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Condenar y sancionar inocentes es una falla muy grave del sistema de justicia. Prevenir las condenas erróneas debe ser una prioridad, por lo que conocer sus causas es fundamental. Pero, ¿qué tan real es su existencia? La evidencia empírica sugiere que bastante real y merece la mayor atención.

Condenar y sancionar inocentes es una falla muy grave del sistema de justicia. Prevenir las condenas erróneas debe ser una prioridad, por lo que conocer sus causas es fundamental. Pero, ¿qué tan real es su existencia? La evidencia empírica sugiere que bastante real y merece la mayor atención.

En Estados Unidos se comprobaron más de 300 casos y se evidenció que las personas exoneradas pasaron en prisión, en promedio, 13.5 años. En Canadá también se detectaron varios casos. Entre las causas de dichas condenas se encuentran: i) Confesiones falsas; ii) debilidades en la identificación ocular de las personas imputadas; iii) problemas de credibilidad de los testigos; iv) serias deficiencias de las instituciones encargadas de la persecución penal; v) problemas en la defensa efectiva, y vi) invalidez o poca confiabilidad de la prueba pericial utilizada.

Ahora bien, en América Latina ¿qué tanto sabemos de las condenas erróneas y sus principales causas?, ¿cuántos inocentes están en las cárceles por delitos que no cometieron?, ¿cuántos programas institucionales existen para revisar condenas erróneas o casos de personas injustamente privadas de su libertad antes de la condena?, ¿qué políticas públicas se han diseñado para prevenirlo? Sabemos muy poco y carecemos de investigaciones sistemáticas que analicen sus causas.

Sin embargo, la preocupación por las condenas erróneas y por liberar inocentes ha crecido en la región. Por ejemplo, en Chile la Defensoría Penal Pública lidera un proyecto de inocentes con el que comprobaron más de 30 casos de personas injustamente privadas de su libertad, identificando como causas las siguientes: i) Identificación errónea del imputado en 33% de los casos; declaraciones falsas en 28%; ii) mala conducta de agencias estatales (particularmente, policías y fiscalías) en 23%; iii) error de la prueba pericial o baja calidad de la misma, en 10%, y iv) confesiones falsas y mala defensa el porcentaje restante.

En Colombia, el proyecto de una Universidad identificó cinco casos de condenas erróneas, siendo su causa más frecuente la identificación equivocada de la persona imputada por suplantación de identidad. En México se ha señalado la existencia de casos de condenas erróneas y privación injusta de la libertad.

Esta creciente preocupación ha llevado a la fundación de proyectos de inocencia en diversos países de América Latina, aunque aún estamos lejos de conocer la magnitud de dichos casos.

Además, estamos en deuda y debemos liberar a quienes están presos equivocadamente e investigar de manera sistemática las causas que lo han permitido. También debemos generar programas institucionales serios encargados de prevenir las condenas erróneas y la privación injusta de la libertad.

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