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Aunque el Gobierno y la Fiscalía insistan en que los asesinatos de líderes sociales son casos aislados, las cifras de muertes violentas de líderes (156 en los últimos 14 meses, según la Defensoria del Pueblo) indican lo contrario.

Aunque el Gobierno y la Fiscalía insistan en que los asesinatos de líderes sociales son casos aislados, las cifras de muertes violentas de líderes (156 en los últimos 14 meses, según la Defensoria del Pueblo) indican lo contrario.

Digo esto tras estudiar las bases de datos más completas sobre el tema, además de los informes de la Defensoría. Junto con Valentina Rozo, de Dejusticia, revisamos caso por caso, contrastando los nombres de los líderes con otras fuentes sobre su trabajo y las circunstancias de su muerte. Los resultados, que publicaremos en un artículo en este diario, corroboran y profundizan las conclusiones de la Defensoría. Sí hay sistematicidad en los tipos de colectividades que son blanco frecuente de la violencia: juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas que reclaman la restitución de sus tierras, pueblos indígenas y movimientos antimineros. Hay patrones claros en los lugares donde ocurre la violencia, encabezados por Cauca y Antioquia. Aumentaron los asesinatos por la época que se firmó el acuerdo de paz y uno de los blancos comunes ha sido la izquierda política de Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

Dejo los datos menudos para el artículo. Por ahora planteo una pregunta conceptual que está detrás del debate sobre las cifras: ¿qué se entiende por sistematicidad? Más allá de razones políticas, creo que el Gobierno y la Fiscalía niegan la sistematicidad porque tienen concepciones inadecuadas de lo que ella significa. Una es la del derecho penal clásico, evidente en la declaración del ministro de Defensa: “En Colombia hay 12 mil homicidios en los que se incluyen los de líderes sociales; para esto cada caso debe tener una investigación con un culpable capturado”. Es decir, los asesinatos serían sistemáticos sólo si se prueba en juicio que sus autores son los mismos. Con esto quedan por fuera la mayoría de muertes que nunca tendrán culpable identificado, y también las conexiones informales entre las violencias de grupos como los nuevos paramilitares que no pertenecen a una organización centralizada como lo fueron las Auc.

Para evaluar patrones, la concepción útil es la de las ciencias sociales. A ella apuntó el fiscal cuando dijo que “hay una multicausalidad” en los asesinatos. Pero concluyó erróneamente que, como las causas son varias, “no hay una sistematicidad”. Todos los fenómenos sociales tienen múltiple causas, desde el cáncer de pulmón hasta el cambio climático. Lo cual no significa que no existan patrones ni causas frecuentes, como fumar en el caso del cáncer.

El lenguaje de la sistematicidad es el de la frecuencia y la probabilidad. Lo relevante es detectar patrones y (cuando los datos lo permiten) evaluar si hay una alta probabilidad de que un factor (ej. liderar una junta de acción comunal) esté relacionado con otro (morir asesinado). Es lo que hace la Defensoría al advertir con nombre y apellido que algunos líderes corren riesgo de ser asesinados, advertencias que se han cumplido en varios casos porque el Estado no las atendió.

Si la Defensoría encontró las conexiones hasta el punto de hacer predicciones, ¿por qué no el fiscal y los ministros?

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