De regalo de navidad, Duque insiste con el glifosato

El glifosato no ha escapado a los titulares este año. Pero, a pesar de que varios ministros de Defensa han anunciado que ‘ya están listos para fumigar’, que los aviones están a punto de despegar y que el glifosato es la solución para las masacres, lo cierto es que la fumigación aérea con glifosato no arrancó en el 2020. Y está empantanada para 2021.

El próximo sábado 19 de diciembre se llevará a cabo la Audiencia pública ambiental sobre el trámite de licencia para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig). La audiencia fue solicitada en marzo por cuatro organizaciones de la sociedad civil – Acción Técnica Social, Elementa, Viso Mutop, y Dejusticia -, y respaldada por la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Dada la magnitud y alcance del tema del glifosato, consideramos que una audiencia pública era un mecanismo necesario previo a la toma de decisiones sobre la reanudación de la aspersión. Además, este proceso se enmarca en unas órdenes constitucionales que exigen participación reforzada de las comunidades que serían afectadas, lo que hacía más urgente un escenario de deliberación pública al respecto.

A lo largo del año, esta audiencia ha estado inmersa en la polémica propia de la aspersión aérea, pero también en la celebración de audiencias virtuales, cuestionadas ampliamente por movimientos campesinos, afros e indígenas, que se oponen a la participación virtual. Por estos motivos, hubo más de un intento de celebrarla, con varios fallos judiciales en contra de su realización.

La audiencia de este sábado tiene implicaciones serias para la política de drogas y la política ambiental, y queremos señalar al menos las preocupaciones jurídicas de las decisiones que el Gobierno intenta adoptar mientras el país está en modo navidad.

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Lo de la fumigación empezó formalmente en vísperas de año nuevo de 2019. En ese momento, el Ministerio de Justicia expidió un borrador de decreto reglamentario, y en paralelo, arrancaba el proceso para modificar el plan de manejo ambiental de la fumigación, un trámite cuyo posible impacto no es menor. Se trata de reanudar una actividad que, desarrollada por años en el país, no solo no logró su cometido – reducir sostenidamente los cultivos ilícitos – sino que creó un cúmulo de problemas y afectaciones a la salud, al medio ambiente, a la legitimidad del Estado, a la construcción de paz, y al patrimonio de la nación.

Varias de estas afectaciones están documentadas y constatadas en la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, con la que ordenó no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig), a menos que se cumplan estrictos requisitos que protegen la vida, salud, y medio ambiente de las personas que serían afectadas por la fumigación, así como los derechos a la participación y a la consulta previa.

Ante la solicitud del Gobierno de Duque a la Corte de flexibilizar los requisitos de la T-236, la Corte llevó a cabo una audiencia pública a inicios de 2019. Fue una jornada en la que funcionarios del Gobierno, representantes de movimientos sociales y de la academia presentaron sus visiones sobre las órdenes de la Corte y sobre la aspersión en general.

Con estos elementos, el alto tribunal agregó un elemento nuevo de interpretación en el Auto 387 de 2019: el Acuerdo Final de Paz como política de Estado que el gobierno nacional debe cumplir antes de volver a fumigar. La Corte, entonces, no solo no flexibilizó las órdenes, como pretendía Duque, sino que le agregó que la sustitución voluntaria, la apuesta esencial del Acuerdo, debe primar sobre la aspersión.

Este no es un asunto menor, pues establece una jerarquía entre métodos de erradicación. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) lleva cuatro años en funcionamiento, y los resultados de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (Unodc) muestran el alto nivel de cumplimiento de las familias que le han apostado al cambio y a la paz.

Pero el Programa tiene graves problemas de financiamiento, de articulación institucional con las agencias de desarrollo rural, y de cobertura para todas las familias que quieren hacer parte del tránsito voluntario a economías lícitas.

El Pnis no ha recibido más gente desde el 2018, de manera que mantiene la cobertura sobre 99 mil familias, pero el universo de campesinos y campesinas que dependen de la hoja de coca es mucho mayor (familias que quisieron apostarle a cambiar los cultivos y solo han recibido erradicación forzada). Por su parte, de las familias que sí ingresaron al programa, el 97 por ciento ha cumplido con su parte con la erradicación voluntaria de la mata, y el índice de resiembra en cambio es mínimo: apenas del 0,2 por ciento.

Pero, a cambio de la erradicación, el Programa incluye pagos de asistencia alimentaria para garantizar la subsistencia familiar durante la transición. Para este componente, que es responsabilidad del Estado, solo el 63 por ciento de las familias han recibido la totalidad de los pagos.

