Con “La Gata”, la JEP toma un vuelo en la investigación de los “socios” del conflicto

Este artículo se escribió junto a Sabine Michalowski*

El caso de “La Gata” se suma al de sus hijos, Jorge Luis y Héctor Julio, también socios de las autodefensas, al de parapolíticos que habían solicitado entrar a la JEP meses antes, entre ellos el ex senador Álvaro Ashton y el poderoso empresario y político de las casas Char y Guerra, David Char Navas, y al de los presuntos FARC-empresarios de Supercundi. Todos civiles, políticos o empresarios, que (presuntamente algunos) contribuyeron a la máquina de guerra del país y que buscan que la JEP estudie y defina su situación judicial.

Este fenómeno reciente de sometimiento a la JEP por parte de los socios del conflicto, sin embargo, tiene claroscuros que debemos revelar.

Por el lado claro, que personas que más de una vez han evadido la justicia ahora voluntariamente se sometan al Estado colombiano para que las juzgue y, en consecuencia, relaten sus verdades del conflicto y reparen a sus víctimas, fortalece a la JEP. Que esta jurisdicción transicional sea tomada en cuenta como un escenario legítimo por los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos ejemplifica la madurez temprana a la que está llegando la institución.

Día a día, conocidos personajes de la vida pública colombiana muestran sus intenciones de someterse a la JEP y de relatar las alianzas non sanctas de algunas élites con los grupos armados en las distintas regiones. Así como de su intención de reparar a sus víctimas, incluyendo también a empresarios que en las regiones sufrieron graves violaciones. Sin lugar a dudas, este es un buen augurio para la titánica labor de la JEP de dar cierre jurídico a todos los actores del conflicto, garantizando verdad plena sobre lo sucedido.

Por el lado oscuro, que “La Gata” se haya sometido es tan sólo otro caso de revisión judicial de personas cuyas cuentas han sido de una u otra forma saldadas por la justicia, o que al menos se encuentran en etapas de investigación avanzada por parte de la Fiscalía como también ocurre en el caso Supercundi. Los terceros civiles que al día de hoy han firmado su acta de sometimiento a la JEP quieren ventilar su caso en otra jurisdicción que, a sus ojos, les abre una nueva oportunidad procesal en casos que ya estaban perdidos.

Esta situación prende alarmas y muestra la necesidad de que el Estado colombiano genere las condiciones para que los terceros civiles que no han pasado por los estrados judiciales comparezcan ante el Sistema Integral de justicia transicional que incluye a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Si se quiere una justicia transicional integral que incluya a todos los actores del conflicto se deben generar incentivos para que un vasto número de personas esclarezcan su participación en las atrocidades del conflicto.

En una reciente publicación titulada “Entre coacción y participación”, investigadores de la Universidad de Essex (Inglaterra) y Dejusticia pudimos identificar que, en las sentencias de Justicia y Paz, Parapolítica y de Restitución de Tierras, centenares de personas que ejercían actividades empresariales han sido mencionados como cómplices de actores armados y/o víctimas de delitos como extorsión. Sin embargo, también encontramos que muy pocos han sido procesados por la jurisdicción ordinaria, abriendo una brecha de impunidad en estos casos.

Frente a este desafío la Corte Constitucional y la Fiscalía han tomado caminos inciertos. Por un lado, la Corte decidió dar zanahoria y garrote. Al revisar el Acto Legislativo que creó la JEP cerró la posibilidad de que esta jurisdicción transicional obligara a los terceros que presuntamente tuvieron una participación activa y determinante en los hechos del conflicto a acudir ante ella (C-674/17), limitando la competencia prevalente de la JEP por hechos del conflicto. Esta decisión dejó en manos de los mismos terceros civiles la decisión sobre si quisieran que sus casos fueran conocidos por la JEP y no por la justicia ordinaria. Claramente una zanahoria.

No obstante, en la revisión del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, la Corte dio el garrote. En esta decisión, de la que conocemos un comunicado de prensa (C-080/18), la Corte estableció que la Fiscalía “deberá priorizar obligatoriamente la investigación de terceros civiles”. Garrote que poco a poco se materializa. Como se pudo constatar en la reciente decisión de acusar a ejecutivos de la multinacional agrícola Chiquita Brands, la Fiscalía deberá generar más actuaciones judiciales contra terceros civiles, teniendo en cuenta la copiosa información recogida en los últimos años por el ente acusador a raíz de la preparación de los informes que debe presentar a las instituciones que componen la justicia transicional. De ahí que los terceros que han gozado de impunidad hasta ahora por sus actos no tengan tan claro que así seguirá siendo la realidad en el futuro cercano.

¿Deben los terceros civiles esperar a que la justicia ordinaria abra su caso para pedir pista en la JEP?

La Ley de Procedimiento de la JEP (Art. 47, L 1922 / 18) les dejó abierta la posibilidad de acceder a esta jurisdicción en tres distintos términos. Primero, dentro de los tres meses siguientes a la expedición de la Ley Estatutaria para los que se encuentren con vinculación formal a un proceso. Segundo, hasta el próximo 18 de octubre para los terceros que están en etapa de acusación formal o a la espera de una sentencia. Finalmente, en el caso de nuevas imputaciones, los terceros tendrán hasta tres meses desde que esta se les notifica para pedir que su caso lo tramite la JEP. De ahí que se pueda concluir que la efectividad de la justicia transicional en casos de terceros dependa mucho de los resultados de la justicia ordinaria. Además, en todo caso, la JEP tiene fecha de vencimiento, de manera que, si pasa el máximo de 20 años que puede durar y el tercero civil no se sometió, la puerta quedará cerrada completamente y su caso en manos de la justicia ordinaria.

Adicionalmente, recientes decisiones de la JEP en los casos Ashton y Char precisan cómo los terceros civiles entrarán a la JEP. Reconocen la jurisdicción voluntaria de la JEP frente a terceros, advirtiendo las complejidades que esto les trae a su trabajo de develar judicialmente lo ocurrido en el conflicto. Reconocen el deber de definir los aportes que dará el tercero a dilucidar la verdad sobre la colaboración a los grupos armados y ofrecer medidas de reparación a las víctimas del conflicto antes de ser cobijados por la jurisdicción.

Con todas estas realidades y la enmarañada normatividad, los terceros tienen poco tiempo para decidir si ingresan voluntariamente o no. La JEP también deberá aplicar estas normas con vientos turbulentos, sabiendo que su efectividad no sólo depende de ella misma sino también de los avances de la Fiscalía para que más personas se sumen al proceso. Por como actúe en el caso de “La Gata” y en otros similares dependerá mucho el futuro cercano de la JEP en la satisfacción de los derechos de las víctimas, su razón de ser. Por lo pronto el cielo está nublado.

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* Profesora de Derecho de la Universidad de Essex y Directora de la Red de Justicia Transicional de Essex