Audiencia Pública sobre líderes sociales: una oportunidad para garantizar el derecho a defender derechos

Esta columna fue publicada en RCN Radio Cartagena. Puede escucharla acá:

El próximo jueves, 28 de abril, se desarrollará una Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional, que busca evaluar la respuesta del Estado ante la grave situación humanitaria que están atravesando los líderes sociales del país. Lo anterior, ante el incumplimiento del Estado a las medidas protección y seguridad que se encuentran en el Acuerdo Final de Paz, factor primordial que atraviesa la violencia ejercida contra esta población.

De acuerdo a las cifras recopiladas por Indepaz, en el primer trimestre del año 2022, 48 líderes sociales han sido asesinados, y en los últimos cinco años, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 a noviembre de 2021, han ocurrido 1.270 homicidios. Sin embargo, las agresiones no paran allí. Las amenazas, los atentados y las detenciones arbitrarias también se suman a las modalidades con las que se debilitan los liderazgos sociales en el país, constituyendo así un claro panorama de violencia masiva y generalizada contra las personas que defienden derechos humanos en Colombia.

En los informes de las Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo señala al menos ocho situaciones en las que es posible evidenciar que esta violencia ha afectado especialmente a aquellos líderes y lideresas que, por ejemplo: i) denuncian en sus comunidades la presencia de actores armados, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como el expendio de drogas; ii) los que se oponen a la explotación de recursos no renovables, como la minería, y los cambios en el uso del suelo; iii) los que defienden la implementación territorial de los acuerdos de paz, en particular los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); iv) los que impulsan iniciativas para la protección del territorio y el medio ambiente; v) los que promueven los procesos de restitución de tierras y retorno; vi) los que defienden el territorio frente a intereses privados; vii) los que denuncian la corrupción frente a la inversión de recursos públicos; y viii) los que se atreven a participar en política electoral.

Es por ello, que esta Audiencia Pública representa un escenario importante, por un lado, para exponer al país la trascendencia que tienen los líderes sociales en el ejercicio del derecho a defender derechos, pues son hombres y mujeres comunes que creen en la universalidad de los derechos y en la importancia de actuar pacíficamente para defenderlos, así como en la necesidad de trabajar día a día por la paz y por una democracia abierta, participativa y plural.

Y de otro lado, es el momento propicio para resaltar la obligación que tiene el Estado colombiano de garantizar la seguridad de las y los líderes sociales aplicando las medidas de protección que se encuentran en el Acuerdo de Paz, ya que éstas son las que mejor cumplen con el deber del Estado. Tal como lo describieron en la acción de tutela presentada en 2019, un grupo de líderes sociales y diversas organizaciones acompañantes, entre ellas Dejusticia. Pues, lo que ha pasado hasta ahora, es que el gobierno Duque se ha pasado 3 años y medio negándose a cumplir con los instrumentos de protección diseñados en el Acuerdo de Paz, reemplazándolos por su política carente de legitimidad, militarista e ineficaz del Plan de Acción Oportuna (PAO), y ¿Cuáles han sido los resultados? que sigue la matazón de líderes sociales.

Se espera que con esta Audiencia Pública, la Corte tenga un cúmulo de evidencias que permita declarar con urgencia el Estado de Cosas Inconstitucional, el cual servirá para que la Corte tenga la vigilancia directa en el cumplimiento de las órdenes que se emitan para mitigar esta grave afectación de derechos, hará visible ante las instituciones del Estado su obligación de garantizar el derecho a defender derechos, y sobre todo, propiciará que los líderes sociales, a través del diálogo entre la Corte y las organizaciones sociales, puedan participar en la implementación de una política en la que son sus principales beneficiarios.

La emergencia humanitaria que padecen los líderes sociales, sus familias y sus organizaciones no da espera. A ellos el Estado les debe acciones efectivas, concretas y articuladas que protejan su vida e integridad personal; y una verdad judicial que revele responsabilidades y otorgue sanciones ejemplares, porque este es un escenario que nunca ha debido ocurrir.