“Desantrichizar” la paz

Comparto la orientación del editorial de El Espectador del pasado martes que sostiene que debemos, en cierta forma, “desantrichizar” la paz: la suerte de la paz no puede ni debe depender de los comportamientos ni la arrogancia de Santrich.

Esto no significa desconocer que ha sido un duro golpe para la paz que Santrich haya abandonado su esquema de seguridad, sin dar ninguna explicación. Incluso si este comportamiento no es aún ilegal y Santrich acude a la indagatoria a la Corte Suprema el próximo 9 de julio, como tiene que hacerlo, su decisión inconsulta con la propia FARC ya ha golpeado la credibilidad del proceso de paz, como lo han hecho otras actitudes suyas en el pasado. ¿Quién no recuerda, al inicio de las negociaciones en Oslo, su inaceptable “quizás, quizás, quizás” a la pregunta de si las Farc iban a responder a sus víctimas?

Una cosa es reconocer que de hecho ciertos comportamientos de Santrich han afectado negativamente la paz; pero otra cosa distinta es aprovechar su arrogancia, o este grave incidente de abandonar su esquema de seguridad, para torpedear el Acuerdo de Paz y llamar a incumplirlo; o, peor aún, para legitimar un referendo que pretende no solo una radical modificación unilateral del Acuerdo de Paz, suprimiendo la JEP, sino también la revocatoria de todas las cortes. Un referendo así acabaría la paz e implicaría un peligroso vacío institucional. El chavismo, con mecanismos similares, acabó la independencia judicial y destruyó la democracia en Venezuela.

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Las arrogancias o los incumplimientos de algunos desmovilizados lo que deben llevar es a fortalecer la implementación rigurosa del acuerdo, para cumplirles a los desmovilizados de las Farc que están respetando lo pactado y para privar de cualquier justificación a aquellos que se han apartado del proceso. Esto al menos por tres razones.

Primero, porque la inmensa mayoría de los desmovilizados de las Farc, incluyendo la mayoría de sus excomandantes, están cumpliendo sus compromisos, a pesar de que el Estado no ha implementado aún muchos puntos esenciales del acuerdo, como la reforma rural integral o la aprobación de las curules especiales para las víctimas. Y siguen cumpliendo a pesar de las amenazas y asesinatos de más de 135 desmovilizados. El Estado debe honrar su palabra con estos desmovilizados que están asumiendo los peligros de la paz, que en Colombia a veces resultan mayores que aquellos de la guerra.

Segundo, porque el acuerdo y el ordenamiento jurídico prevén mecanismos de sanción a aquellos desmovilizados que violen sus obligaciones frente a la justicia, frente a las víctimas y frente a la propia paz, puesto que uno de los pilares de este Acuerdo de Paz es que todo beneficio penal o político está sujeto a un estricto régimen de condicionalidades: si el desmovilizado incumple, pierde el beneficio. Y contrariamente a lo sostenido por ciertos críticos del proceso de paz, estos mecanismos, con algunas imperfecciones, están funcionando. Algunos ejemplos: la JEP ordenó la captura del Paisa por violar sus deberes con la justicia; Iván Márquez perdió su investidura por no haberse posesionado como senador; Santrich está siendo investigado por la Corte Suprema para verificar si cometió delito de narcotráfico después de firmado el acuerdo, caso en el cual recibiría las penas ordinarias.

Tercero, porque esta paz, aunque imperfecta, como cualquier paz, ha traído beneficios al país. Si esos beneficios no son mayores es en parte porque el Acuerdo de Paz no ha sido implementado sino parcialmente, por lo cual su vocación transformadora se ha visto erosionada.

La alternativa a un eventual incumplimiento de Santrich no puede ser entonces que el Estado incumpla lo pactado.