glifosato ético

Escuchar los testimonios de las personas que han sufrido fumigaciones con glifosato es escuchar cómo el Estado le hace daño a su población. | Efraín Patiño, EFE

Sin afirmarlo de manera directa, el mensaje del gobierno con respecto a los cultivos de uso ilícito ha estado enmarcado por la lógica del malo conocido.

Sin afirmarlo de manera directa, el mensaje del gobierno con respecto a los cultivos de uso ilícito ha estado enmarcado por la lógica del malo conocido.

Estoy en desacuerdo con la máxima de sabiduría popular colombiana con la que se titula esta columna. Tal vez porque siempre mi familia la usaba cómo excusa para que en una ocasión especial almorzáramos gallina o porque en general es usada para privarse de probar nuevas cosas (lugares, amores, sabores, métodos) por preferir lo que hemos estado acostumbrados, independientemente si resulta beneficioso o no en estos momentos.

Sin afirmarlo de manera directa, el mensaje del gobierno con respecto a los cultivos de uso ilícito ha estado enmarcado por la lógica del malo conocido. Donde la aspersión aérea con glifosato surge como la herramienta estrella para la erradicación, cuyo éxito se encuentra asegurado y resulta impensable no acudir a ella o cuestionar los argumentos que dan fe de sus bondades.

Fruto de este raciocinio, el 30 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Justicia anunció que disponía para comentarios el borrador de decreto para controlar los riesgos para la salud y el medioambiente de la aspersión aérea.

En el marco del seguimiento de la sentencia T-236 de 2017, la que condicionó la reanudación de las aspersiones al cumplimiento de ciertas ordenes, la Corte Constitucional recibió un amplio número de documentos de los cuales dos merecen especial atención, dada su relación con el borrador del decreto.

El primero de ellos fue presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) en febrero de 2019.  El Igac analizó muestras de suelos, en diferentes lugares del país, que habían sido asperjados con glifosato entre el 2003 y el 2014. Usó muestras tomadas antes de la aspersión, 1 día después de la aspersión y 60 días después de la aspersión para valorar los cambios del suelo en torno a variables cómo la respiración, la cantidad de hongos y bacterias, la presencia de fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fosfato.

En todos los casos, existen variaciones leves entre cómo se encontraba el suelo antes de que las avionetas asperjaran con glifosato y 60 días después de la aspersión. Sin embargo, hay un criterio en la cual el Igac afirma que hay una disminución significativa: la presencia de bacterias tipo actinomiceto.

Estas bacterias cumplen una función muy importante, ya que se encargan de descomponer toda la materia orgánica del suelo para facilitar la absorción de nutrientes de todas las plantas que crecen en él. Sin su presencia, la flora bacteriana del suelo se disminuye y todo el ecosistema se ve afectado. En la región donde es más dramática la disminución es en el núcleo Chocó-Valle del Cauca, justamente donde se encuentra Nóvita, lugar donde aconteció el caso que dio lugar a la tutela.

Algunas personas podrían argumentar que en los cultivos lícitos en los que se emplea el glifosato de manera controlada esta situación no acontece. Lo que resulta acertado, ya que otra de las conclusiones del Igac, es que, en los cultivos de coca analizados, como en la mayoría de monocultivos lícitos del país, hay presencia de glifosato, lo que lleva a concluir que la disminución de las bacterias en el suelo es producida únicamente por la aplicación del químico vía aspersión aérea y no en su uso agrícola tradicional.

El siguiente estudio también fue presentado en el 2019 por el Instituto Nacional de Salud (INS), una entidad que cumple un papel importante en el borrador de decreto presentado por el gobierno en diciembre del año pasado. En el documento se describen las quejas por posibles afectaciones en salud que sufrieron las personas entre el 2003 y el 2015 debido a las aspersiones aéreas con glifosato.

Es necesario recalcar que solo se analizan 93 casos, dado que sólo se tuvo en cuenta los procedimientos de queja que se tramitaron ante las alcaldías municipales. Esto deja por fuera a la mayoría de las personas que pudieron haber sufrido las afectaciones, dado que los cultivos de uso ilícito generalmente se encuentran lejos de los cascos urbanos o los cultivadores y cultivadoras temían acudir a organismos estatales porque podían ser judicializados.

El estudio encuentra que existieron afectaciones ante el contacto directo con la sustancia, principalmente dermatológicas (lesiones ampollosas y descamativas) y, para mitigarlas, en caso de que eventualmente se reanuden las aspersiones, se recomienda el retiro de ropas, el baño repetido e inmediato con agua y jabón, la irrigación ocular y la no inducción al vómito.

Además, deja claro que para confirmar de manera adecuada la asociación entre aspersión aérea con glifosato y afectaciones en la salud es necesario adelantar estudios con métodos contrafactuales o probabilísticos de evaluación de riesgo. Recomendación que tiene directa relación con las órdenes 2, 4 y 6 de la sentencia de la Corte Constitucional. Así mismo, reconoce la necesidad de adoptar una ruta de atención integral ante las eventuales afectaciones en salud, similar a la de ataques con ácido.

La falta de difusión de estos estudios de parte del gobierno saca a relucir lo peor de la lógica del malo conocido, en la que se minimizan las falencias y se invisibilizan los problemas en virtud de los supuestos beneficios que conlleva hacer las cosas como siempre se han hecho. En especial, si se tiene en cuenta que dichos documentos fueron producidos por entidades del Estado, con alta especialidad técnica e imparcialidad y que son vitales para el cumplimiento a cabalidad de las órdenes de la Corte.

Por ello, es necesario preguntarse si en la caja de herramientas que pregona el gobierno ya se hicieron los estudios contrafactuales o probabilísticos, si ya encuentra en marcha el fortalecimiento, y en muchos casos la creación, de las redes de atención integral en salud en las regiones con presencia de cultivos de coca, recomendaciones del documento presentado por el INS; o si, la precaución y precisión de la que tanto se habla en las alocuciones públicas tiene en cuenta un mecanismo para no reducir el número de bacterias que permiten el funcionamiento normal de los suelos, tal como se deduce del documento del Igac.

Porque hasta ahora parece que, detrás de estas metáforas y eufemismos, el malo conocido resultará tan malo como siempre.

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