Por qué exigimos que el gobierno colombiano detenga la deforestación

Durante mis años de pregrado, dediqué la mayor parte de mi tiempo a cuestiones relacionadas con el cambio climático. Al haber nacido en Colombia, estaba particularmente preocupada por los impactos climáticos en los países del Sur Global y las acciones, o en su defecto la omisión, de los gobiernos para enfrentar este fenómeno.

También me desconcertaron las ambiciosas posturas de Colombia en las negociaciones climáticas de la ONU, dado un cuestionable historial ambiental en el país. Estaba convencida de la importancia de estudiar la política exterior sobre cambio climático en Colombia.

Entonces, como parte de mi investigación de tesis, asistí a las conferencia climática de París en 2015. Fue entonces cuando escuché al presidente Juan Manuel Santos reafirmar el compromiso del gobierno para reducir la deforestación a cero en la Amazonía colombiana para el 2020. En ese momento, el gobierno también anunció su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para 2030, preocupándose por apoyar la acción climática.

Para entonces, había sido activista para la desinversión en carbón, investigado la extracción de combustibles fósiles, impulsado legislación local sobre cambio climático y asistido a suficientes charlas climáticas de la ONU para saber una cosa: el cambio climático amenazaba el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo y no estábamos haciendo lo suficiente para detenerlo.

Fue también cuando supe que a pesar del lento progreso en las negociaciones sobre el clima y la incapacidad de los gobiernos de avanzar en sus planes para reducir las emisiones y adaptarse a un mundo cambiante, los activistas de cambio climático recurrían a una nueva estrategia: el litigio climático.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde marzo de 2017, se han presentado 654 demandas por daños climáticos en los Estados Unidos y otras 230 en el resto del mundo. Si bien la mayoría de estos casos se concentran en gran medida en el hemisferio norte, países como India, Sudáfrica, Filipinas y Pakistán también han visto litigios climáticos.

Fuente: Universidad de Columbia. Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático

El litigio climático se ha convertido en una tendencia mundial y una herramienta para impulsar la acción climática a través de los tribunales. En la mayoría de los casos, los accionantes están demandando a los gobiernos por no cumplir con sus objetivos climáticos, por no adoptar políticas ambiciosas de mitigación de emisiones, o aprobar proyectos específicos que contribuyen al cambio climático.

Según la abogada australiana Sophie Marjanac, la perspectiva de este tipo de demandas está mejorando debido a dos factores. Primero, hay un número creciente de gobiernos con compromisos específicos sobre la acción climática. En segundo lugar, la ciencia climática está mejorando, lo que permite que la ciencia de atribución refuerce los argumentos de responsabilidad climática.

Inspirada en esta ola de demandas recientes, Dejusticia decidió apoyar una acción legal para enfrentar el cambio climático y sus impactos devastadores en Colombia. Como ONG, hemos tradicionalmente utilizado el litigio estratégico como una forma de llamar la atención a temas clave a nivel nacional y tener un impacto social más amplio.

Este tipo de acción legal tiene el potencial de llegar a la Corte Constitucional, lo que a su vez puede sacudir a las otras ramas del gobierno por no garantizar los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Los litigios también pueden provocar un debate público y sus efectos pueden ir más allá de los propios casos.

Es por eso que decidí unirme a otros 24 jóvenes colombianos para demandar al gobierno nacional por no frenar la deforestación en la región amazónica.

Los accionantes y su abogado César Rodríguez Garavito (director de Dejusticia).