¡Confusión en la CPI!

Aplausos está recibiendo la fiscal de la CPI Fatou Bensouda por su petición de apertura de investigación en Georgia, pues es la primera situación investigada por fuera de África donde las organizaciones de derechos humanos venían pidiendo a gritos su intervención . También, por el comunicado de apoyo al acuerdo sobre justicia transicional logrado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Dos momentos que a primera vista demuestran los logros de la complementariedad del sistema del Estatuto de Roma, basado en apoyar a los actores estatales que buscan perseguir a los perpetradores de crímenes internacionales e intervenir cuando internamente no se toman decisiones por incapacidad o indisposición a hacerlo.

En una entrevista hace dos semanas para Justice in Conflict, la fiscal reforzó esta idea de la importancia de la justicia y el trabajo conjunto. Allí dijo “Sin la seguridad y estabilidad que trae la justicia, nosotros no podremos construir una sociedad donde nuestros niños puedan crecer sin peligro”. Esta frase cliché dice mucho acerca de la complementariedad como principio fundacional del sistema con todas las repercusiones políticas que implíca. Me explico.

Cuando uno lee la frase como un todo se percata que el énfasis está en el nosotros. Y es así porque cuando nosotros hablamos hoy en día acerca de la justicia internacional es una cuestión para ser cautelosos. Por eso esta declaración en este preciso momento es importantísima. A pesar de las buenas noticias sobre Georgia y Colombia, la fiscal sabe que el principio de complementariedad es confuso y, por eso, la misma legitimidad del sistema se ha tornado contenciosa.

La concepción contenciosa de la complementariedad, la piedra angular de la confusión

El sistema del Estatuto de Roma que compromete a sus organismos (fiscalía y corte), a los Estados parte y al mismo Consejo de Seguridad de la ONU se ha basado en el principio de complementariedad. Esa idea que la lucha universal contra la impunidad de los delitos internacionales (crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio) es un interés global y que, por tanto, los organismos creados por el Estatuto, principalmente, y sus Estados parte deben estar encaminados a investigarlos y juzgarlos. Este principio se justifica en la medida que se fortalezcan los mecanismos internos de justicia para poder llevar a comparecer a los perpetradores de estos crímenes y, como último recurso, en caso que sea tal la imposibilidad o ingratitud del Estado en hacerlo, sea la CPI como guardiana del Estatuto quien lo haga.

Pero esta realidad no ha estado excenta de retos. Las formas en como los Estados y los organismos del sistema de la CPI han interactuado en clave de la complementariedad ha sido confusa, al fin al cabo el funcionamiento de la CPI genera desafíos al concepto más clásico de soberanía y eso no es cómodo para algunos, como Cryer mostró hace más de una década.

Por ejemplo, en los casos en donde el mismo Estado ha pedido la intervención de la CPI, y especialmente de su fiscalía, la complementariedad se encuentra en riesgo hoy en día por las acciones erráticas que ésta ha tomado. Casos como los de Kenia y Uganda, ambos en etapa de investigación ante la corte, han tenido balances agridulces –mejor agrios, bastante agrios- pues allí se pasó de una apuesta fuerte por la CPI a un desprestigio interno, pasado por profundos agravios.

Andrew Songa de la Comisión Keniana de Derechos Humanos, en una reciente visita a Bogotá, me advirtió sobre este estado de cosas. Desde que la CPI inició el juicio contra el presidente Kenyatta como una de las cabezas detrás de la violencia post-electoral en ese país, se han frenado los procesos de reparación a las víctimas y, peor aún, toda discusión sobre la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en 2007. Para colmo de males, el pasado diciembre la fiscalía debió retirar su acusación contra Kenyatta por falta de pruebas, situación que pone en evidencia la profundas limitaciones que tiene la corte cuando investiga personas con un peso político inmenso. De aquellos que pueden coartar la investigación al punto de hacerla inviable.

En Uganda la intervención de la fiscalía ha sido tan errática que ha arriesgado -por no decir dilapidado- el proceso de paz entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor. Al punto que, como muestra Mark Kersten en su tesis doctoral, “si se llega a un acuerdo entre las partes [gobierno y LRA] que incluya individuos acusados ante la CPI, es posible que las partes busquen desafiar la admisibilidad de la de las órdenes de arresto de la CPI”. Actualmente la situación de Uganda está en suspenso con una orden de arresto sin efectos prácticos – Joseph Kony- y una guerrilla rearmada y quizá más poderosa.

La fiscalía debe tomar decisiones prontas…

Así detrás de los recientes pasos positivos en las situaciones de Georgia y Colombia, existe un legado confuso sobre el rol de la CPI a la hora de ejercer sus labores bajo el principio de complementariedad.

A diferencia de Kenia, en Georgia se deberán tomar acciones decididas por investigar a los perpetradores de la violencia en Osetia del Sur, incluyendo rusos y georgianos que cometieron las atrocidades en ese estado parte, so pena que no se tengan casos suceptibles de ser llevados ante las salas de la corte en un tiempo prudencial.

En Colombia, las acciones de diálogo entre el estado y la CPI son fundamentales. La corte no se puede dar el lujo después de lo sucedido en Uganda de catalizar la frustación de un proceso de paz, ya por excesiva intromisión ya por terquedad en las discusiones más jurídicas.

Por eso, de sus deteminaciones en el cortísimo plazo, sobre la manera en que tratará estas situaciones, y en el mediano plazo, involucrando países como Rusia en el debate –como sugiere Goldston en OpenGlobalRights– dependerá que se sienten bases sólidas de complementariedad entre nosotros.