Censura, ¿nuevo ingrediente en el debate de bebidas azucaradas?
Dejusticia diciembre 23, 2016
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A través de una tutela ciudadanos buscan que se vuelva a transmitir el comercial de televisión que prohibió la Superintendencia de Industria y Comercio, que exponía los posibles efectos en la salud de estas bebidas.
A través de una tutela ciudadanos buscan que se vuelva a transmitir el comercial de televisión que prohibió la Superintendencia de Industria y Comercio, que exponía los posibles efectos en la salud de estas bebidas.
Durante el pasado agosto estuvo al aire un comercial de televisión de 30 segundos, que advertía que si su dieta estaba conformada por un jugo embotellado de 450 ml al desayuno, un té helado (500 ml) al almuerzo y una gaseosa (600 ml) a la cena, usted estaba consumiendo 33 cucharaditas de azúcar al día. Y esto, advertía el comercial de la asociación Educar Consumidores, podría provocar problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedades del corazón.
El comercial alcanzó a ser emitido 40 veces antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara su retiro del aire. La entidad argumentó que “al parecer” algunas afirmaciones de la pieza publicitaria no contaban “con soporte científico ni médico” para “demostrar la veracidad” de los efectos nocivos que mencionaba. Además estableció que todas las piezas publicitarias sobre el consumo de bebidas azucaradas, que Educar Consumidores pretenda transmitir en medios de comunicación, deberán ser sometidas a “control previo” de la Superintendencia.
Detrás de estas decisiones había una denuncia de Postobón contra Educar Consumidores por “presunta falta de veracidad de la información suministrada en el comercial”. El 9 de agosto la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia recibió la queja de la empresa de gaseosas, y el 7 de septiembre la entidad hizo públicas sus decisiones.
Casi cuatro meses después, el debate sigue encendido. Esta vez, por cuenta de un grupo de consumidores que hacen parte de la Alianza para la Salud Alimentaria (conformada por organizaciones como Dejusticia, la Fundación Colombiana de Obesidad, Pacientes Alto Costo y Red PaPaz), que interpusieron una acción de tutela argumentando que, al ordenar el retiro del comercial, la Superintendencia había vulnerado el derecho al acceso a la información de los consumidores. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá no acogió sus argumentos, los demandantes llevarán sus tesis a una segunda instancia.
Sobre el derecho a la información en debate de impuesto a bebidas azucaradas from Dejusticia on Vimeo.
Los demandantes sostienen que «la ciudadanía se encuentra en una situación de desventaja frente a los mensajes que recibe y que puede emitir, sobre un tema de interés público como es el de los efectos del consumo de bebidas azucaradas en la salud”. También señalan que la instrucción de la Superintendencia de “revisar y autorizar” los contenidos sobre bebidas azucaradas que Educar Consumidores pretenda publicar en los medios de comunicación, «configura un caso de censura previa prohibida expresamente en la Constitución”.
La orden de la Superintendencia es contundente. Incluso señala que en caso de realizar observaciones o ajustes a las piezas publicitarias, el nuevo producto debe someterse otra vez a su aprobación.
La imposición de tal orden no resulta proporcional. Los beneficios de la misma son menores frente a la carga desmesurada que se ejerce sobre la libertad de expresión y sobre el derecho de los consumidores a recibir información”, se lee en la demanda.
Según Diana Vivas, abogada de Educar Consumidores, con estas decisiones no sólo se vulneró su derecho “como persona jurídica a expresar libremente opiniones e ideas, sobre nuestra misión y razón de ser”; sino que también se vulneró “el derecho de las personas en general y de otras organizaciones, a tener información objetiva y veraz sobre temas que afectan su salud”.
Esta tutela llegó en el mismo momento en que se cayó en el Congreso la propuesta de fijar un impuesto a las bebidas azucaradas. Como lo dice César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, “tanto el impuesto como la tutela hacen parte de un debate público esencial de más largo aliento, acerca de cómo deben regularse las bebidas azucaradas y la comida chatarra en general, de forma que se protejan el interés público, el sistema de salud y los derechos a la información y la salud”.
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