¿Demasiado grande para no caer?

Este es un avance significativo para garantizar los derechos humanos, pues varios órganos de Naciones Unidas sostienen que la corrupción tiene efectos negativos para el desarrollo y la protección de los derechos. Según el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, que no está exento de críticas, el 68% de los países de las Américas tienen un puntaje menor a 50. Esta cifra es preocupante si se tiene en cuenta que la puntuación tiende a cero cuando la percepción de corrupción es mayor.

Este problema es viejo y serio en la región. Entonces ¿qué es lo novedoso? Lo realmente nuevo es que se están procesando penalmente a altos funcionarios del Estado. Veamos cinco casos. En Guatemala, varios funcionarios, incluida la ex vicepresidente de la República, están involucrados en un escándalo de corrupción aduanera de gran envergadura, y otros fueron recientemente capturados por fraude en contra del  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero no sólo los funcionarios del poder ejecutivo son actualmente investigados, sino que hay al menos tres magistrados de la Corte Suprema involucrados en diversos escándalos. Todo ello ha generado un movimiento ciudadano muy relevante, promovido a través de redes sociales e identificado con hashtags como #JusticiaYa,  que también se  moviliza físicamente en las calles de Guatemala.

Y si allá llueve, en el vecino país de Honduras no escampa. Recientemente se conoció un millonario desfalco en contra del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), por el cual está detenido el exdirector del Instituto. Pero, además, el proceso generó debates en torno a la lentitud de la justicia, a tal punto que el Consejo de la Judicatura investiga la demora judicial en los casos de corrupción. Este proceso también generó una importante movilización ciudadana, conocida como los indignados contra la corrupción, que marcha en las calles de Honduras y exige soluciones concretas.

Como si esto fuera poco, Panamá abrió un proceso contra el ex presidente Ricardo Martinelli por interceptación ilegal de comunicaciones y varios de sus ex ministros están detenidos por corrupción. Pero adicionalmente, un ex magistrado de la Corte Suprema fue condenado por enriquecimiento injustificado y otro es investigado por delitos similares. En ese país también hubo movimientos ciudadanos, como el que pidió “cárcel para los corruptos”.

Colombia tampoco se queda atrás. No sólo hay varios funcionarios del poder ejecutivo y legislativo condenados por distintos delitos, sino que en 2015 los escándalos tocaron “la joya de la corona” de la Rama Judicial: la Corte Constitucional. Esto último generó gran indignación y llevó a la creación de algunos movimientos ciudadanos, tales como un cacerolazo que pidió la renuncia de todos los magistrados y un #SOSPorLaJusticia.

Y un país muy emblemático en esta “ola latinoamericana” es Chile. Actualmente, en el “Caso Penta” se procesan varios congresistas y un ex candidato a la presidencia por defraudación tributaria. Como si eso fuera poco, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet es investigado por uso de información privilegiada y tráfico de influencias, lo que afecta la popularidad de la presidenta de Chile.

Y la lista es larga. Podría mencionar el caso de corrupción de Petrobras en Brasil que ha implicado el cambio de la cúpula directiva de esta empresa pública y las indagaciones que se siguen contra varios políticos brasileños; o las investigaciones que se llevan a cabo contra Nadine Heredia, la esposa del presidente de Perú. Además, pareciera que los procesos nacionales por corrupción a altos funcionarios no solo pasan en este continente. Sin embargo, dadas las similitudes entre los países latinoamericanos respecto la democracia y el Estado de derecho, me concentro en los casos de esta región para mostrar los ejes comunes que comparten y que, en mi opinión, permiten el procesamiento de los los altos funcionarios.

En primer lugar, el escenario institucional y social de los países mencionados permite iniciar los procesos y, en algunos casos, enjuiciar y condenar a los funcionarios. Eso se debe a dos cosas. Por un lado, a que los mecanismos institucionales para investigarlos han sido utilizados, lo que muestra que cuando el control de los funcionarios se quiere ejercer, éste da resultados. En general, salvo en el caso de Guatemala, los procesos han estado exclusivamente a cargo del sistema nacional ordinario. A veces cuando los funcionarios han tenido fuero, se ha empleado el mecanismo de antejuicio político, es decir, el procesamiento a través del Congreso. Por ejemplo, en Panamá éste fue el procedimiento utilizado para sancionar al magistrado de la Corte Suprema.

Por otro lado, el escenario social en el que surgen los casos genera una gran indignación y movilización ciudadana que estimula los procesos. En una región tan desigual como la latinoamericana, la defraudación al sistema de impuestos o el tráfico de influencias para enriquecimiento por parte de quienes  devengan los mayores salarios, genera un gran repudio social. Más aún, si esto implica desfalcar el sistema de salud que beneficia a todos los ciudadanos. Tal vez por ello, sobre todo en algunos países, el uso de redes sociales por parte de la ciudadanía y su constante movilización a la plaza pública, genera mayor presión para continuar los procesos

Por último, en la mayoría de países, ninguna rama del poder público ha estado exenta de los escándalos. No deja de llamar la atención que en varios lugares sean procesados: expresidentes, ministros, jueces y políticos al mismo tiempo. Aunque todavía es temprano para cantar victoria ya que muchos casos están en fase de investigación, el solo hecho de tener investigaciones penales abiertas es significativo. Parece entonces, que no hay poder en el Estado que sea demasiado grande como para no caer!