Defensores de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia. Ni partes ni víctimas de la guerra

“Si la comunidad está protegida, nosotros estamos protegidos”. Esa fue la respuesta del defensor de derechos humanos Arnobis Zapata, cuando le pregunté ¿qué hacer con una multiplicidad de actores armados en guerra y las comunidades y sus líderes en medio? Frente a la dinámica de violencia de los últimos 6 años contra defensores de derechos humanos y la población civil  en Colombia, es importante reflexionar acerca de las políticas de seguridad y cómo las mismas llevan a cabo la protección colectiva de las comunidades y organizaciones sociales en los territorios afectados por la guerra. La protección colectiva reconoce el riesgo que enfrentan las comunidades por su trabajo colectivo de defensa de derechos humanos y busca implementar medidas tendientes brindarles seguridad, fortalecer su trabajo , y no solo dar protección a unos de sus individuos.

Con este texto, quiero exponer la importancia de la protección de las organizaciones que defienden derechos en los territorios rurales marcados por la guerra; reflexionar sobre las medidas tomadas por el gobierno Duque; y analizar los primeros pasos del Gobierno Petro en la protección colectiva.

Formas organizativas de resistencia y construcción de paz 

Son varias las experiencias organizativas de poblaciones que luchan por mantenerse al margen de la guerra a partir de un mandato de paz y de defensa de derechos. Algunos ejemplos son las guardias indígenas, campesinas y afrodescendientes, y las comunidades de paz, estrategias que tienen origen en luchas y relaciones históricas en torno a la defensa de los territorios, a mandatar sobre su propio destino, ser puente de comunicación con actores externos—entre ellos, grupos ilegales que amenazan la convivencia—, y apoyar procesos de justicia transicional y verdad, entre otros.

El reconocimiento y el fortalecimiento de estas formas colectivas de protección son fundamentales, pues ponen de presente que la población civil no solo es víctima sino agente de cambio. Carlos Rosero, líder social del pacífico, en un encuentro internacional sobre resistencias afirmaba que «mientras en la guerra se busca controlar territorios, recursos y población, las comunidades que la resisten han hecho expresa la decisión de que sus territorios, sus recursos, ellas y sus actividades sean mantenidas al margen de la confrontación».

Esto fue estudiado por Oliver Kaplan, en el libro Resistir la Guerra. O cómo las comunidades se protegen a sí mismas. De acuerdo con el autor, en medio de un conflicto armado las organizaciones encarnan formas de cooperación que fortalecen la autonomía de sus comunidades, influencian los actores armados y limitan la violencia. Las organizaciones pueden evitar fracturas en la comunidad; desarrollar diferentes liderazgos; sistematizar información para entender las condiciones de seguridad y negociar con actores externos.

En ese sentido también avanzó el Acuerdo Final de Paz principalmente a través del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, o Decreto 660 de 2018. Este instrumento plantea medidas que, por un lado, buscan fortalecer las organizaciones sociales que están en medio de la confrontación armada y, por el otro, crean  mecanismos de participación entre la población y las autoridades civiles en los distintos procesos de toma e implementación de las distintas medidas de seguridad. A pesar de los objetivos de este decreto, su implementación se truncó en el gobierno de Iván Duque.

Gobierno Duque. La mirada militarista del Estado en la protección de las comunidades y los defensores de derechos humanos

Después de la firma del Acuerdo Final de Paz y durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), la guerra entre actores armados se intensificó escandalosamente. El retiro de las FARC-EP, como uno de los primeros pasos de la implementación de lo acordado en La Habana, puso en disputa los intereses de varios actores armados alrededor recursos, rutas, cultivos, etc en al menos 242 municipios, quienes desplegaron dinámicas de violencia directa sobre la población civil con consecuencias desastrosas. Tan solo entre los años 2016 y 2019 ,  por lo menos 415.520 personas tuvieron que desplazarse de manera forzada del lugar en donde vivían y en los dos últimos años del gobierno Duque (2020 y 2021) se registraron 323 asesinatos a líderes sociales y ocurrieron al menos 132 masacres con un total de 539 víctimas. Ante esta crítica situación, la reacción del gobierno Duque fue la militarización y la protección individualizada de quienes se encuentran en alto riesgo de ser agredidos o asesinados.

