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César Rodríguez Garavito

AUNQUE LEJOS DE SER PERFECTA, la reforma a la justicia que cursa en el Congreso trae cambios positivos e importantes que hay que mantener y mejorar.  

César Rodríguez Garavito

AUNQUE LEJOS DE SER PERFECTA, la reforma a la justicia que cursa en el Congreso trae cambios positivos e importantes que hay que mantener y mejorar.  

Para ello, la lección clara que dejó la reforma fallida de 2012 es que hay que proteger esos avances de los micos de todo tipo que probablemente intentarán colgarle en los dos últimos debates en el Congreso. Porque no hay modo más eficaz de hundir una reforma que cargarla con micos de última hora que la hagan inconstitucional o inconveniente.

Propongo entonces que los medios, los académicos, las organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en una justicia independiente y pulcra hagamos un seguimiento minucioso de los cambios que se están proponiendo al proyecto, comenzando por los que vienen en la ponencia para el penúltimo debate, que comenzará el martes en la Cámara de Representantes. Hay que combinar una tarea defensiva (una cacería de micos) con una tarea propositiva, que corrija errores e introduzca mejoras puntuales sin echar al traste lo que se ha avanzado. 

Como el diablo está en los detalles, el análisis y el seguimiento tienen que darse en ese nivel: el del inciso, el parágrafo, los puntos y las comas. Si se hace esa lectura de los cambios al proyecto que se anunciaron ayer y se discutirán el martes, se encuentran cosas buenas y malas.

Entre las buenas está el esfuerzo del Congreso por atender algunas de las críticas fundadas de las cortes, que deberían tener ahora menos reparos a la reforma. Por ejemplo, reduce el poder excesivo que se le daba al nuevo gerente de la Rama Judicial para administrar la carrera judicial; también aclara que la Comisión de Aforados debe respetar el debido proceso al investigar y acusar a los magistrados de las altas cortes por faltas disciplinarias o delitos. 

Otro avance es la eliminación del fuero que se les daba al contralor, el defensor y el procurador para ser juzgados como los magistrados, que no tenía justificación y que, junto con la eliminación del que se le daba al vicepresidente, reduce los privilegios del fuero a sus justas proporciones. 

Lo malo es que el nuevo proyecto atiende algunas críticas de las cortes sin exigirles mayor transparencia y apertura. Por ejemplo, restaura el poder de los magistrados de cortes y tribunales para elegir a sus colegas y a los jueces inferiores, pero elimina el plazo que traía el proyecto para evitar las largas dilaciones y disputas que se han dado en la Corte Suprema y el Consejo de Estado por los nombramientos de nuevos miembros. Refuerza los poderes de los presidentes de las altas cortes para decidir las políticas de la rama a través del Consejo de Gobierno Judicial, pero les cierra esta instancia a voces que en otros países hacen aportes valiosos y evitan que la justicia sea cuestión de roscas o clientelas, como las universidades y otras entidades estatales. Y sigue sin exigir transparencia con los datos sobre la administración de justicia.

La lista es más larga. Hay que leer con lupa las propuestas, agregar otras y cazar micos.

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