Artemisa: Operación anticampesina vestida de verde

Escrita junto a Duván Felipe Sierra, pasante de la Línea de Tierras y Campesinado

En agosto del año pasado el presidente Duque anunció que la campaña Artemisa, estrategia militar promovida por el Gobierno para combatir la deforestación en las zonas de especial interés ambiental, sería en adelante permanente. Pese a los aparentes logros reportados (21.480 hectáreas de bosque recuperadas según datos del Ministerio de Ambiente), esta estrategia ha sido fuertemente controvertida. Distintas voces han denunciado repetidas violaciones de derechos humanos, cuestionado su efectividad y elevado costo. En el marco de esta operación se han dado múltiples capturas contra campesinos, que han habitado estas zonas hace décadas, mientras que los sujetos financiadores detrás del fenómeno de la deforestación y acaparamiento estarían siendo omitidos.

Al revisar las posibilidades que el Estado tiene para combatir el problema de la deforestación y optar por un tratamiento militar y penal en contra de comunidades que hoy habitan los parques nacionales, afirmamos que la Operación Artemisa es una operación que se hace contra el campesinado, que es injusta e innecesaria, pues podría combatirse la deforestación justamente con su ayuda, armonizando la protección ambiental y los derechos campesinos.

Contrario a esto, Artemisa reproduce antiguos patrones de violencia en su contra, bajo un ropaje verde. Para explicarlo, nada mejor que la voz de don Carlos Castaño, líder de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Losada quien de manera generosa compartió con nosotros parte de su historia de vida, recordando cómo llegó a estas zonas de frontera agrícola, y describiendo cómo es la vida campesina en ellas.

Colonización y organización comunitaria

“Cuando fundamos la zona del Tinigua entramos por el río arriba, por el Guayabero con muchas dificultades. Nos echábamos hasta 5 días desde la Macarena hasta Espelda Nuevo (Vereda dentro del Parque Tinigua), al pie de la bocana del Caño Guaduas y ahí nos instalamos, y empezó la gente a coger tierra a lado y lado del río, a fundar la zona del Tinigua, que en realidad no sabíamos que era Tinigua. Cuando llegamos a La Macarena encontramos que en ese territorio ya había una colonización dirigida desde 1970 por el Estado, cuando construyeron una pista aérea. En esa zona nosotros nos instalamos”.

Así cuenta Don Carlos cómo llegó al municipio de La Macarena en el 90, después de salir del oriente antioqueño desplazado por la violencia paramilitar, una historia que se repite entre los habitantes de estas zonas. Antes de llegar al Tinigua pasó por el Eje Cafetero, Valle del Cauca, los Santanderes y Arauca. Años después se mudaría al Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, sin que supiera que su lugar de residencia estaba dentro de un parque, lugar donde reside ahora con su hijo, en la parte alta de Losada-Guayabero.

“Llegamos más o menos unas 80 familias. Porque en ese tiempo se explotaba lo que era el Careicillo, la Ceiba o Ceiba Tolúa, esa zona tenía esa economía de la madera y nosotros veníamos de un territorio donde había habido explotación maderera en Arauca. Ustedes saben que como colono, como campesino, que llega a fundarse a una zona, siempre aprovecha el recurso que hay para uno medio subsistir […].”

“Entonces nos fuimos organizando, haciendo la escuela, la cancha, el camino real y luego las carreteras que construimos las mismas comunidades, porque desafortunadamente la presencia del Estado acá nunca ha habido. Todo lo que hay, ha habido y por haber en estas zonas lo hemos hecho nosotros. Lo hemos construido a fuerza de trabajo mancomunado”.

