Depende de cómo me vaya

Me temo que nos iría mal con ese cálculo. Aquí muchos interpretan el derecho y las instituciones según como les vaya en el asunto. Una muestra de lo que digo se aprecia en el debate actual sobre las medidas cautelares tomadas esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el alcalde Petro.

Para empezar, la Corte Constitucional ha establecido la obligatoriedad de las medidas cautelares tomadas por la CIDH (ver sentencias T-786/03, T-524/05, T-558/03, T-367/10, T-585A/11). Pero esa jurisprudencia tiene enemigos a ambos lados del espectro político. Muchos de los que celebraron, desde la izquierda, la intervención de la CIDH el martes pasado son críticos acérrimos del sistema interamericano de derechos. Les gusta que la CIDH haya decretado medidas cautelares a favor de Petro, pero no dijeron ni una palabra cuando Chávez despotricó de la CIDH y la expulsó de su jurisdicción. También piden que los jueces internacionales vengan al país a defender los derechos de los campesinos a la protesta, pero rechazan la intervención de esos jueces cuando se trata de proteger los derechos de quienes se oponen a Nicolás Maduro o Rafael Correa.

Las inconsistencias de la derecha son aún más notorias. Quienes se oponen a que la CIDH intervenga en el caso Petro, con el argumento de que somos un país soberano, son los mismos que invocan la justicia internacional y el DIH para oponerse al marco jurídico para la paz. Nadie se contradice más en estas materias que el procurador Ordóñez, quien, por un lado, visita la Corte Penal Internacional para que imparta justicia en el proceso de paz contra las Farc, pero, por el otro, se niega a que los jueces del sistema interamericano protejan los derechos de Petro. Como quien dice, cuando se trata de imponer obligaciones a los enemigos políticos, bienvenida la justicia internacional, cuando se trata de defender sus derechos, en cambio, somos soberanos y que nadie se meta.

Hoy, cuando se negocia la paz en La Habana, el senador Álvaro Uribe y sus partidarios son abanderados de la justicia y de la lucha contra la impunidad, pero hace ocho años, cuando defendían la Ley de Alternatividad Penal para desmovilizar a los ‘paras’, no ahorraban ataques contra los defensores de derechos humanos que invocaban el DIH pidiendo justicia y no impunidad. José Miguel Vivanco (de HRW) era entonces un innombrable para ellos; ahora lo citan cuando quieren atacar las negociaciones de La Habana.

Al presidente Santos le pasa lo mismo: le hace venias al derecho internacional en los foros mundiales, pero cuando esas venias conllevan costos políticos internos, como en el caso de Petro, hace lo mismo que hacía Chávez y que hoy hacen Maduro y Correa: desconocer olímpicamente los principios del DIH.

Me pregunto qué estaría pasando si los protagonistas de este debate tuviesen colores políticos opuestos a los que hoy tienen. Supongamos que el mal alcalde fuera Pacho Santos, que el procurador que lo destituye fuera Piedad Córdoba y que el congresista que impulsa su revocatoria fuera Guillermo Jaramillo. ¿Qué estarían opinando hoy los abogados del Gobierno y los periodistas de Caracol, BluRadio, El Tiempo, etc.? No me arriesgo mucho si digo que creo que estarían diciendo lo contrario de lo que han dicho esta semana