Descalificar no es debatir
Rodrigo Uprimny Yepes junio 14, 2015
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La democracia es el gobierno a través de la discusión pública pues pretende que la sociedad adopte decisiones colectivas mejor informadas y más justas, gracias al debate público, racional y transparente, de los asuntos colectivos.
La democracia es el gobierno a través de la discusión pública pues pretende que la sociedad adopte decisiones colectivas mejor informadas y más justas, gracias al debate público, racional y transparente, de los asuntos colectivos.
Este ideal requiere que los ciudadanos desarrollemos una ética discursiva, que supone al menos ser fiel a los hechos y a los argumentos del contradictor. Un demócrata no reemplaza el debate racional por ataques personales, en especial si estos últimos están basados en distorsiones de los hechos.
Hubiera deseado un debate racional y público sobre la composición del órgano de autogobierno de la justicia con el entonces ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez. De pronto me hubiera convencido de que era equivocada la propuesta que defendimos desde Dejusticia de que ese órgano debería tener no sólo representantes de los jueces y magistrados sino también de sectores externos a la rama judicial. Pero el debate no ocurrió: en vez de intentar refutar, con hechos y argumentos, nuestra propuesta, que fue pública y transparente, el hoy exministro optó por la caricaturización, la deformación de los hechos y la descalificación personal.
El último ejemplo de esa forma de proceder fue su entrevista el lunes pasado en El Tiempo, en donde dijo sobre este tema “que una ONG llamada Dejusticia promovió una propuesta para entregar el poder judicial a la autodenominada sociedad civil”, y que él no podía callarse “frente a semejante insensatez”.
Esta afirmación caricaturiza nuestra propuesta y distorsiona los hechos pues nunca planteamos entregarle el poder judicial a lo que él despectivamente denomina la sociedad civil. Simplemente propusimos que el órgano de autogobierno de la justicia fuera mayoritariamente judicial pero que, para evitar el corporativismo judicial, hubiera también participación de otros sectores que tienen un interés genuino en el buen funcionamiento de la justicia, como el propio gobierno, los abogados y usuarios de la justicia, y la academia, como sucede en muchas democracias sólidas. Nunca planteamos la insensatez que nos atribuye el exministro.
El exministro busca también descalificarnos moralmente sugiriendo que nuestra propuesta responde a motivos espurios. Como los lectores asocian la sociedad civil a las ONG y el exministro califica a Dejusticia de ONG, entonces su insinuación es que estábamos haciendo esa propuesta para repartirnos la rama judicial con otras ONG. Pero el exministro no aporta nada que sustente esa insinuación. Y no podía hacerlo porque es totalmente falsa y muestra que, incurriendo en una típica falacia ad hominem, su propósito fue eludir la discusión sustantiva de nuestra propuesta, insinuando (sin probar) motivos innobles de nuestra parte.
El hecho concreto es que el exministro nunca refutó realmente nuestra propuesta que buscaba evitar el corporativismo judicial en Colombia. Y no la refutó porque ni siquiera la debatió pues prefirió la descalificación a la discusión democrática.