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Los países latinoamericanos deben fortalecer tanto sus legislaciones como los mecanismos de acceso a la justicia con el fin de detener el uso del amianto y sustancias similares.

Los países latinoamericanos deben fortalecer tanto sus legislaciones como los mecanismos de acceso a la justicia con el fin de detener el uso del amianto y sustancias similares.

Imagínese que trabaja en un lugar rodeado de micropartículas tan pequeñas que no puede evitar respirarlas. Entran en sus pulmones y otros órganos internos y se adhieren al tejido que los cubre permaneciendo allí durante años, incluso décadas. Imagínese también que esta fibra ha sido descubierta como la causa de varios tipos de cáncer por organismos internacionales, pero usted no sabía nada al respecto. Por otra parte, es probable que estas partículas sean respiradas por su familia ya que se pegan a la ropa. También son respiradas por sus vecinos dada la distancia corta entre sus casas y muy probablemente, por los niños de la escuela pública de su pueblo que se construyó con el mismo material. Éste es el impacto del asbesto. Un material barato utilizado como aislante térmico en techos y paredes, como material de fricción en frenos y zapatos, y en materiales para el sellamiento de tuberías y revestimiento de infraestructura. Asbestos es el nombre genérico de cualquiera de las seis fibras fabricadas bajo este nombre. El crisotilo (del tipo Serpentino), también conocido como amianto blanco, es la fibra más comúnmente utilizada en los Estados Unidos, América Latina y otras regiones del Sur Global. Las otras cinco fibras forman parte del grupo de anfíboles y reciben diferentes denominaciones.

En respuesta a algunos de los argumentos presentados por la industria, según la cual el crisotilo es el menos perjudicial ya que es más pesado para respirar, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el órgano de las Naciones Unidas creado para dirigir las políticas de salud pública en el mundo, ha recogido evidencia científica que muestra que todas las fibras de amianto, incluido el crisotilo, están relacionados con algún tipo de cáncer (por ejemplo cáncer de los pulmones y los ovarios). En particular, se ha demostrado que el crisotilo es la causa principal de “mesothelomia”, una forma de cáncer que afecta a la fina capa de tejido que cubre los pulmones. De hecho, la OMS ha recomendado consistentemente a los estados que prohíban todas las formas de asbesto.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, 60 países del mundo la han prohibido. Dentro de este grupo se encuentran países como Australia, todos los países de la Unión Europea, Turquía, Corea del Sur y algunos países africanos, entre otros. En América Latina, sin embargo, estamos lejos de una regulación integral sobre este asunto. Sólo cuatro países: Argentina (2001), Chile (2000), Uruguay (2002), y Honduras (2004) – tienen prohibido la exploración, uso, importación y exportación de amianto. El siguiente mapa muestra los países en los que se ha prohibido esta fibra.

Source: International Ban Asbestos Secretatriat (IBAS)

Fuente: International Ban Asbestos Secretatriat (IBAS)

 

Dentro de este marco legal muy limitado, ¿cuáles son las opciones para las víctimas del amianto en América Latina?

La primera y probablemente más obvia opción es impulsar el establecimiento de leyes estatales o nacionales que prohíban la producción y el uso del asbesto. Sin embargo, el intenso lobby impulsado por la industria del amianto hace que este escenario sea muy difícil. En Colombia, por ejemplo, desde el año 2007, seis proyectos de ley se han presentado en el Congreso con el fin de prohibir su uso. Ninguno de ellos ha pasado el primer debate y algunos de ellos ni siquiera han sido debatidos una vez. En Brasil, el segundo mayor exportador de amianto en el mundo, algunos estados (Río de Janeiro y São Paulo) han prohibido el uso del amianto, pero aún no ha habido una prohibición nacional. Existen dificultades similares al nivel internacional. También existe un movimiento internacional para promover la inclusión del amianto crisotilo en la lista de productos químicos prohibidos por el Convenio de Rotterdam, pero esta petición  no ha tenido éxito, debido en parte a la presión de la industria.

