Democracia sin Estado

El riesgo de corrupción es particularmente alto en los municipios alejados de los grandes centros urbanos (aunque no es sólo en ellos). Allí la administración no funciona, no hay agua potable, las vías de acceso están en pésimo estado, la justicia es inoperante, el recaudo de impuestos es mínimo y los servicios públicos son deficientes. Sin embargo, nada de esto impide que los pueblos de esos municipios estén inundados de pancartas con candidatos de todos los pelambres que prometen el cielo y la tierra en medio de un desorden que ellos mismos, o sus partidos, ayudaron a crear. Al contrario, la debilidad del Estado local parece nutrir el apetito de candidatos que ven en esa impotencia la oportunidad para apoderarse más fácilmente de las instituciones locales.

Así las cosas mañana, en una buena parte del país, tendremos una jornada de “democracia sin Estado”, lo cual es una contradicción en los términos; algo así como el “hielo abrazador” de Quevedo, o los “placeres espantosos” de Baudelaire, y claro, sin el más mínimo sentido poético.

La democracia no opera en el vacío, sino que requiere de instituciones fuertes, que la protejan de quienes la quieren capturar para beneficio propio. Sin Estado no sólo no hay democracia, sino que hay algo incluso peor: un remedo de democracia, con todo el potencial falsamente legitimador que ello tiene.

La debilidad del Estado local en la periferia es, a veces, favorecida por la corrupción o el cinismo de los partidos nacionales, como ocurrió con los avales que el Partido Liberal y Cambio Radical (entre otros) le dieron a los candidatos locales cuestionados de muchos municipios.

Adicionalmente, el Estado central es incapaz de controlar el trasteo de votos, que es un problema originado en la falta de empadronamiento, es decir de información sobre el lugar de residencia de los ciudadanos. Esta falta de información tiene raíces históricas y se origina en la desconfianza que los ciudadanos tienen de las instituciones, sobre todo de la Policía. Pero la oposición al empadronamiento es tan explicable como contraproducente: que el Estado no sepa dónde vive la gente puede ser una manera de evitar abusos, sin duda, pero también es un obstáculo que impide que la policía proteja a la población y, en el caso que nos ocupa, que las autoridades electorales frenen la captura del sistema electoral por parte de los corruptos.

Eso ocurrió esta semana cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) intentó atacar el trasteo de votos cruzando diferentes bases de datos en donde aparece información sobre residencia. Así anuló 1.600.000 cédulas. Pero lo hizo mal, de manera tardía y con datos desactualizados. No obstante descubrió un problema peor del imaginado. En efecto, por muy grande que sea la equivocación del CNE, no parece que pueda ser mayor al 25 o 30 por ciento, con lo cual estaríamos hablando de más de un millón de cédulas trasteadas. Ni siquiera la suma de todos los inmigrantes que han llegado a Europa este año alcanza esa cifra.

Ahora que estamos a punto de resolver el problema de la guerra, nos queda el problema (agravado) de la corrupción electoral, que es la base de casi todo el resto de la corrupción. Tal vez deberíamos empezar por entender que estos dos males (guerra y corrupción electoral) tienen causas más comunes y más profundas de lo que parece, y que una de ellas es la debilidad del Estado. Tenemos que resolver ese problema si no sólo queremos tener paz, sino paz democrática.