Desmilitarizar para actuar en contra de la violencia sexual

Las recientes denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas nos recuerdan que este tipo de violencias ha sido una de las más empleadas en el marco del conflicto armado. Estas son consecuencias de la militarización y militarismo en los territorios, que tienen continuidad con las actuales políticas del Gobierno, a pesar de que las mujeres indígenas han denunciado, durante años, que estas medidas incrementan el riesgo de violencia sexual.

En las últimas dos semanas conocimos por lo menos dos casos de violencia sexual contra mujeres indígenas. El primer caso, es la violación por siete militares de una niña de 13 años, perteneciente al pueblo emberá, en el resguardo Gito Dokabú, en Pueblo Rico, Risaralda. El hecho fue denunciado y los militares aceptaron los cargos de acceso carnal abusivo ante el juez de garantías, a pesar de que hay importantes críticas sobre la imputación de cargos y su mensaje a la sociedad. Al respecto, la Procuraduría también inició las investigaciones disciplinarias respectivas por acceso carnal violento.

El segundo caso corresponde a la investigación de Ariel Ávila sobre la violación, por un grupo de militares, de una niña de 15 años, perteneciente al pueblo Nukak Makú, en el departamento del Guaviare. Estos hechos están en proceso de investigación por la Procuraduría y la Defensoría y no es claro el trámite que ha tenido ante la Fiscalía.

Además de las condiciones históricas y estructurales de discriminación, exclusión, marginación y vulnerabilidad, la violencia sexual en el marco del conflicto agudiza el grave riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos étnicos, como lo ha señalado la Corte Constitucional en los Autos 092 de 2008 y 004 de 2009.

Por ejemplo, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica evidencian que estas violencias conllevan a la vulneración de la integridad a nivel físico y psicológico de las mujeres, así como representa afectaciones culturales y espirituales, también para sus pueblos. Pues, el papel de las mujeres es esencial, por ejemplo, en la transmisión de la cultura y lenguaje y el mantenimiento de la espiritualidad y armonía en los territorios.

Es especialmente preocupante cuando los victimarios son miembros de la Fuerza Pública, frente a los cuales los procesos de investigación parecen quedar en el olvido. Para el 2015, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que las mujeres menores de 20 años son las principales víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, y en el 86% de las denuncias se encuentra investigados miembros de la Fuerza Pública. Esto ha sido expuesto, igualmente, por la organización Sisma Mujer, la cual ha mostrado que las fuerzas militares fueron presuntos agresores de 74 mujeres durante el año 2018.

Este contexto resulta relevante cuando encontramos que las políticas de seguridad del gobierno tienen un enfoque de militarismo y militarización. Así se ha expuesto principalmente en el documento de Política de Seguridad y Defensa y en la Ley 1941 de 2018, que crean las de Zonas Estratégicas de Intervención Integral, donde se priorizaría la llegada de fuerzas armadas a los territorios.

Lo cual es contrario al llamado de las mujeres indígenas, quienes han puesto en conocimiento que la militarización ha significado un aumento en la violación de los derechos de las mujeres indígenas, “refuerza formas de violencia contra las mujeres (2006) y contribuye a reforzar roles de género, en los que son consideradas objetos de satisfacción sexual para los armados”. Por eso la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado ha propuesto que se garantice la “desmilitarización de los territorios indígenas y les sea reconocido su “derecho al buen vivir como pueblos originarios, libres de violencias”.

Las investigaciones por parte de las autoridades deben tener resultados que aporten justicia, verdad y garantías de no repetición a las mujeres víctimas de violencia sexual. Asimismo, las políticas de militarización no deberían continuar, hasta no tener resultados claros de las investigaciones en curso contra miembros de las fuerzas armadas, haya una reestructuración de las mismas y una revisión de la doctrina militar.

Es el momento de trabajar en conjunto con las mujeres indígenas, escucharlas y tomar en serio su voz y sus demandas. Ellas han instado a las autoridades a que se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigidas a la necesidad de reparaciones con efecto transformador; así como a ampliar la participación real y paritaria de las jóvenes y mujeres en los escenarios políticos y de formación; y la implementación de los programas del Acuerdo Final con un enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación.

Resulta prioritario que sea expedido el decreto que crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que terminó su concertación a inicios de este año, y cuyo objeto es orientar y contribuir en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes y proyectos que desarrollen los derechos de las mujeres, familias y generaciones indígenas.