La esencia de un estado de excepción es permitir restricciones de derechos severas, como una cuarentena general, que son inaceptables en una situación de normalidad, y concentrar mayor poder en el gobierno, que puede dictar decretos con fuerza de ley. | EFE/ Carlos Ortega

Los controles judiciales y políticos y la vigilancia ciudadana serán decisivos para que las medidas de emergencia no sean abusivas ni caprichosas, sino que estén empíricamente bien fundadas, no sean discriminatorias y busquen realmente combatir la pandemia en forma proporcionada.

Los controles judiciales y políticos y la vigilancia ciudadana serán decisivos para que las medidas de emergencia no sean abusivas ni caprichosas, sino que estén empíricamente bien fundadas, no sean discriminatorias y busquen realmente combatir la pandemia en forma proporcionada.

El mundo está en emergencia, en una triple forma: el mundo que emergerá después de que hayamos enfrentado esta emergencia sanitaria, que es el COVID-19, dependerá en gran medida de cómo sean ejercidos por los gobiernos los poderes de emergencia en este período.

Este juego de palabras no es un trabalenguas innecesario, sino una forma de expresar el dramatismo de la situación que vivimos.

Primero, vivimos una emergencia sanitaria, pues el COVID-19 representa una amenaza a la salud pública sin precedentes. Quienes desde la izquierda (López Obrador o el filósofo Agamben) o desde la derecha (Vargas Llosa, Bolsonaro o Trump) minimizan el riesgo es porque desprecian la ciencia o no entienden la amenaza de esta pandemia.

La letalidad del COVID-19 no parece alta (1 %, según evaluaciones optimistas) comparada con otras infecciones de las últimas décadas, como SARS, MERS o el sida. Pero es un virus que da miedo, como expresó desde enero el virólogo de Hong Kong Guan Yi, por su capacidad de contagio, que le permite crecer muy rápidamente en poco tiempo. Sin controles adecuados, algunos epidemiólogos calculan que en pocos meses podría infectar al 60 % de la población. Hagan las matemáticas. Son dramáticas, incluso con una letalidad baja de 1 %, que resulta mayor si el sistema de salud colapsa.

Segundo, vivimos una emergencia jurídica y política. Esta amenaza a la salud pública ha justificado dotar a los gobiernos de poderes de emergencia o de excepción, como los asumidos por el presidente Duque al declarar el “estado de emergencia”, pues parecen necesarias medidas rápidas y drásticas, como restricciones de derechos, modificaciones legislativas, traslados presupuestales, etc. Medidas que no pueden ser adoptadas oportunamente con los poderes ordinarios de las autoridades.

Tercero, vivimos la emergencia de un nuevo mundo. El COVID-19 no es el apocalipsis ni acabará la humanidad, pero el mundo no será el mismo. Esta pandemia, con las muertes y sufrimientos que acarrea, acompañada de poderes de emergencia durante meses, tendrá un impacto muy profundo.

¿Cuál mundo emergerá de esta crisis? No sabemos si será uno más solidario y justo, con mayor respeto por los derechos y por la ciencia y con gobiernos más abiertos a la cooperación internacional. O si estaremos en un año frente a gobiernos más autoritarios, caprichosos y chauvinistas, con élites aún más egoístas y cerradas.

Que vayamos en una u otra dirección dependerá, entre otras cosas, de que no haya abuso de los poderes de excepción.

La esencia de un estado de excepción es permitir restricciones de derechos severas, como una cuarentena general, que son inaceptables en una situación de normalidad, y concentrar mayor poder en el gobierno, que puede dictar decretos con fuerza de ley.

Por esa naturaleza, estos poderes de excepción, bien ejercidos, son salvadores, pues permiten superar desafíos graves al preservar, e incluso fortalecer, la democracia, como lo hizo Roosevelt en Estados Unidos frente a la crisis del 29. Pero también, por esa misma naturaleza, estos poderes de excepción son riesgosísimos, pues pueden ser pervertidos y usados para legitimar el camino a la tiranía, como lo hizo Hitler en ese mismo período.

Los controles judiciales y políticos y la vigilancia ciudadana serán decisivos para que las medidas de emergencia no sean abusivas ni caprichosas, sino que estén empíricamente bien fundadas, no sean discriminatorias y busquen realmente combatir la pandemia en forma proporcionada. Un derecho a la sospecha ciudadana frente a los riesgos de abuso de la excepcionalidad es necesario, según la afortunada fórmula del colega Roberto Gargarella. De eso depende que nuestra democracia no sea carcomida por ese otro virus: el autoritarismo.

De interés: Coronavirus / Dejusticia / contagio / crisis

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