El programa no se reduce a esos subsidios. De hecho, su vocación y finalidad era mucho más ambiciosa: transformar positivamente las condiciones estructurales que dieron origen al involucramiento de las familias campesinas con las economías ilícitas. Esto implica una transformación a nivel territorial, mejorar condiciones y vías de acceso, cobertura de servicios básicos, educación y salud, y encadenamiento a comercialización. Todo ello depende de la articulación del Programa con otras agencias institucionales y, sobre todo, inversión en estos territorios.

Ante la debilidad de su cobertura y su alcance, la fumigación con glifosato es un gravísimo riesgo para las poblaciones campesinas que dependen de la hoja de coca. Muchas quieren entrar al programa, pero las puertas se cerraron.

En cambio, quienes sí entraron, se quedaron a la espera de los cambios profundos que el Acuerdo prometía. Bajo la propuesta del gobierno de fumigación, solo se excluiría a las familias/predios inscritos en el Pnis, pero esto significa un grave riesgo para todos aquellos que esperaron de la paz todo menos veneno.

Poca transparencia, débil evidencia e incumplimiento de órdenes constitucionales

Este proceso de reanudación de las fumigaciones no sólo es complejo por las condiciones que impuso la Corte, sino por un trámite que involucra diversidad de agencias, procesos y entidades.

La audiencia pública de este 19 de diciembre es parte del proceso, y ahí se discutirá la modificación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que la Policía somete ante la Autoridad Nacional de Licencias ambientales (Anla).

Para agravar el enredo, la Policía, basada en los términos de referencia que exigió la Anla, presentó un Plan de más de 4 mil páginas, pero es solo un plan general (Pmag). Dice que los planes específicos (Pmae), con análisis y evaluación del riesgo de cada uno de los seis núcleos regionales donde se haría la fumigación, los presentará después.

En todo este enredo de siglas, procesos y riesgos, hay dudas importantes que prenden las alertas, en especial, de tres asuntos graves: la poca transparencia y acceso a la información en el proceso, la debilidad de la evidencia, y el incumplimiento de órdenes constitucionales.

Sobre la transparencia, detectamos al menos dos alertas. Frente al meollo de los planes generales versus a los específicos, es como si de repente la Anla tramitara una licencia ambiental general para la exploración petrolera, sin la información del lugar donde se realizaría la exploración. Ante este panorama, enviamos un derecho de petición a la Anla, viendo que en ninguna parte de los actos administrativos se aclaraba el sustento jurídico para esto.

La Anla se limitó a responder que se “encuentra en un proceso de evaluación de la información presentada por la Policía Nacional” y hasta que se cumpla con todo el trámite de modificación señalado en el Decreto 1076 de 2015 (que no menciona los planes específicos), “se tomarán las decisiones derivada de la evaluación realizada para el Plan de Manejo Ambiental Específico”.

Es decir, estamos ante una evidente improvisación normativa alrededor del proceso que pretende reanudar las fumigaciones, ad portas de celebrar una audiencia pública sin la información suficiente para la deliberación.

En medio de esta falta de transparencia, corremos el enorme riesgo de que, de aprobarse, se otorgue un costoso cheque en blanco a la Policía sin una vigilancia adecuada de la autoridad ambiental.

Además, los planes específicos han sido el comodín argumentativo de la Policía en medio de las reuniones informativas; si hay algo que falta explicar o que está incompleto, se puede decir que eso vendrá en los planes específicos. Esto traiciona la confianza de las personas en el proceso ambiental y pone un velo de duda sobre qué escenarios de participación se van a tomar en cuenta. Todo ello, en contravía de las órdenes de la Corte que reiteró la necesidad de la participación reforzada de las comunidades en el proceso decisorio que pretendiera reanudar la actividad.

Como si esto fuera poco, aún no se han hecho públicos los avances del proceso de evaluación de los daños en salud que adelanta el Instituto Nacional de Salud (INS), y del que tuvimos conocimiento sólo a través de una petición de información. 

Sabemos que el Ministerio de Salud suscribió un contrato con la Universidad de Córdoba para abordar la evaluación de los impactos del glifosato en la salud humana para los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada, que la Universidad ya al INS y éste lo está estudiando para presentar su concepto técnico sobre el programa. Actualmente, la Universidad está ejecutando el segundo contrato para realizar el estudio en los 14 departamentos restantes, sin que a la fecha haya claridad de los resultados ni de la participación de las comunidades en estos estudios técnicos, y sin que la ciudadanía en general conozca el proceso.

