Dinero y democracia

Desafortunadamente esto no es nuevo: la campaña para el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe incurrió en un vicio semejante pues también trianguló donaciones empresariales y violó groseramente los topes electorales.

Estas ilegalidades son graves pues distorsionan profundamente la democracia.

Los límites a los gastos electorales y a los montos de las contribuciones privadas o empresariales a las campañas tienen una finalidad profunda: evitar que tengan ventajas indebidas quienes consigan más aportes financieros, especialmente de empresas y de ricos, a fin de que el acceso al poder político dependa de la voluntad ciudadana genuina y no del apoyo del poder económico. Y es que si no se controla la influencia en las elecciones de ese “poderoso caballero” que es “don dinero”, según el poema de Quevedo, la democracia deja de ser una democracia (el gobierno del pueblo) para convertirse en una plutocracia (el gobierno de los ricos).

En Estados Unidos, esa pelea se está perdiendo por la absurda jurisprudencia de su Corte Suprema, que en distintas sentencias ha anulado el tope a los gastos electorales (sentencia Buckley de 1976) y los límites a los aportes que las empresas y las personas pueden hacer a las campañas (sentencias Citizen United de 2010 y McCutcheon de 2014). Su argumento es que una persona puede usar libremente su dinero para difundir su mensaje político, por lo que los topes electorales violan la libertad de expresión. El resultado es que hoy en Estados Unidos las elecciones tienen costos astronómicos y las empresas y los ricos aportan el dinero que quieren, lo cual les ha dado un poder comunicativo y político desmesurado. Ya no rige en la práctica el principio democrático “una persona un voto” sino el principio plutocrático “un dólar un voto” ¿Podemos pues extrañarnos que hoy sea presidente un billonario como Trump?

En Colombia no tenemos ese lío jurídico pues es claro, como lo ha señalado la Corte Constitucional, que pueden y deben existir límites a los gastos electorales y al monto de las contribuciones privadas a las campañas. Pero el problema es que esos topes no son respetados y su incumplimiento es rara vez sancionado. Y una de las razones es que esa tarea le corresponde al Consejo Electoral, que no tiene la independencia requerida, pues sus “magistrados” son elegidos por los propios partidos, a quienes supuestamente deben controlar. ¿Podemos extrañarnos de que ese consejo no haga bien esa tarea?

Urge pues una cirugía profunda a la organización electoral, para garantizar su independencia y para fortalecerla técnicamente, para que pueda rastrear los gastos electorales y las donaciones y pueda sancionar efectivamente la violación de los topes. Todos los colombianos esperamos ansiosamente las propuestas de la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz, para hacer recomendaciones en este campo.