Si la opción política es tan difícil, apelar al poder judicial podría ser otra opción. Después de todo, el amianto es una amenaza para la salud de las personas, la cual está protegida por un derecho que no sólo ha sido constitucionalmente reconocido, sino que ha sido ampliamente litigado en los países latinoamericanos. Sin embargo, las diferencias en términos de acceso a la justicia entre el Norte y el Sur Global son grandes obstáculos. Aunque se han decidido demandas multimillonarias contra la industria del amianto, donde se les ordea pagar una indemnización a las víctimas, la mayoría de ellas se han decidido en países del Norte Global. En Italia (2012), el Tribunal de Turín ordenó a la multinacional Eternit pagar una indemnización multimillonaria por la muerte de casi 2.000 personas, ya que no se aplicaron las medidas de seguridad necesarias para evitar la contaminación del medio ambiente y la muerte de personas. El Tribunal también condenó a dos presidentes ejecutivos de la multinacional a 16 años de prisión. En España existe una amplia jurisprudencia, tanto en la seguridad social y las jurisdicciones civiles que ordenan a las empresas a pagar una indemnización a las víctimas expuestas a esta sustancia. En los Estados Unidos, el litigio civil en los casos relacionados con el asbesto se hizo popular en los años 80 y todavía está en curso, muchos de ellos ordenando a las compañías pagar grandes compensaciones, así como la descontaminación de lugares y la retirada de asbestos de escuelas y edificios públicos. Algunos tribunales estadounidenses también han presidido procesos penales bajo la Ley de Aire Limpio. Aunque muchas empresas han declarado frecuentemente banca rota para evitar litigios y reducir considerablemente la cantidad de compensación, este es un área donde las reclamaciones civiles han sido relativamente exitosas.

Por el contrario, los países latinoamericanos se encuentran todavía en una etapa muy temprana en el desarrollo de reclamos de responsabilidad civil y penal relacionadas con el amianto. En Chile (2014), un juez laboral ordenó a una empresa a pagar una indemnización por los daños causados a la salud de sus trabajadores por el uso de amianto. En Brasil (2014), una demanda judicial colectiva fue presentada contra Eternit SA exigiendo el pago de dinero y de daños morales para las víctimas del amianto. En Colombia (2016), se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se alega la responsabilidad del Estado colombiano por permitir el uso de asbesto en el país. Sin embargo, no ha habido una decisión final en los dos últimos casos.

 

Source: Joey Gannon Flckr Commons

Fuente: Joey Gannon Flckr Commons

Varias razones podrían explicar la diferencia en términos de acceso a la justicia para las víctimas del amianto entre el Norte Global y el Sur. Por un lado, la falta de regulaciones sanitarias y ambientales en la región hace del litigio un esfuerzo exploratorio para los activistas, que se han visto obligados a participar de esta manera debido a los efectos del amianto en la salud y los recursos naturales. Por otra parte, el derecho civil y el derecho del consumidor en América Latina han estado tradicionalmente dominados por el sector privado y la industria para proteger sus intereses. Los activistas por los derechos de la salud y el medio ambiente ven con desconfianza estas áreas legales, con más frecuencia apoyándose en el derecho constitucional, los derechos humanos, el derecho penal y los litigios internacionales para impulsar una mayor protección estatal.

Los países latinoamericanos deben fortalecer tanto sus legislaciones como los mecanismos de acceso a la justicia, en particular los relacionados con los derechos civiles y de los consumidores, a fin de detener el uso de esta sustancia y sustancias similares. Los activistas y los abogados de la salud y del medio ambiente podrían explorar el derecho civil y los derechos del consumidor como áreas potenciales para la reparación de la víctima por los daños causados ​​por el amianto y otras sustancias nocivas. Sin embargo, sin una regulación clara en este ámbito, ya sea a nivel nacional o internacional, el impacto del litigio puede ser bastante limitado, ya que sus efectos se dirigen sólo a los demandantes del caso. Tanto la defensa como el litigio necesitan trabajar en coordinación para abordar este problema. Es hora de castigar a esta fibra asesina que cada año cobra la vida de más de 100.000 personas en el mundo y hacer que aquellos que se benefician económicamente de su uso paguen las consecuencias de exponer a las personas a riesgos innecesarios.

 

Foto destacada: Allison Giguere Flckr Commons

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