Cuentas Claras

En el Caribe colombiano, más de 2.205.000 personas han declarado formalmente su condición de víctimas del conflicto armado (25% del total nacional), y así han sido reconocidas. Su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición es una voz que toda la sociedad debería escuchar.

Para responder, el Estado colombiano ha desarrollado un profuso marco normativo que aborda la responsabilidad de los diferentes actores de la guerra, desde varias perspectivas. Así ocurrió, por ejemplo, con la llamada Ley de Justicia y Paz, que facilitó la desmovilización paramilitar y creó el marco para su sometimiento a la justicia, o con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que regula temas claves como la reparación y la ruta para devolver las cientos de miles de hectáreas despojadas en forma ilegal.

Esa búsqueda por resolver el conflicto sin ignorar a sus víctimas tuvo otro momento clave con el Acuerdo de paz, convertido en norma constitucional por el Congreso. Mas allá de los días difíciles que viva su implementación, deberíamos tener presente, especialmente quienes vivimos en las ciudades y a quienes nos cuesta más entender el horror del conflicto, que hoy hay 8994 armas menos dispuestas para la guerra y casi 7.000 guerrilleros reincorporados con el compromiso de acogerse a la Justicia. El número de vidas que se han salvado con esta decisión es un triunfo de la razón.

El peor escenario en esta búsqueda colectiva de la paz sería invisibilizar a algunas de sus víctimas y dejar cabos sueltos en el reconocimiento de las responsabilidades por las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas. Un proceso serio de cierre del conflicto debe reconocer que hubo actores, entre ellos actores económicos, que fueron víctimas, y algunos también victimarios.

La Universidad de Oxford y Dejusticia publicamos hace poco un estudio bajo el nombre “Cuentas Claras” que, soportado en información judicial y académica, aborda el rol eventual de algunos actores privados en el conflicto y ofrece recomendaciones a la Comisión de la Verdad para que oriente las investigaciones y presente esa responsabilidad en clave de reconciliación.

Dado que el informe reconoce que la gran mayoría de estos actores fueron víctimas y no victimarios, y que no se puede incluir a todos ellos en una categoría genérica de empresarios, sorprende que algunos líderes gremiales, políticos, y asesores privados se hayan venido lanza en ristre contra el informe, deformando su intención y contenido.

Toda la sociedad colombiana, especialmente los actores económicos que no tuvieron vínculos con el conflicto, por encima de las diferencias políticas, y como gesto de solidaridad hacia las víctimas, deberían comprometerse con reclamar e impulsar sus derechos sin restricciones, en lugar de cometer el error de dejar sin resolver la actuación de unos cuantos que empañan el nombre de todos.