Coca-Cola, bebidas azucaradas, ley de financiamiento

¿No sería mejor que Coca-Cola concentrara sus esfuerzos en innovar con productos más sanos, y formas más honestas de intervenir en debates sobre asuntos de interés público, en lugar de alarmarnos con la idea de demandarnos? | Bethan Abra, Unsplash

El interés privado que tiene esta compañía de que no se afecten sus ganancias hace que la empresa quiera a toda costa evadir un sistema tributario que promocionaría entornos alimentarios más saludables.

El interés privado que tiene esta compañía de que no se afecten sus ganancias hace que la empresa quiera a toda costa evadir un sistema tributario que promocionaría entornos alimentarios más saludables.

La semana pasada resonaron en radio, televisión y periódicos las declaraciones de una alta funcionaria de Coca-Cola FEMSA insinuando que podrían demandar al Estado colombiano si el Congreso aprobaba la nueva propuesta de Ley de Financiamiento. La causa parecería ser el cambio en las “reglas de juego” y el cobro de IVA plurifásico para sus gaseosas (es decir, IVA en todas las etapas de producción y comercialización, no sólo al salir de fábrica, como se hace actualmente). El avispero se alborotó a tal punto que algunos congresistas y medios de comunicación manifestaron que la multinacional estaba pensando en irse del país.

El rumor logró su cometido. Esa noche más de un colombiano se fue a dormir con la incertidumbre de no saber cuánta gente perdería su empleo si la noticia iba en serio, y el gigante de las gaseosas agarra sus maletas y se va o cuánto tendría que pagar el Estado colombiano si pierde la batalla en contra de la multinacional.

Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que una empresa extranjera utiliza tácticas de intimidación como respuesta a diferentes intentos regulatorios por parte del Estado colombiano. Hace poco salieron a la luz correos electrónicos de funcionarios de la multinacional farmacéutica Pfizer, que intentaba bloquear el acceso de Colombia a la OCDE, entre otras cosas, por las políticas regulatorias del Ministerio de Salud. Antes de eso fueron multinacionales extractivas quienes amenazaron con demandar al Estado colombiano por no permitirles explotar minerales en zonas de importancia ecológica. A la tabacalera Philip Morris International se le ocurrió demandar a la alcaldía de Popayán por una medida que prohibía la venta de tabaco cerca de las escuelas. Y la tapa de la olla: Odebrecht, en medio de los innumerables escándalos de corrupción que la rodean, demandó al Estado colombiano por las irregularidades relacionadas al contrato de la Ruta del Sol.

Estos casos —y el de Coca-Cola— tienen una característica común: estas multinacionales se oponen a regulaciones estatales que intentan proteger bienes y valores importantes como los recursos naturales, la garantía del derecho a la salud y la alimentación de sus ciudadanos o la prevención y sanción de la corrupción; es decir, cosas de las que esas multinacionales disfrutan en sus países de origen y respaldan de manera pública.

Más allá del debate sobre si el Estado debería ser más cuidadoso o no cuando firma estos acuerdos y promete el congelamiento de las condiciones jurídicas, es bueno detenerse y pensar por qué este tipo de reacciones se han vuelto una especie de modus operandi por parte de las industrias y cuál es el daño que este pánico a las demandas puede causarle a cualquier debate democrático.

Aquí hay varios puntos: en principio, las empresas son astutas al utilizar esta especie de amenazas para evadir debates sobre asuntos de interés público. Saben que cuando el Estado se amedrenta, suele retroceder y terminan imponiendo a los Estados, en este caso al colombiano, agendas basadas en intereses económicos particulares en lugar de agendas acordes con la protección de derechos humanos e intereses colectivos.

En el caso de Coca-Cola FEMSA el interés privado que tiene la compañía de que no se afecten sus ganancias, que no termina siendo tan cierto, hace que la empresa quiera a toda costa evadir un sistema tributario que promocionaría entornos alimentarios más saludables.

Lo que dice la experiencia es que no es la primera vez que Coca-Cola FEMSA juega a la intimidación. Lo ha hecho en Argentina y Brasil, de donde nunca se fueron. Pero lo más interesante es que mientras sus directivos afirman que el impuesto a las bebidas azucaradas los llevará a la quiebra, en su Informe Anual del 2016 aseguran que por ejemplo en México, uno de los países donde se ha implementado el impuesto, si bien el volumen de ventas disminuyó en el primer año de la medida, en el segundo se recuperaron sin complicaciones. Todo esto lo lograron activando su capacidad de investigación e innovación para reinventarse y expandir su portafolio con productos más saludables.

Entonces, ¿no sería mejor que Coca-Cola concentrara sus esfuerzos en innovar con productos más sanos, y formas más honestas de intervenir en debates sobre asuntos de interés público, en lugar de alarmarnos con la idea de demandarnos?

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