Derechos Sin Fronteras

Cada día miles de Venezolanos llegan a Colombia huyendo de la crisis, uno de ellos es Johan quien antes de salir trabajaba para Movistar como ingeniero de telecomunicaciones. Hoy, después de tres meses en Bogotá, vende dulces en Transmilenio. Mientras tanto, en Texas (EE.UU) Sonia limpia casas. En México vivía en el estado de Tamaulipas donde administraba su propio restaurante. Johan y Sonia[1] son dos de los 25,3 millones de personas que, de acuerdo con el ACNUR, han sido desplazadas forzadamente en el mundo “a causa de la persecución, los conflictos, la violencia y las violaciones de derechos humanos” y quienes debieron cruzar las fronteras de sus países en busca de protección y oportunidades para sobrevivir.

Johan decidió salir de su país por el miedo de quedar atrapado en caso de un cierre definitivo de las fronteras. La violencia en las calles, la represión de las protestas y las permanentes violaciones al derecho a la libertad de expresión y a la salud debido al desabastecimiento de alimentos y medicamentos hicieron que para Johan sobrevivir en Venezuela fuera insostenible.

En contraste, Sonia salió huyendo de México luego de ser torturada y abusada sexualmente por oficiales de la policía, quienes la acusaron de participar en tráfico de drogas por negarse a pagar una extorsión. Luego de estar detenida por más de un año, el juez la declaró inocente y ordenó abrir una investigación en contra de los policías. En retaliación, Sonia y su familia recibieron amenazas y decidieron salir a los Estados Unidos.

No todas las personas desplazadas forzadamente que llegan a otros países encuentran la misma respuesta frente a sus necesidades humanitarias. La atención que reciben dependerá de múltiples factores como la existencia de políticas y programas, la disponibilidad de recursos, la experiencia en el manejo de flujos migratorios, y la posición política del gobierno de turno frente a la migración.

A pocos metros de haber entrado a Estados Unidos, Sonia fue detenida por agentes y trasladada a un centro de detención. La mujer estuvo detenida por cerca de 5 meses con acceso restringido a comunicaciones y visitas. Durante ese tiempo, Sonia presentó su aplicación a refugio con apoyo de American Gateways, y hoy está autorizada para permanecer y trabajar legalmente en el país.

Por su parte, cuando Johan cruzó la frontera, el oficial de inmigración colombiano autorizó su entrada como “turista” por 180 días. Este tipo de visa no reconoce la grave situación humanitaria de venezolanos como Johan pues no le permite trabajar, ni acceder a servicios de salud (salvo urgencias médicas). Aunque el ACNUR ha hecho un llamado para que las personas que salen de Venezuela por la crisis sean consideradas como refugiadas y la legislación Colombiana establece que se otorgará este estatus a quienes se hubieren visto obligados a salir de su país por hechos de violencia generalizada u otras circunstancias que “hayan perturbado gravemente al orden público”, existen barreras de tiempo e información para acceder a este procedimiento.

Por ejemplo, sólo se permite presentar la solicitud al momento de ingresar al país o hasta máximo dentro de los dos meses siguientes, tiempo que resulta insuficiente considerando las condiciones en que llegan estas personas para quienes la prioridad es encontrar el techo y la comida de cada día. En el caso de Johan, nadie le dijo que él podía solicitar refugio en Colombia y los dos meses para presentar su aplicación ya se terminaron.

Las historias de Johan y Sonia muestran dos tipos de respuesta a una necesidad humanitaria desde países del norte y el sur global y evidencian los impactos (positivos y negativos) de estas respuestas. Los casos de Estados Unidos y Colombia son interesantes de analizar dadas sus experiencias particulares con flujos migratorios. Históricamente Estados Unidos ha sido el principal país receptor de personas desplazadas forzadamente en el continente Americano, cuenta con un sistema de inmigración estructurado con vías judiciales y administrativas para acceder a visas humanitarias y una sociedad civil organizada para representar los derechos de esta población. Por su parte, Colombia ha sido un país principalmente expulsor de población a causa del conflicto armado y por razones económicas. La llegada masiva de venezolanos es la primera crisis migratoria de gran escala a la que el Estado Colombiano debe responder.

Las políticas migratorias de Estados Unidos y Colombia tienen mucho que aprender una de la otra para que quienes están en la situación de Johan y Sonia puedan acceder a la protección que necesitan. Colombia necesita fortalecer sus rutas de atención y difusión de información para que pueda brindar una respuesta rápida, clara y flexible a esta población. Un ejemplo de este esfuerzo, es la creación de un permiso especial de permanencia para los venezolanos que hayan ingresado legalmente al país que les permite contar con permiso de trabajo. Así mismo, la sociedad civil debe habilitar espacios de discusión sobre las políticas migratorias y emprender acciones de asistencia legal y humanitaria dirigidas a esta población.

Por su parte, Estados Unidos debe revisar el uso de la detención como medio para controlar la migración, pues esta no sólo vulnera el derecho a libertad sino que ha tenido graves impactos en la salud física y mental de quienes entran al sistema en busca de protección. Adicionalmente, las reformas a las políticas migratorias deben ser una decisión de estado y no sólo del gobierno de turno. Dados los graves impactos de medidas como la reciente suspensión del programa de refugio por parte de la administración de Trump, es clave que se tengan en cuenta factores no sólo de orden político al momento de tomar estas decisiones.

El drama del desplazamiento forzado vulnera los derechos fundamentales de quienes como Johan y Sonia deben abandonar su familia, su vivienda y su trabajo para poder sobrevivir. Así los países receptores deben contar con políticas que garanticen la vida, la integridad y la unificación familiar de quienes son víctimas del desplazamiento forzado. En suma, los estados deben recordar que los derechos humanos no se pierden al cruzar una frontera.

[1] Las historias relatadas en este blog son el resultado de entrevistas realizadas por la autora en el marco de sus labores como investigadora de Dejusticia (Colombia) y asistente legal en American Gateways (Estados Unidos).

Foto destacada: Jonathan McIntosh