es de mano dura. En Perú, entre la crisis política, y la inercia, hay muy poco ambiente para hablar de estos temas y generar consensos regionales. Chile está inmerso en un difícil proceso constitucional, contexto en el que las drogas no tienen un papel prioritario. Uruguay, pionero mundial en la regulación del cannabis, tiene ahora un gobierno desinteresado en esta agenda.

Y está México, el aliado que Petro y Leyva escogieron. López Obrador llegó a la presidencia de México con una campaña que, similar a la de Petro, propuso desmontar la guerra contra las drogas en ese país y avanzar hacia la regulación de las sustancias declaradas ilícitas. La decepción de quienes confiaron que con su presidencia por fin llegaría un cambio al modelo de represión, de reciclar recetas fallidas y de estigmatizar a las personas que usan drogas, ha sido monumental.

AMLO entregó la totalidad de la estrategia sobre drogas a las agencias de seguridad y defensa, intensificó la militarización, y desplegó campañas sobre el uso de drogas plagadas de desinformación y estigma sobre las personas que las usan.

Así que es como mínimo preocupante que Petro, junto con Leyva, vean en AMLO un aliado para promover un debate distinto no solo en la región, sino desde Latinoamérica a la escena global. Si realmente este gobierno está comprometido con cuestionar el modelo de la prohibición, no puede ser con quien, a cinco años de mandato, no solo no cumplió su promesa de regulación del cannabis sino que incluso frenó su proceso legislativo, llenó de nuevo el país de militares, y ha propagado la desinformación y políticas que no están basadas en la evidencia. Tal es el caso, que AMLO ha criticado que se venda la naloxona, el medicamento que revierte la sobredosis de opioides y es un salvavidas en contextos, como el del norte de México, donde el fentanilo empieza a hacer estragos.

Sin embargo, esta alianza no es del todo sorpresiva. Aunque Petro se ha empeñado en cuestionar la prohibición, lo hace aún desde una narrativa que encuentra en el uso de drogas solo dolor, perpetuando en realidad el discurso mismo de la prohibición de que todo uso de drogas es nocivo y problemático, narrativa que hoy sabemos que es errada. En su discurso en la Asamblea General de 2022, por ejemplo, afirmó que “Nosotros (los colombianos) les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas.”

De otra parte, este ejercicio parece más un deja vu que una nueva estrategia internacional. Ya en 2012 Colombia, junto con México y Guatemala, promovieron un proceso internacional para señalar los daños causados por el modelo de prohibición, y el peso desproporcionado que América Latina ha pagado por ello. De ahí se derivó la UNGASS 2016, una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, cuyo documento final, aun en medio de balances algo agridulces, al menos incorporó unos elementos mínimos de derechos humanos en el lenguaje de la política de drogas.

De manera que hoy, pleno 2023, resulta decepcionante que la estrategia internacional sea, una vez más, reciclar una estrategia del pasado. De una parte, los aliados para imaginar un mundo después de la prohibición no están en América Latina y sus gobiernos de izquierda, y si Petro genuinamente quiere ir más allá de afirmar el fracaso del modelo, debe entonces buscar por fuera de la región.

En Suiza llevan años implementando modelos ambiciosos y exitosos de reducción de daños, igual en Canadá, aun en medio de la trágica crisis de los opioides y particularmente el fentanilo. Alemania y República Checa, aun en medio de las limitaciones de los tratados internacionales y de las normas propias de la Unión Europea, mantienen una discusión activa sobre los caminos para regular el cannabis.

Ojalá, como mínimo, la cumbre de septiembre reafirme el compromiso del gobierno de Petro con la nueva política de drogas, y con pasos importantes que debe priorizar como apoyo al proceso del acto legislativo para la regulación del cannabis.

También, que ofrezca detalles de la estrategia internacional, incluyendo el compromiso pendiente, desde el Acuerdo de Paz de 2016, de celebrar una conferencia internacional sobre drogas. Hablar solo del fracaso de la guerra contra las drogas es casi redundante y predecible, ahora es importante pasar a la acción, dándose la oportunidad de aliarse con aquellos que realmente se están tomando en serio pensar un mundo después de la prohibición.

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