Bogotá: capital de la diversidad sexual

Pero no todo lo que hizo la izquierda fue tan desastroso ni todo lo
que hizo Peñalosa debe repetirse. Los gobiernos de izquierda, en
coalición con otros partidos, establecieron medidas sin precedentes para
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT)
en Bogotá y este es un patrimonio común que debemos preservar.

La
historia comienza en la campaña presidencial de Luis Eduardo Garzón en
el año 2002. El entonces candidato por el Frente Social y Político
suscribió un acuerdo con organizaciones del movimiento LGBT para apoyar
los derechos de este grupo si llegaba a ser presidente. Lucho perdió la
presidencia, pero dos años después ganó la Alcaldía de Bogotá e inició
el proceso de incorporar estas políticas. Recuerdo que Lucho estaba
obsesionado con que debía territorializarse la política para las
personas LGBT. Él quería que Chapinero fuera el centro de estas acciones
y encargó a Angélica Lozano, como alcaldesa local, de llevarlas a cabo.

Así
inició el primer centro comunitario LGBT de Bogotá: con la voluntad
política de Lucho, unos pequeños fondos de la alcaldía local y el apoyo
de tres organizaciones: Colombia Diversa, Theatron y Profamilia. Esta
invención del activismo con el apoyo del gobierno distrital generó
muchas más políticas públicas para garantizar los derechos LGBT en
Bogotá. De hecho, el Concejo de Bogotá apoyó estas acciones con el
Acuerdo 371 del 2009 que institucionalizó esta política. Esta iniciativa
tuvo apoyos de concejales desde distintas orillas políticas: Carlos
Vicente de Roux, Gilma Jiménez, Carlos Fernando Galán, María Isabel
Nieto, Lariza Pizano, entre otros.

Estas acciones permitieron a la
ciudad tener un marco normativo para llevar adelante las políticas,
funcionarios y recursos públicos. También hay que reconocer que en la
administración de Gustavo Petro se ha fortalecido aún más esta política
por su compromiso político con el tema. De hecho, Bogotá cuenta con dos
centros comunitarios LGBT (Teusaquillo y Mártires) y una casa refugio
para víctimas de la violencia. Tiene además muchas acciones que han
impactado sectores estratégicos como la educación y algunos temas de
convivencia.

Las políticas públicas a favor de las personas LGBT
en Bogotá deben continuar sin importar quien sea electo el próximo
domingo. Los tres candidatos punteros en la campaña (López, Pardo y
Peñalosa) tienen buenas credenciales para continuar con estas políticas y
se esperaría que construyeran sobre lo construido. Peñalosa tuvo un
grave error en la campaña pasada cuando hizo un acuerdo con la Misión
Carismática Internacional, pero hoy ese grupo está con Pacho Santos. Por
el contrario, López y Pardo han sido consistentes defensores de la
diversidad sexual desde sus distintos cargos. Aunque el interés y
prioridad sobre este tema varía según el candidato, los tres (incluyendo
a Peñalosa con su descache) me parecen progresistas en este asunto y
tienen equipos de trabajo que no permitirán el retroceso.

La
siguiente administración debería fortalecer aún más los centros
comunitarios y la casa refugio como ejes de la política pública LGBT,
pero también debería priorizar algunos asuntos que son necesarios para
la ciudad. En primer lugar, establecer un plan de violencia policial
cero, para que ningún policía de Bogotá agreda física ni verbalmente a
las personas LGBT, no se comentan detenciones arbitrarias, ni expulsión
del espacio público y por el contrario sean aliados permanentes cuando
sufran hechos de violencia y discriminación. En segundo lugar, la nueva
administración debería implementar un plan masivo y bien financiado para
hacer de los colegios de Bogotá un ejemplo de convivencia y
reconocimiento de la diversidad sexual. En este aspecto la Secretaría de
Educación ha iniciado un gran trabajo que debe continuar. En tercer
lugar, nuestras calles deberían ser lugares para vivir sin miedo a la
violencia y la discriminación. Como comenté en mi columna anterior la
ciudad es fundamental para las comunidades LGBT y es precisamente Bogotá
es una de esas ciudades dónde las personas LGBT no habitan el espacio
público con tranquilidad y libertad. Finalmente, la nueva administración
podría estimular políticas contra la discriminación en el trabajo –
tanto en las instituciones distritales y en las empresas privadas – y
crear una alianza propositiva con la Cámara de Comercio de Bogotá para
comprometer al sector privado contra la discriminación.

Bogotá
podría ser la capital suramericana de la diversidad sexual y para ello
la próxima administración debe preservar la política LGBT de Bogotá, un
legado del cual la izquierda colombiana puede estar orgullosa.

Para tener información sobre los programas de los candidatos de su ciudad sobre los derechos LGBT puede consultar la campaña Voto por la Igualdad (una iniciativa de Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación y Sentiido).