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Junieles_Columna_Construcción

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Aún no hay sentencias, pero lo que revelan las 77 construcciones levantadas sin licencia y detectadas por las autoridades con posterioridad al colapso, es la omisión del gobierno local en su papel de garante del cumplimiento de estándares de seguridad para las construcciones urbanísticas.

Aún no hay sentencias, pero lo que revelan las 77 construcciones levantadas sin licencia y detectadas por las autoridades con posterioridad al colapso, es la omisión del gobierno local en su papel de garante del cumplimiento de estándares de seguridad para las construcciones urbanísticas.

Una cadena de errores está empeorando la ya trágica situación desencadenada hace nueve meses cuando colapsó el edificio Portal de Blas de Lezo II en Cartagena. Los hechos que causaron la muerte de 21 obreros confirmaron el secreto a voces de la permisividad y manejos irregulares en la oficina de Control Urbano, Planeación y alcaldías locales. Por lo menos en eso han insistido los entes de investigación que señalan la responsabilidad de varios funcionarios en el hecho.

Aún no hay sentencias, pero lo que revelan las 77 construcciones levantadas sin licencia y detectadas por las autoridades con posterioridad al colapso, es la omisión del gobierno local en su papel de garante del cumplimiento de estándares de seguridad para las construcciones urbanísticas. Mientras más pronto lo asuma el Distrito será mas fácil acordar una solución razonable que proteja a las familias afectadas, y comprometa lo menos posible el patrimonio del Distrito.

Reconocer la responsabilidad de la Alcaldía por acción y por omisión no significa ignorar la de los particulares. Según la información oficial, los urbanizadores Quiroz la tienen sobre 16 edificios (273 apartamentos en total) dispersos por la ciudad. Las 108 familias que los habitan, así como todos sus vecinos, han sido puestos en peligro de forma irresponsable,  pero además se comprometió el patrimonio de quienes se endeudaron y sacrificaron ahorros de toda la vida para pagar las viviendas. No debemos olvidar que detrás de cada una de esas familias hay sueños defendiéndose.

Por eso, como ciudad, no podemos evadir responsabilidades, ni tomar decisiones precipitadas, como el desalojo nocturno y sin previo aviso que sorprendió y enfureció a los propietarios, a quienes ofrecieron como única opción trasladarse a un albergue con colchonetas, y ninguna respuesta frente al problema principal. Estamos a tiempo de corregir los errores, o de no aumentarlos.

En este momento urge para el Distrito tener claridad sobre el problema, el presupuesto y el cronograma de obras para reforzar los edificios, evitando una nueva tragedia; si no hay opción inmediata, debe realizar las inversiones necesarias conforme lo plantee la gravedad de cada caso; tener clara la concurrencia de responsabilidades en relación a esos gastos (curadurías, notarías, aseguradoras, entre otros) para presentar de inmediato las acciones de recobro contra esos otros responsables, que permitan recuperar los recursos distritales invertidos; y acompañar a los afectados en la negociación con los bancos para buscar acuerdos sobre las deudas hipotecarias que siguen creciendo.

Pero sobre todo, debe mejorar las comunicaciones explicando a la ciudadanía y los afectados sus decisiones, su estrategia para solucionar esta debacle y asegurarse que no vuelva a ocurrir, ese es el primer paso para recuperar una confianza que lo público no puede seguir perdiendo.

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