Transición

Al menos desde 2005, con el establecimiento del proceso de justicia y paz, y más recientemente con las enmiendas constitucionales que incorporaron los contenidos del acuerdo de paz, existe una brecha entre las esperanzas del derecho y las realidades de la transición. | Christan Escobar, EFE

Argumentando que es una aplicación retroactiva y prohibida de una nueva jurisprudencia constitucional, el Gobierno se opuso a la decisión del presidente del Senado, Lidio García, de “revivir” la reforma constitucional que creó las circunscripciones esp

Argumentando que es una aplicación retroactiva y prohibida de una nueva jurisprudencia constitucional, el Gobierno se opuso a la decisión del presidente del Senado, Lidio García, de “revivir” la reforma constitucional que creó las circunscripciones esp

Argumentando que es una aplicación retroactiva y prohibida de una nueva jurisprudencia constitucional, el Gobierno se opuso a la decisión del presidente del Senado, Lidio García, de “revivir” la reforma constitucional que creó las circunscripciones especiales de paz. Esta objeción gubernamental carece de cualquier sustento.

Recordemos que esa reforma no es un beneficio para las extintas Farc, sino que busca que nuestra democracia sea un poco más incluyente y plural. Por eso establece que ciertos territorios particularmente afectados por la violencia y la exclusión, en donde incluso votar es difícil, tengan durante dos períodos constitucionales una representación especial: 16 curules en la Cámara (menos del 10 % de la entidad) para víctimas y líderes sociales de esos territorios, sin que puedan ocupar esas curules los partidos políticos, lo cual excluye también a la fuerza alternativa FARC.

Esa reforma fue aprobada en 2017, pues obtuvo la mayoría requerida en ambas cámaras, después de un amplio debate. Sin embargo, el entonces presidente del Senado, Efraín José Cepeda, la archivó argumentando que le había faltado un voto. Pero no fue así: 50 senadores votaron a favor, que era la mayoría absoluta, pues el Senado estaba integrado por 99 senadores. Pero Cepeda dijo que la mayoría absoluta de 99 no era 50 sino 51, con la tesis de que mayoría absoluta es la mitad más uno y que la mitad de 99 es 49,5, que hay que redondear a 50, a lo cual habría que agregar uno y daba 51…

Esa tesis de Cepeda es matemáticamente insostenible, pues implicaría que la mayoría absoluta de tres es… tres, ya que la mitad es 1,5, que redondeamos a dos y le agregamos uno, con lo cual da… tres. Pero además iba contra la jurisprudencia de la Corte Constitucional de ese entonces, que al menos en dos sentencias (SU-225/15 y C-784/14) había señalado que la mayoría absoluta es el número entero inmediatamente superior a la mitad, esto es, 50 frente a 99, como varios lo explicamos en ese momento.

No es cierto, entonces, que revivir esa reforma constitucional sea una aplicación retroactiva de una nueva jurisprudencia, como equivocadamente ha sostenido el consejero presidencial de Paz, pues esa doctrina constitucional ya estaba establecida en 2017, cuando las curules fueron aprobadas. Las decisiones de la Corte de 2018 y 2019, invocadas por el actual presidente del Senado (sentencia C-080/18 y auto 282/19), simplemente reafirman esa jurisprudencia. Lo que sucedió es que el presidente del Senado de 2017 no aceptó esa jurisprudencia, que varios le señalamos, y decidió, de forma inconstitucional, archivar una reforma debidamente aprobada. Como ese archivo en 2017 fue inconstitucional, el actual presidente del Senado tiene razón en revocarlo y pasar esa reforma al presidente para su promulgación.

El presidente Duque tiene otra vez una oportunidad de oro de unir a los colombianos en torno a la paz si, en vez de oponerse a esa decisión del presidente del Senado, la acoge y promulga la reforma constitucional, que por ser de fast track pasaría a revisión automática de la Corte para aclarar cualquier duda jurídica que pudiera subsistir. Ojalá aproveche esta oportunidad para que por fin las víctimas gocen de circunscripciones.

Posdata. Ojalá me equivoque y la Corte Suprema haya acertado al elegir a Francisco Barbosa y que este resulte un buen fiscal general, independiente del Gobierno y que no persiga a sus críticos, sino que oriente la investigación criminal en forma imparcial y competente; pero tengo dudas: como consejero presidencial para los Derechos Humanos estuvo más interesado en proteger al presidente que en los derechos de los ciudadanos y adornó las cifras sobre asesinatos de líderes sociales para mejorar la imagen del Gobierno. Cosas muy graves.

*Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

 

De interés: Acuerdo de paz / Dejusticia / Paz

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