Deforestación por ganadería: un laberinto para acceder a la información

Nos estamos comiendo la selva amazónica en las ciudades y no lo sabemos. Rastrear el origen de la carne y su relación con la ganadería y la deforestación en la Amazonía colombiana es un desafío debido a la escasez de datos relevantes, confiables e integrados. Además, persiste la falta de claridad sobre quién es responsable de producir y compartir esta información.

Este problema se debe, en gran medida, a la ausencia de un sistema de trazabilidad del ganado y la carne que incorpore una perspectiva ambiental. También refleja los desafíos existentes para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, lo que dificulta la transparencia y la toma de decisiones informadas.

Conocer si la carne comercializada está vinculada con la deforestación se ha convertido en un tema de interés público debido al incremento de la praderización y el crecimiento del hato ganadero en la Amazonía. Este fenómeno, impulsado por intereses de producción a bajo costo, especulación sobre tierras baldías y el control de grupos armados, ha afectado áreas estratégicas para la biodiversidad y la regulación climática, además de vulnerar derechos de comunidades locales, como en el caso de la invasión al territorio Nukak en Guaviare. Aunque legal, se ha evidenciado que la ganadería puede causar graves impactos ambientales o vincularse a delitos en la región.

Frente a esto, una sociedad informada tiene más herramientas para realizar veeduría sobre la gestión ambiental del país, tomar decisiones de consumo conscientes y,  en últimas, contribuir a la protección del ambiente. Así, fortalecer la producción y divulgación de información ambiental, tanto desde el Estado como desde actores privados, es un reto clave.

Hoy en día, la información sobre la relación entre la carne y la deforestación está dispersa entre diversos actores y los datos públicos al respecto son prácticamente inexistentes. Como resultado, son los privados quienes, principalmente, conocen el origen de la carne mediante la gestión de proveedores. En este contexto, tanto los privados como las entidades públicas presentan obstáculos que dificultan el acceso a la información y la implementación de una trazabilidad articulada.

Por un lado, actores privados del sector ganadero y comercial se niegan a compartir información clave bajo su control, incluyendo las zonas donde operan sus proveedores de ganado y las prácticas que adoptan frente a la deforestación. Aunque dicha información es de interés público, no la divulgan argumentando que es parte de su secreto comercial y debe mantenerse reservada.

Por otro lado, la información pública sobre la trazabilidad, el control de la ganadería y la deforestación presenta serias limitaciones. En primer lugar, no existe un sistema público de trazabilidad que permita vincular la carne con el ganado de manera efectiva, ni asociarla con predios, propietarios, prácticas sostenibles, acaparamiento de tierras, financiadores o indicadores de deforestación. En segundo lugar, los sistemas de información actuales no generan datos suficientes para articularse entre sí, y la información divulgada no resulta comprensible para las personas. Finalmente, las entidades y los demás actores responsables de vigilar o garantizar el acceso a la información no siempre la comparten.

El sistema de trazabilidad vigente, centrado en la salud animal, se enfoca en prevenir y controlar enfermedades, lo que limita la incorporación de otros aspectos como los ambientales. Aunque permite rastrear el movimiento de grupos de animales, no individualiza desplazamientos, dificultando verificar si el ganado o la carne están relacionados con la deforestación. El constante traslado de ganado entre predios y propietarios mezcla a los animales, complicando el control de su origen. Además, este enfoque hace que para la sociedad civil sea difícil comprender la información, pues exige solicitar datos dispersos en distintas entidades, analizar los movimientos consignados en permisos y compararlos manualmente con datos sobre deforestación.

Este enfoque sanitario también ha llevado a que entidades como el ICA, cuestionen sus competencias para integrar componentes ambientales. Asimismo, actores clave de la cadena, como plantas de sacrificio y fondos ganaderos, que deben divulgar información sobre el uso de recursos y la prestación del servicio público, en algunos casos no tienen claridad o las capacidades para hacerlo. A esto se suma la falta de transparencia: la información no se divulga por canales abiertos, no está sistematizada y se restringe el acceso a datos clave. Los sistemas ambientales de monitoreo a la deforestación, a cargo del IDEAM, también son cuestionados por las inconsistencias en la información y la falta de divulgación periódica. Tanto es así que la Procuraduría ha tenido que emitir alertas para que esta institución publique datos abiertos sobre la deforestación en la Amazonía.

Ante esta situación, la creación de un sistema de trazabilidad público que articule los diferentes aspectos tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de la garantía del derecho de acceso a la información, ya que requiere utilizar datos producidos por diferentes entidades, lo que implica garantizar que dicha información sea de calidad, confiable y divulgada públicamente de manera comprensible y periódica.

La incorporación del Acuerdo de Escazú orienta para superar la dicotomía entre las obligaciones del Estado y los actores privados, ya que refuerza la protección de acceso a la información ambiental y obliga al Estado a generar y difundir datos ambientales relativos al ambiente, sus elementos, los riesgos y la gestión ambiental; además de tomar medidas para garantizar que los consumidores accedan a información oficial sobre las características ambientales de los productos y las prácticas de sostenibilidad.

Existen además experiencias internacionales que pueden servir de ejemplo para una mayor transparencia en la ganadería, aunque aún falta tiempo para evaluar su efectividad. En Brasil, el Catastro Ambiental Rural (CAR) proporciona mayor claridad sobre el origen y la producción en las primeras etapas de la cadena de suministro. En 2024, en el estado de Pará, se implementó el rastreo individual del ganado con el objetivo de cubrir el 100% del ganado desde su nacimiento hasta su sacrificio para 2032.

Si bien es fundamental integrar variables ambientales, de propiedad de la tierra y financieras para lograr mayor transparencia, esto requiere generar información confiable y verificada, además de fomentar una divulgación más amplia que permita a la ciudadanía y otros actores interesados acceder a los datos públicos, comprender los vínculos con la deforestación y ejercer control ciudadano. Sin estos elementos, controlar la ganadería vinculada a la deforestación y sus graves implicaciones seguirá siendo un desafío pendiente.