Al respecto, la Política de Defensa y Seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad 2018 y 2022 del gobierno Iván Duque planteó que la primera acción en los lugares con presencia de organizaciones armadas ilegales sería el despliegue de las Fuerzas militares y de policía para “eliminar los factores de inseguridad”. La estrategia planteó que las Fuerzas Armadas cumplirían funciones de prestación de servicios básicos de emergencia, mientras se creaban las condiciones de seguridad para que puedan llegar las instituciones públicas. De acuerdo con esta política, solo en la segunda etapa, cuando se logra la desarticulación definitiva de los grupos armados, llegaron las instituciones civiles del Estado.

La mirada del Estado para la protección de los derechos de la población civil se centró, entonces, en la militarización ¿Por qué se priorizó la militarización y se determinó el tiempo de acción de esta a la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales, si su presencia ha sido continua por al menos 50 años? Y ¿por qué la presencia del Estado es representada por las fuerzas armadas cuando las mismas son responsables de una buena parte de las violaciones más graves de derechos humanos durante el conflicto armado, como indicó el informe final de la Comisión de la Verdad?

En otras palabras, el enfoque militarizado de esta política desconoció las dinámicas de guerra propias de los territorios que buscaban proteger. Otro ejemplo ilustrativo de esto son las medidas de protección de defensores de derechos humanos en alto riesgo. Son sobre todo medidas individuales compuestas de escoltas, armas de corto alcance, camionetas blindadas y medios de comunicación como celulares o botones de pánico. Esto podría sonar bien, si se ignora que donde ocurren la mayoría de asesinatos y agresiones es en zonas rurales, con mala infraestructura vial y poca señal de celular. Incluso, son zonas en donde los chalecos y las camionetas pueden poner en mayor riesgo a los protegidos al llamar la atención de grupos armados organizados que tienen alta fuerza armamentística en comparación con la persona amenazada.

En otras palabras, las medidas no protegen necesariamente a la persona en riesgo, como lo ha mostrado el asesinato de personas con esquemas de seguridad o el de sus escoltas, y desconoce los impactos de los hechos en la comunidad o incluso los motivos del accionar de los grupos armados. Un ejemplo fue lo que sucedió en San José de Uré en el 2018. Luego del miedo creado con el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal, un grupo ilegal convocó a la comunidad a la plaza y allí les dieron plazo hasta al medio día para abandonar su territorio, provocando el desplazamiento masivo de las personas residentes en la zona.

Gobierno Petro. Los retos de la seguridad humana y la implementación del Acuerdo Final de Paz 

Tomar distancia de las acciones del gobierno pasado y trasegar un nuevo camino en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final de Paz parece ser el camino de Gustavo Petro frente a las vulneraciones de derechos contra la población civil. De acuerdo con el nuevo presidente, el enfoque de seguridad humana estará en el centro de su política de seguridad. Aunque aún no se encuentra un documento que explique cómo aterrizará el gobierno este concepto durante los próximos 4 años, se anunció la creación de consejos de seguridad donde no solo está la Fuerza Pública, sino otras instituciones no armadas en aras de “identificar que las causas del crimen son múltiples y están relacionadas con las circunstancias sociales en las que se desarrolla una población”.

Así, después de este anuncio y con tan solo unos pocos días en la presidencia, Gustavo Petro recibió por parte de plataformas de derechos humanos y Congresistas—entre ellos defensores de derechos humanos y congresistas del Partido Comunes, el partido político de las antiguas FARC-EP—, el Plan de Emergencia para la Protección a personas líderes sociales, defensoras de DD.HH. y firmantes del Acuerdo de Paz. Este plan es la ruta del gobierno para tomar medidas respecto de la protección de los líderes sociales.

El Plan de Emergencia trata el fortalecimiento de las organizaciones y, con esto, la implementación del Decreto 660. Este plan se aleja del enfoque del gobierno pasado, pues afirma la insuficiencia e ineficacia de la actuación de la fuerza pública desde indicadores de combates y neutralizaciones y sin presencia preventiva. Las acciones de este plan consisten en la priorización del decreto en 69 municipios; la evaluación y balance de la implementación de los planes piloto del gobierno anterior, un reajuste institucional para elevar la dirección de derechos humanos a viceministerio y la creación de la dirección de protección colectiva.

