Cuentas y cuentos de los medicamentos

La primera razón es que el tema es tan vívido como oscuro. Lo conoce quienquiera que haya comprado una droga en una farmacia, y aún más quienes dependen de un medicamento caro para sobrevivir (como el Imatinib). Pero los precios dependen de reglas técnicas de propiedad intelectual, que son el monopolio de abogados especializados y químicos farmacéuticos, todos los cuales suelen hablar en siglas (OMC, Adpic) y terminología impenetrable (“medicamentos bioequivalentes”, etc.). En el río revuelto de la opacidad del asunto, pescan precios altos las farmacéuticas y sus gremios.

La segunda razón es que los gobiernos colombianos se habían quedado de brazos cruzados a medida que las compañías elevaban los precios muy por encima de los de otros países. Las farmacéuticas lo hacían a sabiendas de que el Estado terminaría pagando la cuenta inflada, con los impuestos de todos, como lo hizo la administración Uribe tras liberar los precios en 2006. Entre tanto, países de diferentes regiones, desde Brasil y Argentina hasta Sudáfrica, Tailandia e India, usaban las herramientas que les da el derecho internacional para lograr un balance razonable entre el acceso a los medicamentos y la protección de las patentes de las farmacéuticas.

Son las mismas herramientas que, en buena hora, está usando el actual Ministerio de Salud: controles de precios para limitar los abusos, regulación de patentes de medicamentos biotecnológicos y, ahora, licencias obligatorias para permitir la producción de genéricos en casos de interés público como el del imatinib.

Lo cual nos lleva a la tercera razón de los precios: la resistencia tenaz a cada una de estas medidas por parte de empresas farmacéuticas y de Afidro, el gremio que agrupa a las internacionales del sector. Algunas compañías incumplieron los topes de precios e incluso una fue multada por ello. Afidro hizo campaña contra la regulación de los biotecnológicos. Y ahora el mismo gremio y Novartis (la empresa suiza que tiene la patente sobre la versión de marca de imatinib) combinan todas las formas de lucha contra la oferta técnica del ministro Gaviria de negociar un precio más razonable. Invocando una serie de imprecisiones que no cabrían en esta columna, sostienen que el caso no es de interés público, que la licencia obligatoria no tiene fundamento jurídico y que sería un precedente que ahuyentaría la inversión extranjera.

Uno de los logros de este Gobierno ha sido su política de acceso a los medicamentos. El Ministerio de Salud y la superintendencia de Industria y Comercio (que toma la decisión final sobre la licencia y en un principio había negado la patente a Novartis) saben que las farmacéuticas no tienen el derecho ni las cuentas de su lado. Y que no se han ido de otros países que han hecho lo mismo.