Del acceso a la información pública ambiental y otras pesadillas ciudadanas

El tortuoso proceso de aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú se dio de esa manera por cuenta de argumentos mentirosos y acomodados, como que tenemos suficientes normas e institucionalidad para proteger y garantizar los derechos que el tratado busca fortalecer. El acceso a la información pública es, a mi juicio, el que más claramente ilustra la necesidad de regular este derecho fundamental dadas sus grandes deficiencias en el rol del Estado.

Suponga que usted tiene una finca y le llega una notificación de que quieren comprarle su predio para una carretera de la que ni usted, sus vecinos o conocidos tienen conocimiento. De entrada, ya el proyecto está diseñado y usted no sabía. Los afectados intentan buscar información en la alcaldía, las oficinas de planeación o demás entidades locales, pero éstas tienen poca o ninguna información disponible, porque puede que no sea una obra de su competencia. O porque es competencia de varias, en cuyo caso, el ciudadano tiene la carga de averiguar a quién debe pedir dicha información y solicitarla entidad pública por entidad pública. 

Si la información que usted pide está en manos particulares, y tiene cierto grado de “sensibilidad”, lo más probable es que se la nieguen. A esto súmele el tiempo que tardan una y otra entidad para responder. En general contestan a tiempo, pero las respuestas suelen ser incomprensibles, insuficientes o no tienen que ver con las preguntas que se les hacen. Lo más lógico es que a esta altura usted ya esté desesperado, aburrido o resignado. Si no es así, siempre la acción de tutela surge como última opción y suele funcionar. Pero es un desgaste personal, comunitario y de la administración de justicia.

Obtenida la información, usted estará lidiando el proceso de entender qué pasa y de realizar múltiples “derechos de petición” (que técnicamente son un tipo de solicitudes de acceso a información pública) ante la insuficiencia de la información ofrecida por las entidades públicas y/o las páginas virtuales de las entidades nacionales, que contienen información técnica y científica, incomprensible muchas veces hasta para expertos, y en volúmenes imposibles de manejar. Esto, si es que usted cuenta con la fortuna de tener acceso a internet y dispositivos para conectarse, así como los software que se requieren para leer los mapas, y poder procesar la cantidad de información que le dan -si es que se logra obtener-. La información pública ambiental no es clara, ni culturalmente adecuada, lo que implica que la ciudadanía no la puede usar. 

Y, por favor, no cometa el pecado de pedir mapas con distintas variables. Si corre con la suerte de encontrar libre la información y que no le cobren, seguro se enfrentará con  algunos traumas en el camino. En este momento, el ciudadano tiene la carga, no solo de interpretarlos, sino de cruzarlos (compararlos y sacar conclusiones) según lo que cada entidad tenga disponible. Esto mismo se repite con la información que tienen los distintos niveles de la administración pública y sus sectores. Porque si además de una vía, resulta que se cruza una solicitud o una concesión minera, más un nacimiento de agua y una ruta de una especie animal protegida, es altamente improbable que las personas potencialmente afectadas sean informadas. Y es bueno mencionar que, casi siempre, las mujeres están dedicadas a las labores de hogar en los horarios de atención de despachos públicos, lo que hace aún más difícil que puedan acceder a los datos y funcionamiento del Estado. 

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Para hacer el recuento más trágico, si la vía y la concesión minera pasan sobre un resguardo indígena, la situación del acceso a la información ambiental sobrepasa cualquier atisbo de buena voluntad estatal. Por ejemplo, las formas tradicionales de participación de estos pueblos requieren reunión y discusión, lo que en ocasiones toma días de camino recorridos para llegar al punto colectivo de encuentro. Para esto, la información debe llegar oportunamente, lo que es difícil en territorios alejados. 

Además, la información que llega lo hace sin consideraciones del público al que se dirige y, de nuevo, el Estado entrega ingentes volúmenes de datos duros sobre ciencias naturales y sociales  -que requieren expertos que puedan explicar lo que los otros expertos dijeron- sin “traducción” adecuada para que las personas puedan sacarle el provecho, entender y participar efectivamente en los planes que tiene el Estado para el lugar que habitan. Así, la información para la participación no llega a los territorios 

No. No es un asunto de ajustes menores. El problema es estructural en el país y no hay una política pública adecuada que garantice que podamos acceder a la información ambiental y así participar con conocimiento en las decisiones que se toman sobre el territorio. Hay muchas expectativas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú, pero falta un enorme camino por recorrer. 

Y tampoco es un problema exclusivo del sector ambiental. La información que se necesita para comprender, analizar y solucionar conflictos ambientales reposa en las diferentes entidades responsables de proyectos de utilidad pública e interés general (minería, energía e hidrocarburos, agricultura y tierras, infraestructura, etc.), con incidencia en poblaciones vulnerables razón por la cual el Estado, en su conjunto, debe establecer los mecanismos necesarios e integrales para informar a la ciudadanía.

Existen varios caminos. La adopción de una política pública sería un buen inicio. También, crear un órgano especializado que pueda atender específicamente las necesidades en la materia. Sobre todo, aplicar lo dispuesto en el tratado de Escazú y desarrollarlo. Si el fortalecimiento de la participación ciudadana en los territorios es una apuesta de este Gobierno, los diseños institucionales para informar a la gente deben replantearse.