Día internacional del agua y La Guajira con sed

Muchas veces se habla de hambre, pero pocas veces hablamos de sed y cómo la sed afecta nuestro cuerpo. Cada órgano en el cuerpo necesita de este recurso para funcionar adecuadamente y de la ingesta suficiente de agua potable depende la supervivencia del riñón, el corazón y la pureza de la sangre. Adicionalmente, un cuerpo deshidratado no tiene los elementos necesarios para absorber o digerir los alimentos.

Aproximadamente el 50 % de toda la desnutrición está asociada con diarrea repetida o problemas intestinales, esto como resultado directo del consumo de agua no potable. Además, se ha demostrado que las personas que tienen mejor acceso al agua tienden a tener niveles más bajos de desnutrición, mientras que la falta de ella puede ser un factor importante de causa del hambre y la desnutrición, especialmente en áreas donde la gente depende de los recursos locales, agricultura para la alimentación e ingresos.

De otra parte, la escasez de agua tiene graves consecuencias económicas para las personas que las padecen por la necesidad que tienen de gastar una gran parte de los ingresos en este preciado líquido, desviando recursos que podrían ser utilizados en salud y medios de subsistencia. Cuando las personas y los hogares no tienen suficiente agua para cocinar, regar cultivos o dar de beber al ganado, las estrategias de subsistencia fracasan.

Así,  22 de marzo se conmemora el Día Internacional del Agua, esta iniciativa busca visibilizar la importancia que tiene este preciado líquido para los seres humanos. No obstante, en América Latina y el Caribe, según cifras de la Cepal, en el 2021 casi 166 millones de personas (26 % de la población) aún no tienen acceso a un abastecimiento de agua potable óptimo. Además de esto, más de 443 millones de personas (69 % de la población) todavía no disponen de los servicios de saneamiento adecuados, en particular en cuanto al tratamiento y disposición de las aguas servidas. Esta situación tiene un gran potencial de agravarse, teniendo un impacto desproporcionado en la niñez. Según Unicef, se calcula que en 2040, 1 de cada 4 niños vivirán en zonas con escasez severa de este recurso.

Un reflejo de lo anterior es el caso particular de La Guajira, donde la cobertura de agua potable alcanza apenas un 20 %. A pesar de la sentencia T-302/2017, donde la Corte Constitucional declara el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración sistemática y generalizada del derecho a la alimentación, al agua y a la salud de niños y niñas indígenas. Allí, le ordena a los diferentes entes territoriales, locales y nacionales procurar la correcta garantía de estos derechos.

Casi cinco años después, aún el 80 % de las personas que hacen vida en este territorio tienen que recurrir a alternativas poco saludables para acceder a agua. Entre ellas encontramos (i) los jagüeyes, que son lagunas  que almacenan agua proveniente de la lluvia, con un alto contenido de residuos tóxicos y (ii) los pozos profundos hechos por la comunidad o por algunas entidades locales, cuya agua usualmente es salobre y con alto contenido de minerales. Ninguna de las dos fuentes anteriores proporciona agua apta para el consumo humano.

Así, la gran apuesta por superar esta situación es “Guajira Azul”, que tiene proyectado suministrar este recurso a todas aquellas personas que se encuentran en lugares urbanos y rurales dispersos. Sin embargo, de las diferentes experiencias de seguimiento que se han hecho a esta iniciativa, se reflejan dos vacíos. El primero, pareciera que no existe una articulación entre las entidades territoriales y nacionales que buscan la garantía del derecho a alimentación y al agua, es decir, la garantía del agua se entiende de manera aislada y sin integrarse a las políticas alimentarias, por lo cual la cobertura resulta insuficiente para cubrir necesidades alimentarias, sanitarias, de agricultura, entre otras, al mismo tiempo.

De otra parte, en teoría debería existir una interlocución con las comunidades para establecer estrategias que permitan mitigar la escasez de agua, pero del diálogo con las familias afectadas se observa como en muchos casos las comunidades no son consultadas sobre las estrategias para el aseguramiento de este recurso. Esto trae como consecuencia que se desarrollen proyectos insostenibles que no resuelven la situación a largo plazo.

El Estado colombiano  debe diseñar políticas públicas integrales que entiendan que la sed y el hambre caminan juntas, es decir, atacar la inseguridad alimentaria en La Guajira sin proveer agua potable no es una decisión inteligente. Entonces, es urgente que se creen estrategias, con las comunidades, que a largo, mediano y corto plazo aseguren un suministro constante, de calidad y suficiente de este recurso.  El contar con un suministro continuo de agua potable es una de las llaves para acceder a sistemas de alimentación sostenibles y alejados del asistencialismo, que permite a las comunidades acceder a una alimentación tradicional y local. Por lo que la garantía de este derecho también permite el desarrollo de la soberanía alimentaria de los territorios involucrados.