¿Dónde quedaron los impuestos en los Derechos Humanos?

El año pasado el economista francés Thomas Piketty puso en el centro del debate global el problema sobre la relación entre los impuestos y la desigualdad. Piketty propone un impuesto global a la riqueza para evitar que la mayoría de ésta continúe acumulándose en manos de una pequeña minoría y para ayudar a reducir la creciente desigualdad y la pobreza, que tienen profundas  consecuencias económicas y sociales para los países y sus ciudadanos. Recientes escándalos sobre la existencia de paraísos fiscales tanto en países ricos como pobres han alertado a los gobiernos sobre los efectos nocivos que el uso de jurisdicciones extranjeras y otras medidas de evasión de impuestos pueden tener sobre su capacidad de recaudar impuestos y garantizar la provisión básica de servicios de educación, salud e infraestructura.

El acalorado debate económico en este campo, sin embargo, parece haber pasado por encima del campo de los derechos humanos, incluso a pesar de que la pobreza y la desigualdad están relacionados con las más graves violaciones a los derechos humanos. El análisis de la política tributaria – incluyendo su estructura, usos y los paraísos fiscales – está sorprendentemente ausente de la investigación y el debate del campo de los derechos humanos. De hecho, la base de datos del Foundation Center, que contiene información de más de 17,000 donatarios en 161 países, revela que dentro de la variedad de temas y actividades en los que participan las organizaciones de derechos humanos, la política tributaria no figura como un tema central. Esto sugiere también que los financiadores privados conciben la política tributaria como externa al campo de los derechos humanos. Dos excepciones importantes y recientes de esto son el trabajo de las organizaciones “Business and Human Rights Research Center” y del “International Bar Association’s Human Rights Institute”(IBAHRI).

Mi intuición es que los impuestos se quedaron por fuera de los derechos humanos por al menos dos razones. Históricamente, la exclusión puede rastrearse a la era de la Guerra Fría en la cual el movimiento de Derechos Humanos proveniente del Norte rechazaba todo aquello que tuviera tufillo a comunismo, tal como los derechos económicos, sociales y culturales o las políticas públicas encaminadas a combatir la desigualdad (incluyendo los impuestos progresivos que ponen una mayor carga tributaria sobre los ricos), y en cambio priorizaba casi exclusivamente los derechos civiles y políticos. Segundo, la naturaleza altamente especializada de los impuestos ha hecho que los Derechos Humanos, pero también campos como la sociología, le dejen su estudio a los economistas. Otra posible explicación es que los académicos que estudian la pobreza y la desigualdad ignoran los efectos de la política tributaria porque creen que estos son tan obvios que no necesitan investigación. Todas las anteriores razones en detrimento de los Derechos Humanos.

¿Cómo están relacionados los impuestos a los derechos humanos o cómo deberían estarlo? ¿Por qué los investigadores de derechos humanos y los activistas del Sur Global se deberían interesar por los impuestos?

Los impuestos sirven para muchos propósitos importantes conectados con los Derechos Humanos. Lo más obvio es que el recaudo le permite a los Estados financiar programas de educación, salud, infraestructura, bienestar e incluso el sistema judicial. La estructura tributaria de un país puede redistribuir el ingreso y por lo tanto hacerle frente a la desigualdad o reforzarla. Impuestos como el impuesto a la renta, los impuestos a las empresas o los impuestos a la propiedad tienden a ser progresivos – es decir que los individuos más ricos son los que más contribuyen– y por lo tanto ayudan a combatir la desigualad. Impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA) tienden a ser más regresivos, cargando a los pobres desproporcionadamente. Sin embargo, contra lo que podríamos esperar, estudios sociológicos recientes han encontrado que los estados de bienestar más generosos se basan más en impuestos regresivos. La tributación también puede promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades, que son fundamentales no solo como derechos per se sino para garantizar la protección de otros derechos humanos. La teoría del contrato social señala que si los ciudadanos pagan impuestos, exigirán en cambio un gobierno mejor y más responsable.

Si el tipo y la cantidad de impuestos pueden ayudar a reducir la pobreza y garantizar la provisión de derechos humanos básicos, la ausencia de recaudo tiene los efectos contrarios. Los paraísos fiscales alimentan la pobreza global. Solo entre el 2010 y el 2012  la República Democrática del Congo perdió más de US$1.3 billones – o casi el doble de sus presupuestos para salud y educación combinados. Esto fue el resultado de cinco acuerdos mineros impulsados por firmas basadas en las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Jersey, Gibraltar y el Reino Unido. Las exenciones tributarias y los complejos tratos preferenciales a empresas multinacionales también tienen como efecto que los individuos y las corporaciones no paguen su ración justa de impuestos. Una gran preocupación en muchos países en vía de desarrollo es la negociación de exenciones tributarias y acuerdos de concesiones con las empresas mineras, los cuales impiden a los gobiernos cosechar las oportunidades para el desarrollo creadas por la extracción de recursos naturales. Como concluye el reporte del IBAHRI, “Las mejores estimaciones dicen que el abuso de los impuestos es el flujo financiero ilícito más significativo que sale del mundo en vía de desarrollo, eclipsando la cantidad de ayuda para el desarrollo oficial que se invierte en esos países.”

Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones y los académicos de derechos humanos? Claramente no hay una fórmula mágica para resolver este espinoso problema.  Pero podríamos empezar con una receta de cinco elementos para la abogacía y la investigación en derechos humanos:

1. Aumentar la investigación sobre impuestos y las prácticas tributarias en países y empresas multinacionales, con la meta de desarrollar sistemas tributarios que contribuyan a garantizar el acceso de los ciudadanos a la salud, la educación y los programas de bienestar.
2. Presionar por una mayor transparencia en los sistemas financieros locales y globales y promover la abogacía en contra de los paraísos fiscales.
3. Urgir a los gobiernos para que eliminen las concesiones tributarias a favor de las industrias extractivas y para que incrementen la tributación de éstas, conocidas por tener regímenes tributarios extremadamente laxos.
4. Incentivar la censura ciudadana de prácticas tributarias que se prueben abusivas.
5. Incrementar la transparencia de la tributación de las actividades extractivas, así como de los usos del recaudo proveniente de la minería, para contribuir al desarrollo socioeconómico local, como fue sugerido por The Natural Resource Charter.

La sustracción de los impuestos en los derechos humanos no solo perjudica a los derechos humanos sino que marginaliza el discurso de los derechos humanos al excluirlo de uno de los debates más importantes en nuestros tiempos. Llegó la hora de incorporar a los impuestos en los derechos humanos.