De la represión a la migración: El caso de Rufo Chacón

El 2 de julio del 2019 en la población de Táriba, Estado Táchira – Venezuela, muy cerca de la frontera colombiana, Rufo Chacón de 16 años protestaba en la calle junto a sus familiares y vecinos, exigiendo al Estado venezolano una solución a la falta de gas en su barrio. Como respuesta, la policía disparó a quema ropa un proyectil de perdigones calibre 12mm directo al rostro de Rufo, dejándolo ciego de por vida.

El caso Rufo se suma a la lista de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, que de acuerdo con Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ha alcanzado cerca de 15.115 detenciones arbitrarias y 273 asesinatos. Estas y otras organizaciones, también han documentado casos de hostigamiento, persecución, lesiones graves, torturas, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el OVCS, desde qué Nicolas Maduro asumió el poder se han registrado un total de 59.433 protestas, de las cuales un 70% se han centrado en la exigencia de acceso a servicios básicos como salud, alimentación, educación y seguridad. El 30% restantes son protestas que exigen la garantía de derechos como  libertad de expresión,  acceso a la justicia, participación política, elecciones justas y la liberación de presos políticos, entre otros.

La violencia usada en contra de Rufo por parte de la policía, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta, nos lleva a reflexionar sobre las víctimas de la represión en Venezuela que hoy se encuentran refugiadas en distintos países.

Antes del mandato de Maduro, en Venezuela se registraron protestas sociales de grandes dimensiones, sin embargo no fue sino hasta el año 2014 en que se evidenció una relación entre las protestas, la represión y la migración. ¿La razón? La crisis económica recrudeció, el descontento popular aumentó y con ello la respuesta violenta del gobierno hacía la ciudadanía, tanto así, que para finales de ese año al menos 606.281 personas habían emigrado, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

En los años siguientes esta cifra aumento dramáticamente, para finales  de 2017 un aproximado de 1.600.000 personas habían salido del país. Un año antes la Asamblea Nacional decretó la crisis humanitaria en salud, y las organizaciones de la sociedad civil venezolanas advirtieron  la existencia de una Emergencia Humanitaria Compleja, siendo hoy la principal causa de la migración venezolana, según la Matriz de Desplazamiento de Seguimiento (DTM por sus siglas en inglés).

El informe sobre Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), afirma entre otras cosas que el acceso al derecho a la salud en Venezuela es “grave”, la situación “se caracteriza por un deterioro en la infraestructura en los centros de salud, éxodo de doctores y personal de enfermería, así como graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos, carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales”.

Debido a la crisis hospitalaria Rufo tuvo que ser sacado del centro asistencial donde fue recluido, por un riesgo severo de infección. Muchos de los 56 perdigones permanecen incrustados en su rostro y cabeza, esta situación lo hace propenso a tener otro tipo de complicaciones médicas que el sistema de salud venezolano no podrá atender.

Hoy, Rufo  está olvidando el tono de los colores y se cuestiona la permanencia en el país. Se enfrenta a un proceso de revictimización en un Estado que no ofrece siquiera las garantías mínimas de adaptabilidad para personas con discapacidad física. En ese contexto, ¿qué futuro le depara a Rufo y su familia en Venezuela? ¿Decidirán migrar? Si lo hacen, se espera que el país a donde lleguen les brinde la protección internacional que requieren y les otorgue el estatus de refugiados, reconociéndolos como víctimas de la represión en un grave contexto de emergencia humanitaria, tal como lo establece la declaración de Cartagena.

Actualmente, no se puede sostener que solo un factor es el causante de la migración, ciertamente la multicausalidad de los procesos migratorios adquiere especificidad espacial y temporal en cada país de origen. Por ejemplo, el caso de Rufo es el resultado de la unión de ambos factores: represión y emergencia humanitaria. Un joven que salió a protestar por el acceso a los servicios básicos, en respuesta al ejercicio de ese derecho fundamental es agredido por las fuerzas del estado, y ahora le es imposible acceder a un sistema de salud que le brinde los servicios médicos que necesita.

Este año pese a que aproximadamente un 10% de la población venezolana (4.5 millones) se encuentra refugiada en los países de la región, se han registrado 12.591 protestas, en las que han muerto 61 personas y 2.182 han sido arrestadas. La mayoría de las protestas -al igual que en la que Rufo participó- están relacionadas con la exigencia del suministro de servicios públicos, reivindicación de derechos económicos y beneficios laborales. Es evidente que las personas siguen protestando a pesar de que aún se mantienen las condiciones de represión que iniciaron en el 2014 y que llevaron, entre otras causas, a que miles de venezolanos emigraran.

Mientras esto ocurre, Rufo Chacón, en compañía de su madre, se prepara para viajar a España, donde será intervenido quirúrgicamente con el fin de mejorar su condición. Probablemente este sea el inicio del proceso migratorio de Rufo, quien a consecuencia de la represión del gobierno, la violencia generalizada y la Emergencia Humanitaria Compleja podría terminar llamando hogar a una ciudad distinta a la que sus ojos conocieron en Venezuela.

* Ezequiel Monsalve fue fellow de Dejusticia – [email protected] / @ezemonsalve