¿De quién es San Andrés?

En todo el centro de la isla, en medio de tiendas de perfumes, licor y tecnología, se realizó los pasados 6 y 7 de noviembre el II Congreso del Pueblo Raizal. Con este encuentro lo que busca este pueblo es que “se respeten nuestro territorio y se nos devuelva lo que es nuestro” como nos comentó uno de los asistentes a la reunión.

Los raizales son un pueblo étnico colombiano que reivindica dos descendencias. Por un lado, son descendientes del pueblo miskita, quienes habitaron la isla antes de la disputa colonial en el Caribe. La otros antecesores son las personas negras que fueron esclavizadas y traídas de África para trabajar en las plantaciones de algodón.

En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron tres hechos que han acelerado la pérdida del territorio del pueblo raizal. El primer hecho fue cuando el Estado declaró la isla como Puerto Libre. Este cambio legal aumentó la migración de personas que iban tras la promesa de recursos derivados del comercio de objetos que después podían ser revendidos en el continente. Desde esa época, las pretensiones territoriales de los raizales entraron en pugna con las de los comerciantes, que llegaron a la isla a abrir tiendas.

Once años después, en 1964, se incendió la casa de gobierno de la Intendencia de San Andrés. Las llamas fueron alimentadas por documentos personales como los registros civiles y títulos como los certificados de propiedad. El incendio generó uno de los momentos más difíciles en términos territoriales pues, las pruebas de propiedad se convirtieron en ceniza. Para solucionar el caos, y con la oposición de gran parte de los pobladores, el gobierno central decidió enviar una comisión del INCORA para legalizar los títulos.

El procedimiento de regulación de los títulos fue el que generó el último momento de pérdida del territorio para el pueblo raizal. El mecanismo jurídico que se implementó para restablecer los títulos de propiedad fueron los juicios de pertenencia. No obstante, muchos de los asistentes al Congreso contaron que los procesos fueron mal realizados. Por ejemplo, varios líderes comentan que en los procesos fueron vinculados testigos que rindieron testimonios falsos. Otra de las denuncias es que muchos de los edictos de estos procesos fueron publicados en español ignorando que gran parte de la población raizal no lee este idioma. La falta de notificación de estos procesos le impidió a los raizales ejercer su derecho a la oposición y proteger su tierra.

A la historia del siglo XX se suman las consecuencias de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia que redefinió las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua. La sentencia ignoró la presencia del pueblo raizal y aumentó los riesgos que existen sobre sus derechos territoriales y el acceso al mar. En relación con la población raizal, la decisión de la Corte de la Haya no dista de la política de gobierno central que ve a la mayoría de los territorios insulares como centros vacacionales o puntos estratégicos para el control militar, ignorando la presencia de los pueblos que los habitan.

Todos estos hechos llevaron a que, según cifras de la organización Archipiélago Movement for Ethnic Self Determination (AMEN-SD), los raizales perdieran más del 50% del territorio de San Andrés y Providencia. Con la pérdida del territorio, la supervivencia física y cultural de los raizales está en riesgo, tal y como lo ha mencionado la Corte Constitucional.

En términos culturales, la pérdida del territorio interrumpe la relación que tiene este pueblo con la tierra que han habitado sus ancestros. La supervivencia física también se pone en riesgo porque han perdido o tienen acceso restringido al mar y por tanto no pueden pescar como lo hacían antes. La pérdida de territorio es la que obliga a que los raizales hoy se encuentren contratados en empresas turísticas, entidades del Estado o almacenes “y se vaya perdiendo la autonomía que hemos tenido siempre como pueblo” como nos lo explicó Jairo Rodríguez Davis, integrante de la organización AMEN-SD.

Es hora que el Estado repare al pueblo raizal y devuelva las tierras que son de ellos pues como lo exponía el eslogan del Congreso son “un territorio, una voz y un pueblo”. Para esto, el Estado debe crear mecanismos de titulación colectiva como los de la Ley 70. Como ya se hizo en el caso de Islas del Rosario, la titulación a favor de los raizales se debe basar en el reconocimiento de la propiedad ancestral que tienen sobre la tierra firme y el mar, respetando sus formas propias de organización e implementando sus reivindicaciones de autonomía. ?