Cinco ideas para un giro a la política de drogas colombiana

El miércoles se anunció en el Congreso de la República una coalición parlamentaria que une a 12 congresistas de ocho partidos políticamente diversos (de hecho, casi todos excepto el Centro Democrático y el Mira).

La sorpresa no es la coalición, sino el tema que los convoca: dar un vuelco total a la política de drogas en el país, pasando de la prohibición que vivimos hoy, a un enfoque basado en la salud pública, el desarrollo y los derechos humanos.

El primer paso que anunciaron los congresistas le apuesta a la regulación del uso recreativo de la marihuana, proyecto de ley que presentarán el 20 de julio. Y sorprende, porque pocos temas hay que sean más hostiles a la opinión pública colombiana como el de las drogas ilícitas, con el costo electoral que le puede representar a los congresistas defender lo que para muchos es indefendible o percibido como una apología del delito.

Es una movida audaz y riesgosa.

La regulación de sustancias hoy declaradas ilícitas tiene poco apoyo popular, en gran parte debido a que la prohibición como régimen estricto ha sido efectiva en difundir mentiras y mitos sobre las drogas. Por ejemplo, se desconoce que las sustancias psicoactivas más peligrosas no son la marihuana ni la cocaína, sino una droga legal como el alcohol, según publicaron científicos del Reino Unido en la revista The Lancet.

Asimismo, se desconoce que la gran mayoría del uso de drogas no es problemático, como demuestran las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNODC): solo el 10 por ciento del uso de sustancias ilícitas se torna problemático, el resto es ocasional, como quién toma un par de copas de vino el fin de semana.

Por este y otros motivos defendemos la regulación estricta de las sustancias psicoactivas, para proteger la salud de las personas que usan drogas y eliminar los mercados ilegales que generan violencia y corrupción.

A pesar de defender la regulación, es innegable que la aprobación de medidas como esta es altamente improbable en un país tan conservador como Colombia, preso aún de los fantasmas de la guerra contra las drogas.

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Según la encuesta de Lapop (Proyecto de Opinión Pública de América Latina) para 2016/2017, el 66 por ciento de los encuestados desaprobaron de manera firme el consumo de marihuana en el país. Un modelo de regulación como existe hoy para el alcohol, o como lo han creado para la marihuana en Canadá, Uruguay y 12 jurisdicciones de Estados Unidos, es el modelo ideal. Sin embargo, en el contexto político actual de Colombia, resulta casi imposible.

¿Cómo capitalizar el impulso político del grupo de congresistas alineados en contra de la guerra contra las drogas?

Afortunadamente hay un abanico amplio de posibilidades para que tengamos una política de drogas más humana, menos violadora de derechos, y que reconozca que lo que mal llaman “el flagelo de las drogas” es en realidad el espejo de problemas estructurales como la pobreza, la salud mental, la marginalidad y la exclusión.

A continuación, cinco ideas para la coalición parlamentaria (Estas son propuestas que desde la Coalición “Acciones para el Cambio” estamos impulsando a niveles legislativos y ejecutivos).

Estas cinco propuestas no son tan audaces como la de regular el uso recreativo de la marihuana, pero pueden tener un decisivo impacto positivo en una política que se ha caracterizado por ser irracional y nociva:

1. Promover beneficios carcelarios para personas involucradas con delitos de drogas no violentos.

En Colombia hoy los delitos de drogas no son sujetos a beneficios carcelarios, con contadas excepciones por condiciones de salud o edad. Esto implica que toda persona detenida, así sea por delitos menores y no violentos, es privada de la libertad.

Según un estudio del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD), cada hora se realizan 9 capturas por conductas de drogas en Colombia incluyendo microtráfico y consumo. Sin embargo, el mercado ilegal de drogas se ha, al menos, duplicado desde 1994.

Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas. Por su parte, 5 de cada 10 mujeres hoy encarceladas lo están por delitos no violentos de drogas.

Este mismo estudio demuestra que la aplicación de las leyes de drogas recae en mayor proporción sobre poblaciones pobres y con bajos niveles de escolaridad, que recurren a la venta o tráfico de drogas por la falta de oportunidades laborales y de educación. La gran mayoría estaban empleados en la informalidad, y no tenían niveles educativos más allá del bachillerato.

Todas estas capturas y privaciones de la libertad tienen un efecto insignificante sobre las economías criminales, pero tienen efectos devastadores sobre las personas encarceladas, sus familias y sus posibilidades de reinserción social.

