Defender la tierra: Los riesgos de los pueblos indígenas como guardianes de la vida

* Escrito junto a Jako Jajoy Juagibioy, pasante de la Línea de Antidiscriminación étnico-racial.

El 22 de abril se conmemora el día de la tierra. Este día, queremos resaltar la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas, los “guardianes del territorio”, quienes conservamos los conocimientos y prácticas culturales que son necesarios para construir alternativas a la crisis civilizatoria en que vivimos. Sin el debido cuidado de la madre tierra, no es posible garantizar el mantenimiento de la vida. Es por ello que, desde tiempos milenarios hemos entendido que la madre tierra no puede ser maltratada, ni tampoco concebirse como un objeto negociable, y menos aún sobre explotarla con la simple ambición de satisfacer intereses individuales. Por esto hemos venido realizando acciones de defensa ante amenazas y riesgos hacia nuestros territorios.

Esta labor la hemos ejercido de manera autónoma, sin violencia y en muchos pueblos, a través de instituciones propias como las Guardias Indígenas, Alguaciles o Cuidadores del territorio, creadas para proteger a las comunidades y territorios de las presiones de actores económicos, Estados y actores armados. Sin embargo, en países como Colombia enfrentamos diariamente amenazas y vulneraciones a nuestros derechos humanos y territoriales, lo que consecuentemente, se traduce también en una amenaza para la pervivencia del planeta. En este contexto, hay al menos  tres situaciones que ponen en riesgo nuestra pervivencia como pueblos indígenas:

En primer lugar, la presencia de actores armados en nuestros territorios indígenas aumenta cada día el riesgo de exterminio físico y cultural. En un informe de 2020, Indepaz reportó, en plena pandemia, que 112 compañeros indígenas líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados. De igual manera, de acuerdo al boletín número 2  del sistema de información de la Federación Luterana y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el departamento del Chocó, se han registrado 7.520 afectaciones contra pueblos indígenas (confinamiento, desplazamiento, accidente con MAP, amenazas individuales y colectivas, restricciones a la movilidad). El último homicidio registrado contra líderes indígenas fue el de Sandra Liliana Peña Chocue, autoridad del Resguardo La laguna Siberia, después de realizar un ejercicio de control territorial.

En segundo lugar, la falta de seguridad jurídica de nuestros territorios indígenas sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la garantía de los derechos adquiridos como pueblos indígenas. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Agencia Nacional de Tierras tiene 959 solicitudes de formalización pendientes de resolución radicadas desde 1878 hasta 2020. De ese número de solicitudes la ANT solo se propuso resolver para el 2020 el 2.6%, así mismo, no se ha emitido ninguna medida de protección de territorios ancestrales desde la expedición del Decreto 2333 de 2014. La formalización de las tierras para nosotros como pueblos indígenas es vital porque implica la posibilidad de preservar nuestras propias formas de vida y continuar con la labor de protección ambiental. De acuerdo a la FAO el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios indígenas.

En tercer lugar, la presencia de proyectos extractivos amenaza la biodiversidad de nuestros territorios y la sostenibilidad de sistemas de vida propios. Así, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el territorio ancestral de la Línea Negra o Séshizha existen 132 títulos mineros vigentes y 263 solicitudes de titulación a la espera de consulta previa. Esta situación es preocupante, pues de acuerdo a los pueblos Kankuamo, Wiwa, Arhuaco y Kogui, esta actividad afecta sus sistemas de alimentación, agua y la salud.

Con este panorama, es importante que el Estado Colombiano articule y materialice por medio de su sistema jurídico y a través de políticas públicas el goce completo e integral del derecho fundamental a un ambiente sano, al uso consiente de los recursos naturales, y a garantizar nuestro derecho a la consulta previa cuando se pretenda desarrollar una intervención que afecte directamente nuestros intereses. De esta manera, transitar hacia el Suma Kawsay, o lo que pueblos indígenas como el Inga o Kamtsa  entienden como buen vivir, se traduciría en que el pluralismo y la diversidad cultural de la nación deje de ser mera retórica, trascendiendo a un campo de acción para proteger la vida y pervivencia de las comunidades étnicas de nuestro país.