Atrapados por la política

Para empezar, podemos aclarar que este término un poco rimbombante, “politización de la justicia”, se refiere a dos fenómenos distintos. Uno, tiene que ver con la tendencia actual a que los tribunales tomen decisiones sobre los recursos y las cargas sociales que usualmente decidían los congresistas o el gobierno, y que controlen sus decisiones. El otro, tiene que ver con la intromisión de intereses particulares en los debates judiciales que hacen –o por lo menos hacen temer- que las Cortes resuelvan los casos para su propia conveniencia o para favorecer a terceros.

Lo primero no es nuevo. Es una realidad en muchas Cortes alrededor del mundo, que ha favorecido el avance de los derechos de personas y grupos históricamente marginados del debate público, y que ha permitido que los ciudadanos ejerzamos mayor control sobre las decisiones judiciales. Por mencionar dos ejemplos distintos, esta politización contribuyó a que el Estado reconociera su participación en muchos crímenes cometidos por paramilitares, o a que las personas afiliadas al SISBEN accedieran a la misma protección en salud que las personas en el régimen contributivo. También es por ella que hemos visto un gran control ciudadano sobre temas trascendentales como el Marco Jurídico para la Paz.

Si estos son los resultados, una dosis razonable de lo uno y de lo otro no es necesariamente perjudicial. Deberá discutirse hasta qué punto es conveniente que las Cortes tomen decisiones que requieren la discusión de las mayorías, y en qué momento la rendidera de cuentas de los jueces a la opinión pública les hace perder imparcialidad e independencia. Pero, en general, no parece haber razones para temer que esta cara de la política atrape a los jueces.

Lo que definitivamente nadie quiere es que las Altas Cortes tomen decisiones que solo consulten los intereses de los magistrados o de sus allegados. Tampoco quieren tener jueces que se dejen corromper por las promesas de poder y otras prebendas, pues aun cuando estas decisiones favorecieran a algunos, se destruye la legitimidad de la justicia que es la que garantiza la resolución efectiva de las controversias en un Estado como el nuestro. Es la politización en este sentido, y no en el primero, la que todos deberíamos controlar.

Por supuesto, siempre viene a la mente la pendiente reforma a la justicia. Una reflexión profunda sobre la división de las Cortes, las funciones electorales de sus miembros y los requisitos para llegar a la magistratura. Pero, ¿qué tal si hubiera, por ejemplo, un control social y judicial más estricto a usuarios de las Altas Cortes que interponen recursos (nulidades, aclaraciones y todo tipo de términos procesales) que no tienen el propósito de discutir asuntos jurídicos sino abrir resquicios para presentar las razones políticas de la inconformidad con las decisiones?

Tal vez no se trate sólo de criticar las relaciones de la justicia con la política, sino de empezar a usar los caminos de politización que ayudan a que la justicia tome las mejores decisiones y las mantenga.