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Los mínimos en el proceso con el ELN

De acuerdo con el Director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, en la presentación del informe ‘Garantías para el cambio’, la reactivación del Decreto 660 también busca una transformación institucional en donde:

• Se pueda acceder a la protección colectiva por demanda y no por oferta y a través de una ruta de acceso;
• Se trabajen integralmente los componentes del Decreto y se le otorguen más recursos; y,
• Se cree un catálogo mínimo de medidas que puedan ser aplicadas contextualmente

De acuerdo con Castañeda y con el Plan, los «Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV)» se encargarían de evaluar, asignar y revisar medidas de protección, y serían los canales de comunicación de las necesidades particulares de los territorios. Si el Plan busca implementar el decreto, también debe considerar las instancias que crea el mismo con participación de autoridades locales. Pero cómo se llevarán a cabo estas instancias está en veremos. En concreto, el fortalecimiento de la organización colectiva estaría dada por crear medidas que sean de utilidad en los mecanismos de autoprotección de las comunidades,  tales como: casas de refugio; transporte fluvial; enlaces de respuesta rápida, sistemas de alerta temprana y apoyo a formas organizativas de protección como las  guardias, etc.

En la protección colectiva… Lo que queda es camino por andar

La protección colectiva ha sido una de los pedidos de los defensores de derechos humanos en Colombia para avanzar en la garantía de su seguridad y el de las comunidades con quienes se resisten a ser partícipes o víctimas de la guerra, en medio de una situación de violencia aterradora que parece no cesar. Tan solo en el año 2022 171 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Por esa razón es necesario analizar las políticas de seguridad de cara a los desafíos que impone la protección de los defensores de derechos y las comunidades por parte del Estado en contextos de violencia.

El cambio de enfoque de seguridad en medio del conflicto armado, por parte del gobierno Petro, es una deuda histórica del Estado Colombiano para proteger los derechos de la población civil. Si bien el anuncio de la seguridad humana como base de la política de seguridad y la implementación del Plan de Emergencia son pasos gigantes hacia ese objetivo, quedan varios retos para este gobierno. Sin duda, el primero de ellos es aterrizar y darle forma al concepto de seguridad humana en el contexto del conflicto que atraviesa Colombia. El Plan de Emergencia es un buen comienzo, es importante asegurar la participación de las distintas y muy variadas formas organizadas de defensa de derechos de un mismo territorio, reconociendo al tiempo, las fracturas entre las comunidades y los pueblos debido al conflicto armado y los tipos de relaciones que las mismas tienen entre ellas, con los actores estatales y armados y las empresas que tienen lugar en esos territorios.

Además, es importante la transparencia activa de las entidades con la difusión de la información de la oferta y las rutas de acceso que materializaron el Decreto 660 y los espacios de participación, a partir de lo cual se genere la democratización de las instancias y los recursos de protección y, con esto, la confianza entre el Estado y la población civil. En este punto, es valioso llamar la atención sobre la multiplicidad de instancias que llegan a los territorios, y  los objetivos y metodologías de participación de las mismas, pues se podrían estar repitiendo discusiones, desnaturalizando algunas creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz o desconociéndolas con nuevas figuras creadas por el Gobierno. Habrá que ver cuál es la relación entre los Consejos de Seguridad anunciados por el presidente Petro, los PMUV del Plan de Emergencia y los Comités del Decreto 660.

Por último, es importante reconocer el papel y la responsabilidad de alcaldías y gobernaciones en la implementación del Decreto 660, tal como lo establece este instrumento, y de otras instituciones como la Defensoría y la Procuraduría sin que el despliegue del gobierno central ocupen estos lugares y retenga responsabilidades que deberían ser de las autoridades territoriales. Esto sin desconocer que hay territorios complejos en donde la presencia del Estado central puede hacerse visible a través de la vigilancia, la supervisión y el acompañamiento dentro de un buen equilibrio de poderes.