Esa ausencia de presencia estatal, contada por Don Carlos, ha exigido que las comunidades generen procesos organizativos y mediante el trabajo colectivo han logrado financiar ciertas obras. Un ejemplo de ello es el “aporte de 6.000 pesos por cabeza de ganado para el mejoramiento de las vías por año. Entonces se hacen $5.000 para la inversión de lo que es el mejoramiento de la vía en cada vereda, y $1.000 pesos para obra grande”. Por ejemplo: el puente sobre Guaduas costó 600 millones de pesos, nos dimos a la tarea de construirlo y duramos 3 años produciendo el capital para construirlo y ahí está funcionando hace 5 años”.

Militarización y judicialización

Sobre la relación con el Estado, esta ha sido casi que de manera exclusiva a través de las fuerzas armadas. “Tuvimos que enfrentar el asedio militar por parte de la Fuerza Pública, pues esta región fue estratégica para las Farc”. Así lo cuenta Don Carlos: “La única presencia del Estado ha sido la bota militar, las bombas y las metrallas que nos han caído encima y las arremetidas militares que nos han hecho para asediar lo que ellos llaman el enemigo interno, que ha sido la guerrilla. Ahora quedan otros grupos, pero igual usted sabe que de todas maneras las metodologías no cambian y siempre el campesino es el de poner. Somos los de estar ahí, asediados por las tropas, por las fuerzas militares. Y somos los malos del paseo, porque por estar en zona de conflicto siempre somos estigmatizados. De una u otra manera nos estigmatizan y nos tienen como lo peor. No nos tienen en cuenta sino para el voto y la inversión social no llega”.

Don Carlos cuenta que en 1998, en una visita que realizó el Ministerio de Ambientes y Parques Nacionales Naturales, empezaron a ser perseguidos por vivir dentro de un parque Nacional Naturales “Ellos sabían a plenitud de que la gente estaba en parques y que el Estado había hecho la colonización dirigida a Espelda Nuevo, al Tinigua, y después le crearon el parque encima porque fue el mismo Estado el que creó el parque estando la gente ahí metida. Yo les dije: ‘Vea, necesitamos inversión social para nosotros dejar de tumbar. Vea, nosotros queremos parar esta tala, queremos mejorar nuestras condiciones de vida, queremos vivir de otra manera, queremos vivir del bosque, dejar de talar el bosque y de sembrar coca’. No fuimos escuchados”.

Los asedios militares se han mantenido a lo largo de los últimos años, ya no motivados por la presencia de las Farc, sino por la deforestación que se disparó una vez salió este grupo del territorio. Los parques Tinigua y La Macarena han sido algunos de los focos de este fenómeno. En marzo de 2022 se produjeron dos nuevos operativos en el marco de la Operación Artemisa; el primero en las inmediaciones del Parque Chiribiquete y el segundo en Vista Hermosa, Meta, que dejaron como saldo varias personas desaparecidas, una persona asesinada y varias casas dinamitadas, el mismo tratamiento militar que el campesinado de estas zonas ha conocido durante décadas, primero en el marco de la guerra contrainsurgente en donde el campesinado fue señalado como guerrillero, y posteriormente en el marco de la guerra contra las drogas en donde el campesinado ha sido señalado como narcotraficante.

Cuando preguntamos sobre las intervenciones que se han hecho en el marco de la operación Artemisa, Don Carlos cuenta las implicaciones territoriales de esa operación militar: “en esa zona de Los Picachos han metido orden de captura a la gente, los capturan y cuando ya los capturan les dicen: ‘o se van pa’ la cárcel o pierde el derecho a estar allá’. O sea, no puede estar en el territorio, en su tierra, entonces lo que hacen es un destierro, le hacen un destierro a la persona, y la persona firma para no ser judicializada, quedando desterrados de sus 30-40 años que llevan allí”.

Búsqueda de una solución que no llega

Las tensiones que se presentan entre la protección ambiental y la garantía de los derechos de las comunidades campesinas que habitan parques nacionales no es nueva. Desde hace una década (2012), las propias comunidades plantearon la urgencia de que se generara una política pública que permitiera desarrollar alternativas para el manejo y gestión de la conservación de parques nacionales, iniciativa que logró algunos momentos hito de negociación con el Gobierno nacional. Así quedó establecido por ejemplo en el Acuerdo para la prosperidad 079 del 28 de agosto de 2012, y en la instalación de la Mesa de Concertación Nacional sobre la formulación y ejecución de dicha política en 2014.

