Dos democracias

El lunes, los concejales ibaguereños aprobaron la consulta popular que piden el alcalde y los ciudadanos para decidir sobre el medio ambiente y la minería en su territorio. Que la consulta pasara por “voto finish” (10-9) se debió, en buena parte, a la legión de emisarios de Bogotá. Por el Concejo pasaron la viceministra de Minas y los representantes de gremios y empresas mineras, reforzando el mensaje de las comunicaciones intimidantes que había enviado la Procuraduría. Contra lo que dicen la Constitución, las leyes y los fallos de la Corte Constitucional, amedrentaron a los concejales con advertencias sobre investigaciones y destituciones por inmiscuirse en asuntos que, según ellos, sólo pueden decidirse en la capital del país.

Pero el mismo lunes, a la misma hora, el equipo de paz y posconflicto del Gobierno defendía en un foro en Bogotá su atinado enfoque de “paz territorial”, que no es otro que la democracia participativa que piden los ibaguereños y muchos otros colombianos. “Hemos tratado durante décadas de utilizar un modelo y es que el Gobierno central va a llevar el modelo de Estado a los territorios. Es hora de reconocer que ese modelo ha fracasado”, dijo el alto comisionado, Sergio Jaramillo. Lo mismo dicen los alcaldes de Ibagué y otros municipios.

“La gente lo que más quiere es que el Gobierno la oiga, que el Gobierno la reconozca”, agregó el comisionado. “Lo que más pide es voz y por eso tenemos que construir un modelo de fortalecimiento de instituciones y participación de la gente”. Como el de las consultas populares y otros mecanismos de participación, que la Procuraduría y sectores del Gobierno se empecinan en impedir, añadiría yo.

El problema “es que cada día el país está más centralista”, como dijo certeramente el ministro del posconflicto, Rafael Pardo. “Nosotros, los que estamos aquí, creemos que tenemos la solución para las regiones, creemos que mandando unos consultores a San José del Guaviare resolvemos el problema”. O a Ibagué o a Cajamarca.

Estoy con Humberto de la Calle cuando concluye que se necesita una democracia “más incluyente”, como la que prometió la Constitución del 91. La misma conclusión que oí de boca de varios concejales en Ibagué, cuando analizamos en sesión pública las razones a favor de la consulta y advertí en sus interrogantes una mezcla de convicción (sobre la democracia participativa) y ansiedad (por las posibles reacciones desde Bogotá).

El equipo de paz del Gobierno tiene claro que el posconflicto depende de la participación local. Esperemos que su modelo de democracia prevalezca sobre el centralista del equipo económico y ambiental. Y que desde la capital no se obstruya la consulta ambiental en Ibagué, ahora que pasa a su última prueba ante el Tribunal Administrativo del Tolima.