El grupo de congresistas podría tramitar ante el Congreso las reformas correspondientes para aplicar beneficios carcelarios según condiciones socio-económicas y familiares, reduciendo así los impactos negativos de esta adicción punitiva.

2. Promover los programas de reducción de daños

Según el más reciente Estudio Nacional de Consumo (que ya está bastante desactualizado, pues data de 2013), hay una prevalencia nacional de consumo de 3.6 por ciento de la población, que es bastante baja si se compara con el resto de la región.

Dentro de ese universo hay consumidores ocasionales y recreativos, así como consumidores problemáticos y dependientes.

Para el primer grupo, es necesario ampliar y profundizar programas de análisis de sustancias como el de “Échele cabeza cuando se de en la cabeza”, que permite a quien va a consumir saber si efectivamente es la sustancia que le vendieron, o si está adulterada, y así prevenir riesgos y daños.

Hoy operan en algunos festivales musicales, pero es necesario que sea ampliado a más ciudades.

Para el segundo grupo, se debe seguir promoviendo la entrega de material higiénico para el consumo, asegurar la disponibilidad de naloxona para revertir sobredosis por heroína y la posibilidad de habilitar salas de consumo supervisado, medida de salud pública que ha comprobado ser efectiva en disminuir riesgos de salud asociados al consumo, incluyendo sobredosis.

3. Profundizar el desarrollo rural en zonas con cultivos de uso ilícito

El campesinado dedicado a cultivar la coca está en situación de pobreza o pobreza extrema.

En los municipios con más alta presencia de coca, la pobreza alcanza 93 por ciento de la población rural, mientras que la pobreza urbana se acerca al 80 por ciento.

En estos mismos municipios el 65 por ciento de las personas viven con necesidades básicas insatisfechas.

En medio de la precariedad socio-económica, el campesinado colombiano se ha comprometido con la erradicación de los cultivos de coca, y el tránsito a economías lícitas.

Según UNODC, mientras que la resiembra de cultivos de coca es del 35 por ciento cuando se hace erradicación forzada, esa cifra de reincidencia en los cultivos de coca es de solo el 0,6 por ciento cuando las comunidades sustituyen las plantas voluntariamente.

Los mecanismos de erradicación forzada —incluyendo la fumigación aérea con glifosato— tienen poca efectividad en el largo plazo, pero en cambio el desarrollo rural, la formalización de la propiedad rural, y las garantías para vivir en el campo con condiciones dignas, son más efectivos para la eliminación de la coca.

4. Oponerse a cualquier iniciativa que aumente las penas para delitos de drogas o cree nuevos delitos.

Cursan en el Congreso dos proyectos de ley que empeorarían la crisis penitenciaria y carcelaria que llevó a la Corte Constitucional a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles, el PL-060 de 2018 de Seguridad Ciudadana y el PL-232 de 2019 que reforma el Código de Policía.

Estas iniciativas legislativas insisten en usar la privación de la libertad o los medios policivos como únicas herramientas para enfrentar problemas sociales, aumentando las penas de manera irracional, a tal punto que los delitos de drogas pueden tener castigos tan severos como el del acceso carnal violento o el homicidio.

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También proponen endurecer la criminalización administrativa por vía de multas al consumo de drogas, lo que va en contravía de las disposiciones constitucionales.

Desde el Congreso será clave oponerse a estas iniciativas, que son lo que la Corte ha llamado una política criminal reactiva y populista, y genera en la práctica graves violaciones a los derechos humanos sin generar soluciones de fondo a problemas que son eminentemente sociales.

5. Promover los usos alternativos de la hoja de coca

La hoja de coca es una planta usada por pueblos indígenas de manera ritual, medicinal y alimenticia desde hace siglos.

Colombia hizo bien, en su momento, en hacer una reserva a los tratados globales de drogas para salvaguardar la garantía de estos usos. Pero esto es insuficiente, pues las comunidades indígenas hoy están en una especie de marginación en la que se les ha limitado la comercialización de sus productos solo dentro de sus territorios.

Es necesario promover los usos alternativos de la hoja de coca, tal y como lo han promovido en el Cauca dentro de comunidades campesinas que le dijeron no al narcotráfico, pero sí a la coca.

En conclusión, aún cuando sigue siendo ideal la regulación estricta de todas las sustancias psicoactivas, es importante que en el Congreso recuerden que hay maneras para reducir los daños de la prohibición hoy. Esperemos que la motivación en el Congreso se sostenga y encuentre en estas propuestas caminos más efectivos para la política de drogas.