Pero fue solo hasta 2019 cuando en el marco de la discusión del PND del Gobierno Duque se logró la inclusión del artículo siete que permite la celebración de acuerdos con población campesina que habite, ocupe o desarrolle actividades relacionadas con la economía campesina en áreas protegidas del Sinap.

Acuerdos que tienen por objeto contribuir a la atención de los conflictos de uso, ocupación y tenencia, y generar alternativas de usos compatibles con los objetivos de conservación del área, en un intento por armonizar los distintos derechos en juego. Pese a esto la Operación Artemisa ha sido la política que se ha impuesto, subutilizando esta herramienta contenida en su propio plan de desarrollo.

Campesinado y conservación

Sobre la presencia de los campesinos en el Parque Picachos Don Carlos cuenta que “actualmente eso de la deforestación ya está muy controlado. Eso ahí ya se ha tomado conciencia, y bueno de todas maneras dijimos ‘no vamos a talar más’. Desde luego uno sabe de que como campesino nadie va a llevarle la remesa a la casa de lo que necesite y por lo tanto tiene que sembrar lo que son los cultivos de pancoger y son 2 hectáreas que se talan por fincario. No son talas inmensas y grandes como las están haciendo acá en el Chiribiquete que desafortunadamente eso sí da pesar”. “Porque desafortunadamente de pronto no son campesinos los que van a talar 800-900 hectáreas sino gente con mucha plata. Eso para mi es condenable porque es como la mente de tierra arrasada y de una persona de esas”.

La preocupación sobre la conservación ha sido permanente en el territorio. Lo fue con la creación de Ascal-G, organización campesina en la región y lo ha seguido siendo con las Zonas de Reserva Campesina: Pato-Balsillas y Losada Guayabero (la primera en proceso de ampliación, y la segunda recientemente negada por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras después de 10 años de trámite). Así como actualmente también preocupa a las comunidades la expansión de proyectos extractivos (exploración y explotación) en la región de la Macarena. “Usted mira la inversión, el petróleo, se va pero a nosotros nos queda un socavón y la contaminación de los acuíferos”.

A manera de conclusión

Hace algunos días entregamos a la Comisión de la Verdad el informe «Guerra contra el campesinado», un trabajo conjunto con 7 organizaciones campesinas y el IEI de la Javeriana. Entre sus recomendaciones quedó plasmada la necesidad de reconocer el aporte de la población campesina a la conservación ambiental.

Existen numerosos estudios que muestran que una buena estrategia de conservación es justamente trabajar con las comunidades locales, dejando de lado aquella receta que establecía que la única forma de conservar ecosistemas fundamentales para la vida es sacando de allí a todos los humanos, en este caso campesinos que llegaron a estos territorios buscando oportunidades de subsistencia y una tierra que los sacara de las dinámicas de la violencia.

Las comunidades campesinas, que habitan estas zonas de frontera agraria, han sido fuertemente estigmatizadas como insurgentes, narcotraficantes y de manera reciente como deforestadores. Bajo este estigma se justifica una vez más la respuesta militar, desechando la posibilidad de adelantar acuerdos que resuelvan el conflicto social y ambiental; de avanzar en procesos de armonización entre la política agraria y la política ambiental y de empezar a reconocer los derechos y la agencia de las comunidades que habitan áreas protegidas y de conservación.

La Operación Artemisa ha servido para incrementar la desconfianza del campesinado frente al Estado, para promover nuevos ciclos de colonización y de apertura de la frontera agrícola, y profundizar el sentimiento de ser ciudadanos de segunda categoría. Don Carlos, su familia, la gente de Ascal-G, y de las comunidades campesinas en parques, insisten en crear otra forma de relacionamiento con el Estado.