Dejusticia: una década pensando cómo hacer paz con justicia

Los últimos diez años han sido vertiginosos en materia de paz y derechos en Colombia. El país ha convivido con un enorme contingente de desmovilizados, ha visto crecer un dinámico movimiento de víctimas del conflicto y, para dar cuenta de ello, ha sido testigo de la creación y el desarrollo de un sinnúmero de leyes e instituciones oficiales encargadas de cientos de procedimientos para víctimas y excombatientes.

Las vueltas y revueltas de estos años han ido acompañadas de enconados debates políticos y álgidas y profundas discusiones jurídicas. Hoy en día, por ejemplo, el concepto de “Justicia transicional” se escucha de manera repetitiva como un eslogan casi necesario en las discusiones de paz y víctimas. En el centro de la discusión de este difícil y necesario balance entre paz y justicia han estado organizaciones sociales y académicas que han apoyado desde el mundo de las ideas y propuestas todo esta revolución de derechos.

Una de éstas ha sido el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, una organización con base en Bogotá cuyos inicios coincidieron con estas controversias y que desde su formación ha sido un activo participante en este debate. Y a la cabeza del trabajo de Dejusticia ha estado, su entonces director, el abogado Rodrigo Uprimny, quien es visto hoy como un referente nacional e internacional en estos temas.

Conceptos nuevos y extraños

Cuando se empezó a hablar de acercamientos para el desarme de los grupos paramilitares, que en ese entonces se habían convertido en un temible poder extendido en distintas regiones del país, se despertaron muchas preocupaciones en las organizaciones de víctimas. De un día para otro se empezó a hablar de la necesidad del perdón, del concepto de justicia restaurativa como alternativa al castigo, de alternatividad penal y de reconciliación.

Expertos de muchas regiones del mundo animaron esta discusión con experiencias de otros lugares y conflictos. Un desfile casi tan interminable como confuso de experiencias, recomendaciones, buenas prácticas y consejos llenó el ambiente político del país mientras que en el Congreso se discutía una propuesta de “marco jurídico” para la legalización de los acuerdos.

En esta primera época era vital ordenar las ideas y presentarlas de manera menos académica al debate político. Fue entonces cuando Dejusticia, junto con otras organizaciones, se dedicó a buscar aterrizar estos conceptos teóricos, con base en dos principios. Por un lado, discutiendo esa idea de que Colombia es única y, por tanto, no es posible usar la experiencia internacional para enfrentar nuestros problemas. Y, por el otro, discutiendo también esa creencia de que los problemas colombianos están ya sobre-diagnosticados y, por ende, no es necesario seguir haciendo estudios, sino más bien tomar decisiones rápidas.

De los conceptos al diseño de instituciones

La discusión tomó, como suele suceder en este país, un rumbo vertiginoso. En una cuestión de meses ya se estaba implementando el sistema de Justicia y Paz, instalando tribunales, seleccionando magistrados e iniciando los juicios. Ingresaron al léxico político temas como “versiones libres”, “postulados”, “grupos armados organizados al margen de la ley”, “crímenes de lesa humanidad”, entre muchos otros. Todos ellos herederos de un lenguaje jurídico dominante en nuestra realidad.

La discusión se trasladó entonces a cómo hacer realidad en la práctica esos derechos a la verdad, la justicia y la reparación que había establecido la Ley de Justicia y Paz en sus primeros artículos. Mientras el Estado se organizaba, de manera gradual, y a veces muy lenta, crecían tanto las expectativas, como las necesidades de las víctimas. Importantes movimientos de víctimas empezaron a conformarse para reivindicar de manera organizada sus derechos.

Entre las múltiples víctimas que por décadas habían sido invisibilizadas por la sociedad y que no veían en este nuevo modelo una respuesta concreta a su situación fueron las personas víctimas de desplazamiento forzado interno. El despojo armado y las condiciones específicas de su desplazamiento se habían convertido en una crisis gigantesca y nadie parecía tener la clave para enfrentarla.

La Corte Constitucional dio un importante paso al frente al declarar la cuestión como una terrible violación masiva de derechos (“estado de cosas inconstitucional”, en el lenguaje que usa la Corte) y al hacer seguimiento al Gobierno para la estructuración de una política pública. Aquí, de nuevo, el papel de las organizaciones sociales fue vital y se canalizó, en buena medida, a partir del trabajo de una coalición denominada “Comisión de Seguimiento al Desplazamiento Forzado”, de la cual hacen parte organizaciones como Codhes, Viva la Ciudadanía y Dejusticia.

La Comisión nunca pretendió reemplazar a los movimientos de víctimas y organizaciones de base, sino aportar con otros medios al proceso iniciado por la Corte. Uno de ellos fue pensar cómo medir de manera confiable si el Estado estaba o no respondiendo a lo que el tribunal le exigía. Y por ello la Comisión se enganchó en dos tareas que han sido fundamentales para la garantía de los derechos: primero, en crear indicadores confiables para evaluar la información; segundo, en hacer verificación de la situación a partir de la recolección de información mediante encuestas y entrevistas.

Más temprano que tarde, los procesos liderados por las víctimas mediante sus reivindicaciones políticas y estos mecanismos más técnicos confluyeron en una bandera política que terminó siendo una de las ganancias más importantes para la democracia colombiana de esta última década: la Ley de víctimas y restitución de tierras.

Las nuevas negociaciones y las perspectivas de paz

Todavía el movimiento de víctimas no salía del asombro de que el Gobierno hubiera promovido de manera activa la Ley de víctimas, cuando sus aliados en el Congreso empezaron a echar andar la idea de la necesidad de ambientar negociaciones de paz con las guerrillas.

Una vez más, el debate político se canalizó mediante una discusión jurídica: el marco jurídico para la paz. Y en el intermedio, el país se enteró de los acercamientos entre el Gobierno y las Farc, se publicó el acuerdo inicial de agenda de Oslo y se montó el proceso de La Habana.

Un proceso que ha tenido altos y bajos, pero que en líneas generales ha demostrado que los 10 últimos años no han sido en vano. Es por ello que ese ofensivo “Quizás, quizás, quizás” de la guerrilla ante la pregunta de si se reconocería a las víctimas de atrocidades, ha quedado prácticamente enterrado con los últimos acuerdos sobre comisión de la verdad, sistema de justicia y unidad de búsqueda de desaparecidos. Algo que no se hubiera alcanzado sin la tenacidad de las víctimas y el apoyo de sus aliados.