Frente al tema de la evidencia, la Corte le exigió al Gobierno estudiar los daños a la salud y al medio ambiente, y la mejor manera de mitigarlos.

Pero el documento que elaboró la Policía para el trámite (publicado en el sistema Vital que, francamente, es innavegable, lento y confuso) parte de la premisa de que el glifosato no representa ningún riesgo, de manera que no hay necesidad de mitigar o gestionar posibles daños. Todo esto sugerido por una metodología poco objetiva que siguió un grupo interdisciplinario compuesto por oficiales y contratistas de la Policía Antinarcóticos, al que tuvimos acceso gracias a un derecho de petición.

La T-236 habla de un proceso objetivo, independiente, e imparcial, fundamentado en la mejor evidencia disponible.

En este caso, tenemos un grupo anónimo contratado por la misma entidad que implementa la actividad, y que además toma información de suelos europeos y no colombianos, para concluir que no hay ningún riesgo de asperjar con glifosato en suelos colombianos. Esto implica que no hay una gestión del riesgo que representa el glifosato sobre cultivos lícitos, o sobre los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, o para las zonas de mitigación de las áreas que pertenecen al sistema de áreas protegidas.

Además de todos estos reparos, está el tema de la consulta previa. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, afirma que no se requiere consulta previa pues no se pretende asperjar territorios étnicos.

Sin embargo, como ha señalado la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en efecto habría afectaciones directas a pueblos étnicos por la actividad. Además, en otras sentencias, la Corte Constitucional ha dicho que ante la posible contaminación de territorios indígenas, se debe proceder no solo con consulta, sino con consentimiento previo a la actividad.

Mientras afuera soplan vientos distintos, acá seguimos en la terquedad

Más allá de las polémicas nacionales, las estrategias para reducir los cultivos ilícitos son un asunto que trasciende fronteras y define las relaciones bilaterales de Colombia con las potencias globales, especialmente con Estados Unidos.

Cabe recordar que los años de mayor despliegue de la fumigación aérea ocurrieron durante el Plan Colombia, estrategia financiada por el gobierno de ese país y ampliamente respaldada por ambos países. Años después, cuando el gobierno de Santos suspendió el programa, sucesivos gobiernos y políticos de Estados Unidos han presionado a Colombia para que fumigue de nuevo, amenazando con condicionar la ayuda bilateral a esta estrategia.

Pero ni las políticas de drogas globales, ni las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, ni mucho menos el ánimo local para la aspersión aérea, son las mismas que hace 20 años.

Además de las sentencias en Colombia que insisten una y otra vez en los daños que causa la fumigación a varios derechos, la política de drogas ha tomado otro ritmo.

Si bien hace 20 años cualquier estrategia era aceptable con tal de acabar con las drogas, hoy esa misma lógica no se sostiene. Ya no es aceptable contaminar las aguas, enfermar campesinos o acabar con el alimento en pos de librar la guerra contra las drogas.

Este cambio de paradigma es lentamente adoptado inclusive por Estados Unidos, el creador de la guerra misma.

Hace pocas semanas se publicó un informe de la Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental, creada por la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos. Entre muchos de sus hallazgos, el informe no deja bien parada a la aspersión aérea y, en general, a las estrategias de reducción de cultivos que los gobiernos gringos y colombianos han apoyado por años sin que haya resultados sostenibles de reducción de la problemática en décadas.

En el informe se reconoce lo que varios académicos, activistas y movimientos sociales han dicho por años: es una estrategia costosa que debilita la legitimidad del estado en zonas rurales y, si de luchar contra el tráfico de drogas ilícitas se trata, hay estrategias mucho más costo efectivas que incluyen proveer a las comunidades con las condiciones económicas y de seguridad que permitan la salida de la coca; opciones que están contenidas en el Acuerdo Final de Paz.

La terquedad del gobierno de Duque ha parecido no tener límites en esta cruzada por reanudar la fumigación: no han importado la evidencia, los fallos judiciales y el clamor del campesinado y comunidades étnicas que pide implementación de la paz y no gastar recursos en tanto veneno.

Pero quizás el triunfo de Biden, combinado con los vientos de cambio en las políticas de drogas, le haga a este gobierno salir de la terquedad. Los recursos económicos y también políticos que respaldan la fumigación escasean cada vez más.

Puede que en el 2021 a Duque no le quede otra opción sino cumplir las órdenes de la Corte y cumplir de buena fe las políticas del Acuerdo de Paz.